La juez que investiga a un alto cargo de Bolaños apura el plazo para prorrogar la causa
Denegó el registro de Justicia tras la noticia de TO sin esperar a que la Audiencia de Madrid resolviera diligencias
El investigado Aitor Cubo y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. | Ilustración de Alejandra Svriz
La investigación a un alto cargo de Félix Bolaños está en peligro. A falta de 24 horas para que acabe el plazo límite para prorrogar la causa contra el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, la juez Susana Trujillano sigue sin mover ficha. Las partes aún no han recibido notificación alguna, a pesar de que la Fiscalía y la acusación han solicitado que se extienda el tiempo de instrucción. Si no se hace, no se podrán solicitar nuevas diligencias. La magistrada ya denegó el pasado 10 de julio la petición de la acusación para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudiera al Ministerio de Justicia a obtener una copia original de la declaración judicial de un menor que fue manipulada.
El artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece un periodo máximo de 12 meses para investigar desde que se incoa la causa. «Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses». La acusación solicitó el pasado 25 de junio prorrogar la instrucción del alto cargo de Bolaños. Días más tarde, la Fiscalía se interesó en el mismo sentido.
El plazo acaba este 18 de julio sin que por el momento la juez haya notificado a las partes la prórroga. Trujillano ya acordó anteriormente la extensión de la investigación contra el subordinado de Bolaños, acusado de un delito de falsificación de documentos públicos. La última, el pasado 15 de enero, cuatro días antes de que venciera el plazo. La presente instrucción finaliza este jueves. Si la magistrada no extiende el plazo, no se podrían solicitar nuevas diligencias, lo que supondría un golpe mortal a la causa.
Registro de la UCO
Trujillano emitió su último auto el 10 de julio para denegar la entrada y registro de la UCO en el Ministerio de Justicia para obtener una copia original de la declaración judicial de un menor que fue manipulada. El padre del niño, que entonces tenía 12 años, solicitó esta diligencia que afecta a tres sedes gubernamentales, donde se encuentran los servidores que custodian las grabaciones de juicios y vistas de competencia estatal, para saber quién y cómo manipuló el audio.
La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid entendió que «no concurren los requisitos legales necesarios para adoptar una medida de investigación tan gravosa». La Fiscalía y la Abogacía del Estado se habían manifestado en contra. Trujillano dictó la decisión sin esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera una serie de pruebas solicitadas el 25 de mayo por la acusación y que «con toda seguridad darán lugar a nuevas diligencias».
La juez instructora tomo la decisión de rechazar la entrada y registro el mismo día en que THE OBJECTIVE informó de la pretensión de la acusación de que la UCO se personara en tres sedes de Justicia para obtener «una copia íntegra» de la grabación y de las resoluciones que se encuentran en los servidores. También reclamaba «una copia exacta de sus logs y códigos hash». A pesar de que el auto está firmado el 9 de julio, este diario ha podido constatar a través de sus metadatos que el documento fue creado a las 7.28 horas del día 10 y que fue modificado por última vez a las 12.15 horas.
Trujillano investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta manipulación de la grabación de un niño que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores en marzo de 2022. En el procedimiento de divorcio también participó el marido de Sofía Puente, el fiscal Manuel Javato. El menor compareció ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega. La acusación afirma que la alteración se produjo en el Ministerio de Justicia, donde se encuentran los servidores.
«Ruido rosa»
El magistrado solicitó a los presentes, excepto a un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos, que abandonaran la sala. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño. El audio fue alterado con un «ruido rosa». «La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señala un informe pericial realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE) a petición de la acusación.
La web del departamento de Bolaños señala que a la Dirección General de Transformación Digital, cuyo responsable es Cubo, corresponde la definición funcional, diseño, desarrollo y mantenimiento y su puesta a disposición a los tribunales, juzgados y fiscalías de los sistemas y aplicaciones informáticas utilizadas en la Administración de Justicia. Entre sus funciones se encuentran la grabación de las vistas judiciales y su almacenamiento y conservación, así como de asegurar que se mantengan en óptimas condiciones para ser visualizadas y escuchadas.
La prueba clave desapareció del juzgado. Manos Limpias denunció a mediados de enero su «robo» ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La fiscal del caso que investiga al subordinado de Bolaños solicitó que el padre del menor aportara de nuevo la prueba, algo que rechazó para no intervenir en la cadena de custodia. La Guardia Civil volvió a aportar el dispositivo el pasado 30 de enero. La asociación de Miguel Bernad presentó una denuncia contra la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid tras la recomendación del órgano de gobierno de los jueces.