El sindicato mayoritario de policías se querella contra Belarra por sus «ataques» a los agentes

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el seno de la Policía Nacional, ha presentado una querella contra la diputada de Podemos Ione Belarra ante el Tribunal Supremo por delitos de odio e injurias hacia los policías nacionales. La acción judicial busca «poner coto a la impunidad con la que se ataca a los hombres y mujeres del colectivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FFCCSE), poniendo en riesgo el principio de autoridad y la propia integridad de los agentes».

El SUP considera que «las gravísimas acusaciones de Ione Belarra no deben quedar impunes, ya que suponen una acusación generalizada y difamatoria contra las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». En concreto, sugieren la «existencia de vínculos ideológicos entre los funcionarios públicos y grupos radicales neonazi», lo que implica «una seria descalificación pública de la conducta profesional del conjunto de la seguridad del Estado. Estas declaraciones, lejos de limitarse a un mero pronunciamiento político, constituyen una acusación generalizada, falsa y gravemente ofensiva contra el colectivo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

En la querella se señala que «el efecto de las afirmaciones de Belarra no es neutro ni abstracto», pues han sido emitidas públicamente. Además, «la masiva difusión que han tenido estas lamentables afirmaciones agrava notablemente las injurias, debido al alcance y repercusión que dichas expresiones pueden generar en la sociedad y en la imagen pública que esta tenga sobre las Fuerzas de seguridad del Estado».

Cabe destacar que, «no sólo por el hecho de ser funcionarios públicos de la Policía Nacional implica que deban soportar todo tipo de ataques contra su honor personal ni el de la Institución a la que pertenecen, sino que, por el contrario, también deben gozar de la debida protección».

Por otra parte, la querella recuerda que los hechos relatados son constitutivos de un delito de odio, «previsto y penado en el artículo 510.1.a del Código Penal, al haberse emitido públicamente declaraciones que incitan de forma indirecta al descrédito, desprecio y rechazo social contra el colectivo de personas que integran las FFCCSE». En este caso, «la exclusión ideológica se produce al atribuir de forma generalizada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una ideología antidemocrática, concretamente de corte neonazi o neofascista». Esta imputación colectiva transmite «la idea al conjunto de la sociedad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están contaminadas por valores de este corte, lo que tiene como efecto directo el descrédito institucional, la pérdida de legitimidad pública y la generación de hostilidad».

«El Sindicato Unificado de Policía confía en que el Tribunal Supremo valore todos los elementos y jurisprudencia incluidos en la querella y ponga fin a las injurias que afectan a los miles de hombres y mujeres que prestan servicio diario en defensa de los derechos y libertades de toda la ciudadanía».