El Gobierno desvincula el mandato del fiscal general de la duración de la legislatura

El Gobierno prepara una reforma legal para reforzar la independencia del fiscal general. El Consejo de Ministros aprobará este martes un anteproyecto para modificar la ley que regula el funcionamiento de la carrera fiscal, tal y como pide Europa. El objetivo es adaptarla a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. El borrador en el que lleva trabajando semanas el Ministerio de Justicia incluye varias novedades, como elegir al fiscal general por un periodo de cinco años no renovables para desvincular su mandato de la legislatura.

El nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) contendrá otras innovaciones, según adelanta El País. Entre ellas, que el Gobierno no podrá dar instrucciones al fiscal general sobre ningún asunto o que las comunicaciones entre ambas partes sean públicas y se realicen por escrito. La redacción del texto, que debe pasar por la Cortes, estaba prevista mucho antes de que el actual jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, fuese investigado por un delito de revelación de secretos tras una querella de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El anteproyecto que dirimirá el Consejo de Ministros reforma algunos aspectos que había solicitado la Comisión Europea. Una vez desbloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años en funciones, Bruselas amonestó al Gobierno en su informe sobre el Estado de derecho en España en 2024 por no haber cumplido otra de sus recomendaciones para garantizar el buen funcionamiento de la justicia: reforzar la independencia y la autonomía del fiscal general desvinculándolo del mandato del Ejecutivo.

La independencia del fiscal

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) también había reclamado cambios. Este órgano dependiente del Consejo de Europa lleva años advirtiendo en sus informes de la necesidad de reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal. En sus recomendaciones hace especial hincapié en cambiar la coincidencia entre el mandato del fiscal general y el del Gobierno. De esa manera, aseguran, se mejoraría la independencia y la autonomía del Ministerio Público.

En esa dirección se dirige el borrador que ha preparado el departamento que lidera Félix Bolaños. El Gobierno seguirá nombrando al fiscal general, pero no cesará con el Ejecutivo que lo nombró, como sucede ahora. Para cambiar eso, el texto contempla un mandato de cinco años no renovables, aunque hay excepciones. En caso de que el jefe del Ministerio Público solo haya ostentado el cargo menos de un año, podría ser reelegido. Si el responsable cesa antes de tiempo, su sucesor tendrá un mandato que no excederá del tiempo que le reste para agotar su mandato.

Los cambios que pretenden implantar Bolaños implican que, tras unas elecciones generales o una moción de censura, el nuevo Gobierno heredará al fiscal general nombrado por el Ejecutivo anterior. Para evitar problemas, el anteproyecto tipifica todas las causas de cese. Para hacerlo será necesario un informe previo del CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces fue otra de las instituciones que reclamaron que el futuro texto blindara la autonomía del Ministerio Público para evitar que los fiscales recibieran presiones externas durante la instrucción de las causas penales.

En noviembre de 2019, días antes de las elecciones, Pedro Sánchez prometió traer de regreso a España a Carles Puigdemont para ser juzgado por sedición y malversación. En una entrevista en RNE, el presidente del Gobierno aseguró que lo conseguiría gracias al Ministerio Público. «¿La Fiscalía de quién depende?», preguntó el líder socialista. El periodista respondió que del Gobierno. Sánchez concluyó con un «pues ya está». Esas palabras le persiguen todavía. La reforma prohíbe expresamente que el Ejecutivo pueda dar instrucciones y obliga a que todas las comunicaciones sean públicas y por escrito.

Limitar la discrecionalidad

«Resulta imperativo reforzar la independencia del Ministerio Público tanto en su dimensión externa, de modo que no esté sujeto a órdenes ni instrucciones de ningún tipo impartidas por terceros y quede protegido de injerencias o presiones externas, como en su dimensión interna, introduciendo contrapesos adecuados a los principios orgánicos de jerarquía y de unidad de actuación», insistió el CGPJ en un informe sobre la nueva LECrim aprobado el pasado diciembre.

La reforma que plantea el Gobierno también limita la discrecionalidad del fiscal general para impartir instrucciones en procedimientos concretos. De aprobarse, requerirá el beneplácito del teniente fiscal del Tribunal Supremo o del fiscal de Sala jefe correspondiente. El borrador también modifica el artículo 27 del EOMF para limitar imposiciones del fiscal general. En caso de que tres quintas partes de la junta de fiscales de Sala se pongan de acuerdo, podrán forzar su postura para resolver las discrepancias.