El Banco Mundial rechaza anular una condena de 97 millones por la deuda de las renovables
El Gobierno recurrió la resolución del Ciadi que obliga a indemnizar a una empresa japonesa filial de Toyota
Parque eólico de Santanghu, en la región de Xinjiand, al noroeste de China. | Hu Huhu (Xinhua News)
Nuevo varapalo a España. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha rechazado anular un laudo de 113 millones de dólares (97 millones de euros) a favor de Eurus Energy Holdings Corporation. La empresa japonesa vinculada al grupo Toyota fue perjudicada por los recortes de las ayudas a las energías renovables en 2013. El Gobierno recurrió la resolución del tribunal de arbitraje, que le había obligado a pagar una indemnización. Nuestro país ha sido condenado en 26 ocasiones y la deuda alcanza los 1.885 millones de euros, pero se niega a pagar alegando la resolución que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hace cuatro años.
El tribunal, creado ad hoc, ha adoptado la decisión por unanimidad. Los magistrados Bernard Hanotiau (presidente), Katherine González Arrocha y Penélope Ridings concluyen que España no ha acreditado ninguno de los motivos contemplados en el Convenio Ciadi para justificar la anulación del laudo favorable a Eurus por el caso de las renovables. Los argumentos de nuestro país, que giraban en torno a supuestas faltas de motivación, errores procesales graves y una desviación manifiesta del derecho aplicable, fueron desestimados en su totalidad.
El laudo original, emitido en febrero de 2021, condenó a España por vulnerar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) al modificar de forma retroactiva el marco normativo que incentivaba la inversión extranjera en energía eólica. El tribunal concluyó que Eurus había realizado sus inversiones sobre la base de un régimen regulatorio estable y predecible que fue alterado de forma sustancial y perjudicial, afectando gravemente la rentabilidad de sus proyectos.
La guerra de las renovables
El Ciadi condenó a España en noviembre de 2022 a pagar una indemnización de 106,2 millones de dólares más intereses devengados desde el 1 de junio del año anterior y unos costes legales de aproximadamente cuatro millones de dólares, lo que eleva el total adeudado a unos 113 millones de dólares (97 millones de euros).
Este nuevo revés jurídico se suma a la larga lista de derrotas que ha sufrido España ante el Ciadi en litigios relacionados con los recortes a las renovables. Hasta la fecha, nuestro país ha perdido 26 procedimientos y está obligado a indemnizar a las compañías con 1.885 millones euros, una cantidad en la que se incluyen intereses de demora, costas procesales y otros gastos.
El Ciadi está rechazando de manera sistemática los intentos de España por anular los laudo. En opinión de los afectados, este hecho «refuerza la solidez de las decisiones arbitrales y debilita la estrategia procesal mantenida por los sucesivos gobiernos». José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2007 un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios.
Las compañías afectadas acudieron al tribunal vinculado al Banco Mundial, que les ha dado la razón en 26 de los 52 procedimientos, aunque algunos siguen pendientes. El Gobierno se niega a resarcir a las empresas de energías renovables. La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
Embargos en el extranjero
Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el TCE. El mismo que Europa, con España a la cabeza, ya ha anunciado que abandonará. Esta situación hizo que las renovables acudieran a tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica y Australia ya han permitido el embargo de activos españoles para contrarrestar los impagos y varios países, como Estados Unidos, están en vías de hacerlo. Esa dinámica comenzó a cambiar el pasado junio, cuando España abonó la indemnización de 32 millones a favor de otra empresa japonesa, JGC Holdings.
Eurus presentó su demanda de arbitraje ante el Ciadi después de que el Gobierno español introdujera una serie de reformas entre 2012 y 2014 que alteraron de forma sustancial el marco de incentivos a las energías renovables. La filial de Toyota había invertido en 12 parques eólicos en Galicia y otros tres en Asturias bajo un sistema de tarifas reguladas (feed-in tariffs o FiT) respaldado por el Gobierno.
Las reformas aplicadas por España incluyeron un impuesto del 7 % sobre los ingresos por venta de energía y la sustitución del sistema FiT por una vaga promesa de «rentabilidad razonable». Los cambios incluyeron una retirada retroactiva de las primas pagadas antes de 2013, a pesar de que dichos incentivos estaban garantizados por el régimen imperante. Eurus presentó su reclamación en al TCE alegando expropiación indirecta, denegación de justicia y falta de trato justo y equitativo.