Bélgica embarga otros 73 millones a España por el impago de las primas a las renovables

Bélgica embarga otros 73 millones de euros a España por el impago de las primas a las renovables. Un tribunal de Bruselas autorizó el pasado 12 de julio confiscar las cuentas bancarias del operador público de navegación aérea Enaire. Lo hace a través de Eurocontrol, la organización que se encarga de recaudar las tasas por el uso del espacio comunitario. La justicia belga ya realizó dos embargos a nuestro país el verano pasado por valor de 105 millones para satisfacer una deuda con Blasket Renewable Investment.

Este nuevo embargo llega tras el impago reiterado del laudo dictado a favor de RREEF Infrastructure. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), vinculado al Banco Mundial, condenó a España a indemnizar a la firma alemana con 59,6 millones de euros más intereses de demora por los recortes retroactivos a las primas renovables.

España, representada por el bufete NautaDutilh, invocó una decisión de la Comisión Europea del 10 de noviembre de 2017 para oponerse a la ejecución. Para ello, alegó que mientras siga abierta la investigación comunitaria no se pueden ejecutar laudos
derivados del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Esta tesis sostiene que los laudos entre países europeos están prohibidos y esa prohibición se extiende también a la justicia belga.

Victorias de las renovables

Los abogados de RREEF, del bufete Loyens & Loeff, desmontaron ese argumento al señalar que la matriz inversora está domiciliada en suelo británico, fuera del alcance jurisdiccional de la UE. Tras constatarlo, la juez Els de Breucker ordenó el embargo a favor de la empresa germana, que ha gestionado el caso a través de Blasket Renewable Investments. La inversión se remonta a los años 2007-2010 para proyectos eólicos y solares en Andalucía bajo el esquema de primas garantizadas promovido por Gobierno, que cambió las reglas de juego en pleno partido.

El Ciadi concluyó en 2019 que España violó el estándar de Trato Justo y Equitativo (FET, por sus siglas en inglés) y los principios de estabilidad y transparencia al alterar de forma retroactiva las condiciones prometidas a los inversores. El laudo impuso una indemnización de 59,6 millones. A esta cifra hay que añadirle una tasa del 2,07% en intereses de demora acumulados desde junio de 2014 y distintas costas, lo que eleva el pago pendiente de pago a los 73 millones de euros.

La justicia belga ordena a Eurocontrol que notifique el fallo a Enaire en un plazo de 15 días. Las cuentas embargadas mueven hasta 500 millones de euros al año en tasas aéreas, con especial volumen en los meses de verano. Cualquier perturbación en estos flujos podría tener un impacto sobre los servicios aéreos comerciales y de carga. Este nuevo varapalo llega apenas unas semanas después de que el Gobierno accediera a pagar por primera vez uno de estos laudos, en este caso al grupo japonés JGC.

Las compañías perjudicadas han presentado 52 procedimientos contra nuestro país ante el Ciadi. De esta cifra, 26 han sido satisfactorios para los demandantes. España ha sido condenado a pagar más de 1.800 millones de euros. Sin embargo, los afectados por la retirada de ayudas a las renovables hace una década siguen sin recibir un solo euro. Muchos de ellos optaron por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido y Australia fueron los primeros en embargar activos españoles para contrarrestar los impagos.

El origen de la situación se remonta a 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías alegaban que la reforma legislativa del gobierno del PP reducía la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.