Pumpido fracasa con su maniobra sobre los ERE y confía en que la UE se desentienda
Progresistas y conservadores negocian una declaración conjunta sobre la postura del Tribunal Constitucional
Conde-Pumpido en un desayunos del Ateneo este lunes. | Eduardo Parra (Europa Press)
Marcha atrás de Cándido Conde-Pumpido. El presidente del Tribunal Constitucional fracasa en su intento de evitar que la Audiencia de Sevilla plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por las sentencias que enmendaron las condenas del caso ERE el pasado verano. Una fórmula que desaconsejan cinco informes de los letrados. Tras el revuelo mediático, asegura que la corte de garantías no impedirá que el órgano provincial lleve el caso a la Justicia europea. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE explican que el sector progresista confía en que esta inadmita el recurso porque «no se conculca ningún derecho comunitario».
«Respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional», afirmó Conde-Pumpido este lunes en el Ateneo de Madrid. El presidente del Constitucional señaló que nunca planteó limitar las cuestiones prejudiciales, sino convocar un debate interno que se desarrollará en el Pleno de este martes. Progresistas y conservadores, con opiniones dispares, negocian una declaración conjunta que reivindique las funciones de la corte de garantías y la necesidad de preservar sus decisiones, aunque hay voces que apuestan por no hacer nada.
Conde-Pumpido precisó en Los desayunos del Ateneo de Madrid que, en las cuatro décadas que lleva nuestro país en la UE, «siempre» se han presentado las cuestiones prejudiciales como «asuntos primarios». Esto es, antes de que se dicte sentencia. De esa forma el TJUE puede establecer la interpretación correcta del derecho comunitario. En su opinión, el Constitucional deber velar por la ejecución de sus resoluciones; de ahí que el Pleno debata la posibilidad de activar el artículo 92.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
La vía de Pumpido
El precepto fue modificado durante el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 para impedir que Cataluña eludiera las resoluciones del Constitucional tras el desafío soberanista del 9 de noviembre del año anterior. Conde-Pumpido sorprendió el pasado 28 de marzo trasladando al Pleno la posibilidad de evitar que los jueces acudan al TJUE cuando están en desacuerdo con sus sentencias. El debate generó cierta incredulidad entre los magistrados, que recordaron que la Justicia europea no establece ninguna limitación para plantear una cuestión prejudicial y dirimir una controversia entre la normativa nacional y la comunitaria.
Los cinco informes emitidos por los letrados se muestran contrarios a impedir que el Constitucional limite la acción de los jueces en Europa. Todos ellos coinciden en que Conde-Pumpido no puede impedir que la Audiencia de Sevilla acuda al TJUE para saber si la corte de garantías se «extralimitó» al enmendar las sentencias del caso ERE. El órgano provincial considera que la corte de garantías «invadió» competencias reservadas a los jueces al valorar el contenido de lo enjuiciado, ya que debió limitarse a posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
«La interferencia, injerencia condicionamiento, impedimento u obstaculización (…) constituiría un grave atentado a la independencia judicial de esos tribunales ordinarios que podría motivar la responsabilidad del Reino de España», señala el informe elaborado por el letrado Ignacio Ulloa a petición del magistrado José María Macías. La misma línea que siguió el documento que presentó unos días antes la letrada María José García-Valdecasas, adscrita al también conservador César Tolosa.
Se trata de los informes más duros con Conde-Pumpido. Los otros tres, realizados por letrados cercanos al presidente del Constitucional, también muestran reservas a la hora de limitar la acción de los tribunales en Europa. Sus conclusiones y un conato de rebelión entre los magistrados progresistas (siete de los 12) habrían hecho cambiar de parecer al jurista gallego.
Sin derecho europeo conculcado
Las fuentes consultadas niegan que existiera diferencias entre los miembros del sector. Insisten en que todos ellos consideran que no se puede presentar una cuestión prejudicial. Si se hace, confían en que el TJUE acabe inadmitiéndola porque «no hay ningún derecho europeo conculcado». Una línea que apunta la Fiscalía y a la que ya aludieron diversos constitucionalistas en este diario.
El más incisivo fue José María Morales, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, que considera que los elementos esgrimidos por la Audiencia de Sevilla tienen «poco que ver» con la normativa comunitaria. No obstante, otras fuentes sostienen que, cuando Conde-Pumpido trasladó su preocupación a los magistrados y la necesidad de cortar de raíz «subterfugios» de los tribunales, tanto conservadores como progresistas mostraron sus reservas en cuanto a aplicar el artículo 92.1 de la LOTC.
«Tenemos que esperar a ver si se plantea la cuestión y si el TJUE la admite a trámite. Luego veríamos si existe algún conflicto constitucional», señaló Conde-Pumpido este lunes. Si la Audiencia de Sevilla eleva la pregunta sobre las sentencias que emitió el pasado verano la corte de garantías sobre el caso ERE, estas quedarían en suspenso hasta que se pronuncie la Justicia europea. Los progresistas confían en que esta lo trate como un conflicto interno y rechace su admisión. Como la Fiscalía, dudan de que el destino de los fondos afectara a los intereses de la UE.
En su providencia, la Audiencia de Sevilla señaló que no cabía «dejar de lado la posibilidad de que las valoraciones» que realizó el Constitucional en las sentencias del caso ERE «no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión». Los magistrados continúan analizando las distintas alegaciones y descartan elevar la consulta con prisas con el objetivo de tener más garantías de éxito.
