Un juzgado abre diligencias para investigar el robo de cobre que desató el caos en el AVE
La Guardia Civil remite el atestado sobre la sustracción, aunque las pesquisas iniciales descartan el sabotaje
Viajeros afectados por el robo de cable esperan en la estación de Atocha el pasado domingo. | Fernando Sánchez (Europa Press)
El robo de cobre que desató el caos en el AVE a principios de semana llega a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) ha abierto diligencias previas para investigar los hechos, explican a THE OBJECTIVE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Lo hace tras recibir el atestado de la Guardia Civil sobre la sustracción del cableado en cinco puntos de la línea ferroviaria que une Madrid y Sevilla. Los investigadores apuntan a un robo con fuerza, lo que alejaría las sospechas de un sabotaje.
La sustracción, que se produjo el pasado domingo y afectó a cinco tramos de cableado en la provincia de Toledo, afectó a más de 10.000 viajeros. El Gobierno ha deslizado la hipótesis del sabotaje, aunque la investigación policial lo descarta. Las fuentes consultadas afirman que lo ocurrido es un delito común perpetrado por bandas criminales «que operan habitualmente en la zona».
Lejos de un acto de sabotaje orquestado, los hechos parecen enmarcarse dentro de una dinámica delictiva ya conocida por las autoridades, que están sobre la pista de varias personas con antecedentes en este tipo de acciones. De momento, no han identificado a los responsables. Los agentes descartan que se trate de un atentado contra la infraestructura pública y lo enmarcan en una operación planeada para obtener un beneficio económico rápido con la venta del metal sustraído.
Sabotaje a las líneas AVE
Las primeras pesquisas de la Guardia Civil despejan casi por completo la tesis de sabotaje porque la operativa empleada por los autores coincide con la utilizada comúnmente por las bandas que actúan en la red ferroviaria. El hecho de que se extrajese el cobre del cableado apuntala esa hipótesis, habida cuenta de la especialización y el riesgo que conlleva la sustracción del material. Los agentes indican que, si se tratase de un boicot, los criminales habrían cortado el cableado o provocado cualquier otro tipo de incidente en las vías, pero no habrían sustraído 150 metros de cobre en cinco puntos distintos de la región manchega.
En una entrevista en TVE, el presidente del Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se refirió el pasado lunes al nivel de «sofisticación» del robo del cable. En su opinión, «la acción estaba organizada (…) No cualquier grupo es capaz de hacerlo». Los datos le dejan en evidencia. Las fuerzas de seguridad registraron en 2024 un total de 4.333 robos de cableado de cobre y materiales conductores, lo que supuso un incremento del 87% si se compara con los delitos por este tipo de sustracciones de cinco años atrás.
El año pasado año hubo 978 detenidos e investigados por estos hechos, el doble que los que se anotaron en 2019. Castilla-La Mancha, con 799 hechos denunciados, fue la región con más casos conocidos por Policía y Guardia Civil, seguida de Andalucía, con 745, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
La sustracción del cableado no es la única cuestión que se dirimirá en los juzgados. Manos Limpias ha presentado este miércoles una denuncia contra Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco, presidentes de Renfe y ADIF respectivamente. Les atribuye un presunto delito de imprudencia grave «con resultado de daños materiales al servicio público y perjuicios económicos» para más de 10.000 viajeros que padecieron la falta de seguridad en la línea férrea.
Reforzar la vigilancia
Manos Limpias basa su denuncia en el artículo 267 del Código Penal, que establece que los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros pueden ser castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia del estropicio. Los abogados consultados señalan que la denuncia tendrá que incluir las quejas de algunos afectados por las cancelaciones de Renfe, ya que dichas infracciones «solo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal».
La organización que lidera Miguel Bernad destaca que la zona en la que se produjo el robo de cable «carece de seguridad para garantizar la red ferroviaria». El pasado lunes, el presidente de Renfe se mostró partidario de reforzar la vigilancia durante una entrevista con la Cadena Ser. «Tenemos una amplia red de 15.000 kilómetros. Precisamente la alta velocidad está vallada. Sí, hay que reforzar la vigilancia, pero no va a existir una vigilancia 24 horas». No obstante, Fernández Heredia se manifestó en la misma línea que el ministro Óscar Puente respecto a la hipótesis del sabotaje.