Los fiscales creen que reformar los plazos de instrucción conllevará mayor impunidad

Reformar los plazos de instrucción conllevará mayores espacios de impunidad. Así se lo ha transmitido la mayoritaria Asociación de Fiscales al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la reunión que han mantenido este martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la puerta a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) durante una entrevista en La Sexta como parte de la negociación para convencer a Junts para que vote a favor de la ley de amnistía, aún en trámite parlamentario.

La Asociación de Fiscales, ante posibles reformas del artículo 324 LeCrim, que impone plazos para la investigación de los delitos, advierte de que toda regulación que implique una mayor limitación de los plazos conllevará «mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos, como aquellos de carácter económico cometidos a través de organizaciones de todo tipo, contra la salud pública, la corrupción o el terrorismo».

Una postura que han defendido los miembros de esta asociación ante García Ortiz, que fue quien solicitó la reunión. El encuentro se produce con el telón de fondo de la polémica por las presuntas presiones a un subordinado, que ambas partes han desmentido. La Asociación de Fiscales asegura que el fiscal general conoce perfectamente la problemática respecto a la LeCrim, ya que «defendió la derogación de dicho precepto». En 2020, Sánchez impulsó un aumento de los tiempos de instrucción de sumarios judiciales, que está en vigor, que revirtió una reforma del PP.

Reformar los plazos de instrucción

El encuentro también ha servido para tratar otras cuestiones. Los miembros de la Asociación de Fiscales han planteado a García Ortiz una serie de reivindicaciones planteadas a todos los fiscales generales que, hasta ahora, consideran desatendidas. Entre ellas, que la Fiscalía General del Estado impulse la derogación del artículo 324 de la LeCrim y que se modifique «el insatisfactorio» modelo de productividad que supere las notables diferencias entre fiscales

Respecto de justicia digital, la asociación asegura que mantiene sus exigencias. Consideran que la determinación de las aplicaciones informáticas, que deben ser ágiles, «han de facilitar la labor del fiscal y estar diseñadas por y para quienes deben operar con ellas».

La Asociación de Fiscales exige la creación de un servicio de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal, con autonomía presupuestaria y un plan en el que se determine la carga de trabajo razonable y proporcional para asegurar la salud de los fiscales, que atienda al listado propio y la determinación de las enfermedades laborales de los fiscales y que se tome en consideración para la determinación de las plantillas y a efectos de la productividad.

«Hemos puesto en evidencia el defectuoso funcionamiento del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) tanto en formación continua como inicial, exigiendo que la formación de los fiscales corresponda a los fiscales. Que se potencie el conocimiento en materias troncales para los fiscales de acceso y donde se destine el tiempo necesario a la formación de todas las materias, también de las especialidades. Agilización de los trámites para el acceso a los cursos», insiste la asociación en un comunicado.

Nuevo estatuto

En su opinión, es necesaria la superación del modelo de formación online exigiendo una inmediata mejora de la cuantía aplicada a dietas, notoriamente insuficiente y que se mantiene inalterada desde 2005. También ha puesto el foco en los fiscales en expectativa de destino. «La Fiscalía General del Estado debe oponerse a esta figura, las plazas en expectativa de destino se consagran como habituales en las últimas promociones, debe volverse a la asignación de plazas en propiedad»-

Los miembros de la organización mayoritaria de fiscales pide que se impulse un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que data de 1981, en que se regule el estatuto del Fiscal General del Estado, se refuerce el Consejo Fiscal (órgano consultivo), la autonomía presupuestaria, la gestión del Ministerio Fiscal así como fórmulas de disentimiento frente a órdenes de superiores jerárquicos y un régimen disciplinario en el que no intervenga el Ministerio de Justicia.