La Justicia investiga al Ministerio de Bolaños por manipular resoluciones judiciales
La Audiencia de Madrid obliga a una juez a indagar en el procedimiento abierto contra un director general del Gobierno
Félix Bolaños y Aitor Cubo, alto cargo del Ministerio de Justicia. | Ilustración de Alejandra Svriz
Los jueces ponen en duda el sistema de almacenamiento del Ministerio de Justicia. La Audiencia de Madrid pide al Juzgado de Instrucción número 7 que investigue cómo se han podido «manipular» resoluciones, pruebas y firmas en los servidores del departamento que dirige Félix Bolaños. El órgano provincial estima ampliar las pesquisas contra el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, que tendrá que declarar el próximo martes. Cubo estaba ya acusado de alterar el audio de la declaración judicial de un menor. La polémica llega cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley de eficiencia, que fomenta la digitalización.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid tiene abierta una investigación desde hace un año por un delito de falsificación de documentos públicos tras la presunta manipulación de la grabación de un niño que declaró ante un juez en marzo de 2022. La magistrada decidió citar como investigado a Cubo al considerar que los hechos ocurrieron en la sede ministerial, ubicada en la capital. El subordinado de la número tres de Justicia, Sofía Puente, y persona de máxima confianza de Bolaños debió declarar en octubre, pero la magistrada suspendió la sesión.
La acusación presentó en septiembre del año pasado una ampliación de denuncia por la «presunta alteración o suplantación de la persona firmante» y modificaciones en una resolución judicial, ambos documentos dictados por un juzgado de Valladolid, origen del caso que afectó al menor. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 7, Susana Trujillano, inadmitió la petición ahora revocada.
Un subordinado de Bolaños
El asunto se elevó a la Audiencia de Madrid al considerar que las manipulaciones se realizaron en los servidores del departamento de Bolaños. En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el órgano provincial acuerda estimar el recurso y obliga a Trujillano a investigar cómo se produjo la manipulación. Eso supone que Cubo se someterá el próximo martes a un interrogatorio en el que, además de la modificación del audio de un menor, deberá dar cuenta de la presunta suplantación de identidad y alteración de fechas en varias resoluciones.
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid afirma que no comparte los fundamentos del auto emitido por Trujillano. Los magistrados se alinean con el recurrente y la Fiscalía. En su opinión, los hechos habrían tenido lugar en la sede de la Dirección de Transformación Digital, que forma parte del departamento que lidera Bolaños y está ubicado en Madrid.
«Este es el lugar donde se encuentran instalados los servidores donde se lleva a cabo el proceso de validación de firmas de toda clase de resoluciones sin que, en principio, exista base alguna para excluir de dicho proceso las firmas emitidas por el Ministerio Fiscal que, al igual que las restantes, para validar la firma deben hacerlo a través de la solución portafirmas electrónica y el servicio validación de firmas. Esto es, a través de los servidores sitos en el Ministerio de Justicia», señala el auto.
Los magistrados de la Audiencia de Madrid apuntan a que pudo existir una «posible manipulación» en la firma electrónica de la letrada de la Administración de Justicia. Los jueces consultados consideran que, de confirmarse la alteración de documentos, supondría un delito «muy grave» porque significaría que se pueden modificar resoluciones «por la puerta de atrás».
Proceso de firmas y validación
La Fiscalía y la acusación alegaron en su recurso que los hechos tuvieron lugar en el departamento que dirige Cubo, subordinado de Bolaños, por ser el lugar en el que se custodian las resoluciones judiciales. «Técnicamente, no es posible firmar electrónicamente una resolución judicial así como validar su firma sin emplear la solución Portafirmas electrónico y el servicio validación de firmas antes referidos, por lo que el acto físico de validación de firma electrónica se produce, en todos los casos, en los servidores del Ministerio de Justicia (ubicados en Madrid)», insiste el recurso.
La modificación en la firma y la resolución se sumarían a la alteración del audio de un menor en sede judicial que tuvo lugar en marzo de 2022. El magistrado Emilio Vega solicitó a los presentes, excepto a un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos, que abandonaran la sala. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño, que entonces contaba con 12 años.
Los expertos aseguran que el audio fue alterado con un «ruido rosa». «La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señala un informe pericial realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE) a petición de la acusación.
La denuncia de la Guardia Civil apuntó a Cubo por ser «responsable de custodiar las grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación». Para más inri, el pendrive que incluye el audio, prueba clave de la investigación, desapareció del juzgado, según certifican los documentos a los que tuvo acceso este diario.