La Audiencia abre diligencias por torturas contra dos chavistas asilados en España

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra dos ex altos cargos del chavismo por delitos de lesa humanidad y torturas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha pedido a la Fiscalía que emita un informe que determine si es competente para investigar la responsabilidad que la opositora Dulce Bravo achaca a la ex fiscal general Luisa Ortega y el exministro y antiguo director de la agencia de inteligencia venezolana Miguel Rodríguez Torres, ambos asilados en España. La querella ha sido registrada por los abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex), la asociación que presentó la querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que acabó siendo rechazada.

El auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE destaca que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». El magistrado afirma que, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».

La querella fue interpuesta el pasado lunes por los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle en nombre de Dulce Bravo, una venezolana de 57 años refugiada en Argentina desde 2013. Manos Limpias también se adherirá al escrito, que señala a dos ex altos cargos del chavismo que abandonaron Venezuela tras criticar la deriva del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de la ex fiscal general Luisa Ortega y el exministro y antiguo director de la inteligencia venezolana Miguel Rodríguez Torres.

Chavistas en Madrid

Los letrados sostienen que ambos habrían incurrido en «conductas susceptibles de tener encaje en el tipo de lesa humanidad» previstas en el artículo 607 del Código Penal, así como en los delitos de tortura y contra la integridad moral que establece la misma norma entre los artículos 174 y 177. Peiró sostiene que la Audiencia Nacional, en virtud al principio de justicia universal, es competente para investigar a los querellados porque ambos residen en España

Una opinión que comparte el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, para quien esta querella tiene «una importancia extraordinaria» porque se dirige contra dos chavistas que viven en Madrid «con la protección del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska». La Audiencia ya rechazó en octubre una querella contra Rodríguez Zapatero. En esta ocasión Miracle se muestra optimista porque el escrito incluye pruebas directas gracias al testimonio de Bravo. La opositora relata las torturas que sufrió por colaborar desde finales de 2002 con un grupo de militares opositores al régimen chavista que se instalaron en la plaza Altamira de Caracas.

«Trabajé allí en un toldo político que se llamaba proyecto Venezuela, pero no pertenecía ni pertenezco a ningún partido político», asegura la opositora venezolana. Como el grupo de mujeres que coordinaba creció muy rápido, decidió ponerlo a disposición del opositor Vasco Manuel Da Costa, que falleció en 2022 «debido a las torturas ocasionadas por el régimen». El chavismo detuvo por primera vez a Bravo el 9 de mayo de 2003.

La mujer cuenta que tres hombres con acento cubano se bajaron de un coche negro, le pusieron un pañuelo en el rostro y la montaron en el vehículo medio adormecida. Cuando se despertó, estaba en una sala medio desnuda y con las manos atadas en una silla mientras le hacían preguntas.

Torturas a Dulce Bravo

«Me administraron hipnóticos y me escribieron en la espalda, vientre y pechos amenazas contra el general Felipe Rodríguez y los disidentes de la plaza Altamira», describe Bravo. El chavismo detuvo y torturó a la mujer en varias ocasiones más, como explica en la querella. En una de esas ocasiones, un funcionario pidió que avisaran al jefe, Rodríguez Torres, que «dio la orden de que fuéramos llevados al famoso cuartico de la verdad».

Bravo narra que permaneció con una capucha negra y que le colocaron en las muñecas unas esposas. «Me sentaron en una silla y comenzaron a hacerme preguntas, darme golpes en la cabeza con algo que se sentía como un tubo. Luego me golpeaban las rodillas con algo metálico y me ardía muchísimo». Más tarde fue violada por varios agentes y la llevaron a una zona de ordenadores para que escribiera unos mensajes. Como no quería hacerlo «me dieron un golpe a puño cerrado que me dislocó la mandíbula y perdí el conocimiento». Cuando despertó estaba bañada en sangre y «me dolía hasta el alma».

«Me dijeron que toda mi tortura estaba siendo grabada y que quedaría como advertencia a todos por orden del director Miguel Rodríguez Torres», insiste la opositora al chavismo. De regreso al «cuartico» le colocaron electrodos de electricidad y «sentí como ese hormigueo recorría mi cuerpo y aceleraba mi corazón». Recibió un golpe seco por el que se le desprendió una muela y le obligaron a tragarse su sangre. Luego la llevaron al despacho de Rodríguez Torres que exhibía «una risa burlona».

La mujer relata que la humilló y Rodríguez Torres le ofreció «una finca y una maleta llena de dinero si le decía dónde estaba el general (el opositor Felipe Rodríguez)». El entonces director de la inteligencia venezolana ordenó que le obligaran a firmar a punta de pistola que no había sido torturada. De allí le ingresaron en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y trasladada a los tribunales «donde se me negó el derecho a declarar por orden de la fiscal Luisa Ortega». Las detenciones se intensificaron y cada vez serían de más duración.

Refugiada en Argentina

La ex fiscal general del chavismo, exiliada ahora en Madrid, emitió una orden contra Bravo que decía que «debía ser investigada y que se me siguiera a todas partes». La mujer subraya que recibió amenazas constantes por teléfono y que los agentes de inteligencia permanecían frente a su vivienda día y noche. La presión le hizo enfermar y los médicos le recomendaron colocarle unos implantes en la columna. «Faltando un par de días para mi cirugía, a mi hija le dijeron que si entraba en la clínica no saldría viva». Fue la joven quien le consiguió entonces el pasaje para refugiarse en Argentina.

Luis Ortiz, presidente de Urvex, considera que los querellados son responsables «de todas las atrocidades». Ortega fue fiscal general del chavismo entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, cuando fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Tras refugiarse en Colombia, solicitó asiló en España en octubre de 2021. Rodríguez Torres fue ministro de Justicia entre 2013 y 2014 y director de la agencia de inteligencia en tres periodos diferentes. Fue arrestado en marzo de 2018 tras su desacuerdo con Maduro. Cinco años más tarde se trasladó a Madrid.