La embajada de Georgia intentó comprar Villafuel para vender petróleo ruso en España
Víctor de Aldama actuó como intermediario de una operación que no fructificó y que fue avalada por Pedro Marín

Zurab Pololikashvili, ex secretario general de la OMT. | Servimedia
En marzo de 2023, la empresa de hidrocarburos Villafuel SL inició conversaciones con la embajada de Georgia para vender la petrolera al país caucásico, según los documentos a los que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE. El objetivo de la operación era importar petróleo desde Rusia vía Georgia antes de que se hubiera implantado el régimen de sanciones al crudo ruso por la invasión de Ucrania. Una operación en la que intermedió el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en calidad de cónsul honorífico de Georgia, y que fue diseñada por Pedro Marín, CEO de Villafuel.
Este periódico ha tenido acceso al acuerdo de confidencialidad con el que Villafuel y la embajada de Georgia iniciaron esas conversaciones y que ya está a disposición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras haber incautado los teléfonos móviles y correos electrónicos de los investigados. En el documento, fechado el 17 de marzo de 2023, figuran las firmas de Pedro Marín como el ‘director’ de Villafuel SL y el embajador georgiano, Ilia Giorgadze.
Marín ejerció de administrador único y director comercial de Villafuel desde noviembre de 2020 hasta enero de 2025. Fue uno de los detenidos en octubre del 2024, cuando estalló el caso de los hidrocarburos por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo y fraude fiscal. El Instituto Armado le atribuye una condición de «miembro destacado» de la presunta organización criminal investigada por el fraude de 231 millones de euros entre los años 2021 y 2024. En los informes de la UCO, los investigadores de la Guardia Civil señalan que Marín desarrollaba «funciones de testaferro cualificado», dada su larga experiencia en el sector de los hidrocarburos, desde el año 2012.

Las conversaciones para que el Gobierno de Georgia adquiriera Villafuel SL se iniciaron a principios de marzo, a raíz de un e-mail que envió la embajada georgiana a la compañía. THE OBJECTIVE ha tenido acceso al cruce de correos electrónicos que se intercambiaron los responsables de Villafuel y la delegación de Georgia interesada en la adquisición. La secretaria del embajador, Maia Gugunava, escribió a la operadora de hidrocarburos informando que había tenido conocimiento, por «el señor Aldama», de la voluntad de vender la compañía. Tras intercambiar varios correos electrónicos y solicitar la documentación que acreditaba la solvencia financiera de Villafuel, la secretaria de la Embajada comunicó que «se trasladará al Gobierno de Georgia para su estudio».
Villafuel rechazó la propuesta
Una administración de la que había formado parte el ex secretario general de la división de la ONU para el Turismo Zurab Pololikashvili, gracias al que Aldama había sido nombrado cónsul honorífico de Georgia. Pololikashvili tenía influencia en la administración georgiana, donde había desempeñado los puestos de viceministro de Exteriores, ministro de Economía, y posteriormente, embajador extraordinario y plenipotenciario de Georgia en España, el Principado de Andorra y el Reino de Marruecos. Como ya adelantó este diario, Aldama y Pololikashvili habían planeado la creación de bancos en el país caucásico para canalizar los fondos derivados de la operación.
A finales de marzo, se transmitió finalmente una propuesta para adquirir sólo el 30% de la compañía, lo cual dio al traste con la operación. Fuentes conocedoras de la operación explican que «la propuesta del Gobierno de Georgia consistía en trasladar la unidad de compras de Villafuel a Georgia para facilitar la compra de petróleo ruso», sorteando el régimen de sanciones impuesto por la Unión Europea pero manteniendo al tiempo la responsabilidad legal en los propietarios radicados en España. Este fue el motivo por el que la compra finalmente no salió adelante. Villafuel rechazó la propuesta tras la intervención de varias consultoras y despachos de abogados contratados por la compañía para dar cobertura jurídica y solvencia financiera a las negociaciones. Fruto de ese estudio, el equipo de compliance de Villafuel desestimó el planteamiento de Georgia por «no aportar la diligencia debida ni alinearse con los intereses de la empresa».

Pedro Marín, el hombre que gestionó la licencia
El hombre que suscribió este intento de compra de la operadora es el directivo de Villafuel que lideró las gestiones con el Ministerio de Transición Ecológica durante el mandato de Teresa Ribera para la obtención del título de operador de hidrocarburos. Pese a que no participó en las primeras reuniones celebradas en el Ministerio de Industria entre el jefe de gabinete de la ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, el cabecilla de la trama, Claudio Rivas, y su entonces socia, Carmen Pano, Marín fue el que presentó en nombre de Villafuel la documentación requerida ante la dirección general de Política Energética y Minas del Ministerio el 8 de enero de 2021; y quien, al mes siguiente, recibió el requerimiento de documentación adicional por parte del Ministerio de Transición para acreditar la capacidad financiera de la sociedad. Pese a entregar la documentación requerida, el título fue denegado.
Fue entonces cuando se iniciaron negociaciones directas con el funcionario José Luis Cabo, subdirector de hidrocarburos, a quien le solicitó un escrito el 17 de enero de 2022 para concertar una reunión y tratar de desbloquear así la licencia. Un encuentro que tuvo lugar en julio de ese año por videoconferencia. Dos meses después, en septiembre de 2023, Villafuel obtuvo finalmente el título de operador y fue Pedro Marín el que presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) la documentación acreditativa de la licencia. También fue quien firmó los contratos con Exolum en 2022 y 2023 para que la empresa pudiera comprar y vender combustible dentro del depósito fiscal de CHL.
Todo ello acredita que tenía funciones ejecutivas en la compañía. Según la UCO, «gracias a sus conocimientos del sector, fue la cara visible en las gestiones a realizar con la administración, concretamente ante el Ministerio», pero también en sus funciones de «contratación bancaria, representación notarial y demás gestiones propias del cargo de administrador único».