La UCO desmiente a Sánchez: la trama no hubiera podido funcionar sin el Gobierno

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido este jueves una declaración institucional desde la sede de Ferraz tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo. Visiblemente tenso, Sánchez afirmó sentirse «profundamente decepcionado» con Santos Cerdán, hasta ahora número tres del PSOE, y asumió que «el PSOE no debió confiar en él». En un intento de aislar políticamente la responsabilidad, el presidente retrató a Cerdán y al exministro José Luis Ábalos como manzanas podridas dentro de un partido y un Gobierno, según él, ajenos a la corrupción.

Sin embargo, la UCO ha desmentido en su investigación esta narrativa y lo ha hecho de manera acreditada. En su informe remitido al Tribunal Supremo, los agentes señalan que la presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos públicos no se interrumpió tras el cese de Ábalos y su asesor Koldo García el 12 de julio de 2021. Lejos de cesar, las irregularidades persistieron incluso sin que Cerdán tuviera un cargo en el Ejecutivo. Esto solo sería posible gracias a la colaboración de altos cargos del Gobierno. La estructura ministerial y administrativa, por tanto, sería parte indispensable del engranaje.

Pese a que oficialmente Ábalos abandonó su puesto en julio de 2021, los investigadores aseguran que García «no interrumpió su relación con miembros del MITMA», manteniendo contactos que le habrían permitido «seguir velando por los intereses de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), entre otros», la empresa del constructor Pepe Ruz, amigo de Ábalos e investigado por pagar mordidas a la trama socialista a cambio de adjudicaciones públicas. El informe detalla que el exasesor habría «intercedido ante algunas de las personas encargadas de la toma de decisiones» en organismos dependientes del Ministerio de Transportes, con el objetivo de «presuntamente lograr favorecer a determinadas empresas». Entre las pruebas aportadas, se encuentran anotaciones localizadas en su teléfono móvil en las que se consignaban «indicaciones para la adjudicación de obras públicas».

La investigación pone el foco en tres expedientes concretos en los que la empresa LIC podría haber resultado beneficiada de forma irregular, y subraya el papel del constructor José Ruz, a quien la UCO describe como un «elemento común» en la red tejida por Koldo García, José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. Ruz habría mantenido reuniones con los tres y, según los agentes, informaba directamente a García de los resultados de dichos encuentros, tal y como adelantó en exclusiva THE OBJECTIVE.

De hecho, en febrero de 2024, casi tres años de la salida de García y Ábalos, el exasesor medró en un contrato de 1,5 millones de euros que fue adjudicado a Obras Públicas y Regadíos (OPR). Uno de los empresarios responsables de esta constructora, que nació en Castilla-La Mancha y que posteriormente se instaló en Madrid, mandó un wasap recordándole que ya le habían detraído 600.000 euros y que contactase para lograr la obra de emergencia. Finalmente, fue adjudicada, justo el día anterior de la detención de Koldo García.

Actuar «a espaldas del partido»

De hecho, la UCO señala en un párrafo demoledor que Sánchez echó al exministro de Transportes José Luis Ábalos porque tuvo conocimiento de las mordidas que habría cobrado de constructoras «de espaldas al partido» socialista.

En el informe, el Instituto Armado confirma la existencia de un grupo en el que se encontraba también el comisionista Víctor de Aldama, que actuaba para acelerar la adjudicación de contratos públicos, como adelantó en exclusiva THE OBJECTIVE en marzo. Este periódico publicó el testimonio de un empresario que ha estado directamente relacionado con una trama. El entrevistado contó cómo funcionaba el entramado. Un modus operandi que ahora ha sido confirmado por la UCO en su integridad. Pero, el testigo también señaló en la entrevista un dato que hasta el momento los agentes no han recogido, y es que los empresarios beneficiados de los contratos debían pagar entre el 15% y el 20% que iría para el partido socialista en concepto de comisión.

«Había un grupo de gente encargada de acelerar todos los proyectos en relación con la Administración. Este grupo de gente estaba formado por un líder, que sería el señor José Ruz, y además Koldo García, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama e Israel Pilar», manifestó el entrevistado. En el primer escalón del entramado político-empresarial se situaba el constructor señalado por Víctor de Aldama en el pago de comisiones a cambio de amaños en la contratación pública e investigado por la Guardia Civil: el dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), Pepe Ruz. Este constructor era el ‘recaudador’ del llamado «grupo acelerador», que solicitaba las mordidas a los empresarios que buscaban agilizar su relación con la Administración. Ruz era la antesala de acceso al ministro de Transportes del Gobierno de España.

La presidenta de ADIF

La influencia de García se habría extendido también a ADIF, el administrador ferroviario público, donde mantenía un canal directo con su entonces presidenta, Isabel Pardo de Vera. De acuerdo con la UCO, Koldo intercedió ante ella a petición de José Ruz para facilitar la tramitación de una reclamación vinculada al modificado del proyecto de Dos Hermanas, en Sevilla.

El informe también destaca que las relaciones entre Ruz y Ábalos no se limitaron a encuentros formales. Los investigadores documentan reuniones tanto en el Ministerio como en domicilios particulares del exministro en Madrid y Valencia, incluso una vez abandonado su cargo. Estas nuevas revelaciones refuerzan la tesis de la Guardia Civil de que, pese a haber dejado su puesto institucional, Koldo García continuó ejerciendo un papel activo en la gestión de contratos públicos y en la interlocución entre altos cargos y empresarios presuntamente beneficiados por la trama y contó con la ayuda del Gobierno de Sánchez.

Además, hay que recordar que la licencia que permitió a la operadora Villafuel operar en el sector de los hidrocarburos fue otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido en ese momento por Teresa Ribera. La concesión se realizó el 15 de septiembre de 2022, a través de la Subdirección General de Hidrocarburos, dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas, que en ese momento estaba dirigida por Manuel García Hernández. Esta autorización habilitó a Villafuel para operar en régimen suspensivo, lo que les permitió adquirir y transmitir productos sin pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), facilitando así el fraude fiscal que se investiga en el marco del caso Koldo. A cambio de esas gestiones, la trama le pagó a Ábalos una casa en La Alcaidesa, Cádiz. El intento de Sánchez por acotar el escándalo como un problema individualizado contrasta de lleno con los hallazgos de la Guardia Civil, que apuntan directamente al corazón del aparato gubernamental.