EEUU amenaza a España con embargos de 200 millones por impagos de las renovables
Dos nuevas sentencias condenan a España a pagar 200 millones de euros o sufrir embargos de bienes estatales
Molinos eólicos. | Servimedia
El Tribunal de Distrito de Columbia (Washington DC) ha desestimado este 12 de agosto dos recursos presentados por el Gobierno español para impedir la ejecución de sentencias arbitrales favorables a inversores europeos afectados por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Las resoluciones inciden en la tendencia adversa para España en este tipo de litigios y acercan la posibilidad de nuevos embargos de bienes en el extranjero. En este caso, de unos 200 millones de euros por sentencias favorables a dos empresas. El Gobierno alega que no se ve obligado a pagar ante un laudo arbitral, pero ya ha tenido que hacerlo en alguna ocasión tras un revés judicial en Estados Unidos.
En uno de los casos, la corte federal rechazó la petición del Gobierno de Pedro Sánchez para archivar la demanda del fondo RREEF, confirmando la validez del laudo emitido en 2019 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El grupo, que desarrolló dos plantas solares en Andalucía y cuyo litigio ha sido gestionado por Blasket Renewable Investments, tiene reconocida una indemnización de 59,6 millones de euros más 13,9 millones en intereses de demora.
En paralelo, el tribunal dictó una segunda decisión en contra de España en el conocido como caso Antin o Infrastructure Services, originado por otro proyecto solar andaluz. El fallo arbitral, fechado en 2018, establece un pago de 101 millones de euros más 24,3 millones en intereses. Entre ambas condenas, la suma pendiente ronda los 200 millones.
El Ejecutivo español había argumentado que estas compensaciones no podían abonarse al amparo del derecho comunitario, alegando la prohibición de arbitraje entre Estados miembros de la UE (intra-UE) y la consideración de «ayuda de Estado» ilegal sin autorización de Bruselas. Sin embargo, el juez estadounidense rechazó estos planteamientos, recordando que ya fueron examinados y descartados durante el procedimiento en el CIADI. También subrayó que la legislación de EEUU, al incorporar el Convenio CIADI, obliga a dar «plena fe y crédito» a estos laudos, y que precedentes como los casos NextEra y 9Ren han cerrado la vía a alegaciones de inmunidad soberana o de derecho europeo para eludir su cumplimiento.
La negativa de España a pagar ha provocado embargos efectivos o preventivos en países como Bélgica, Reino Unido o Estados Unidos. En uno de los episodios más recientes, la justicia belga intervino ingresos gestionados por ENAIRE a través de Eurocontrol, por un valor superior a 80 millones de euros.
Más de 1.800 millones en condenas
Los laudos condenatorios para España alcanzaron en 2024 los 1.800 millones de euros. Para aquel entonces, tal y como informó THE OBJECTIVE, se habían presentado 52 procedimientos contra nuestro país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), de los que 25 fueron satisfactorios para los demandantes. Sin embargo, los afectados siguen sin recibir un solo euro. Muchos de ellos han optado por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido y Australia decidieron embargar activos españoles para contrarrestar los impagos, entre los que destacan las sedes del Instituto Cervantes.
Para no pagar, el Gobierno de Pedro Sánchez apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria. La Comisión Europea anunció su intención de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía. Durante la vista del pasado febrero, Cornelia Pillard destacó que España había llegado a un acuerdo con los inversores al ofrecer una serie de incentivos determinados y recordó que nuestro país había suscrito el tratado, lo que le obliga a someterse a los tribunales de arbitraje.
El origen de estas disputas se remonta a 2007, cuando el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas suponían que los inversores consiguieran una gran rentabilidad con sus proyectos. Gracias a esa fórmula se captaron 70.000 millones. Seis años más tarde, Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva y las empresas comenzaron a solicitar indemnizaciones para paliar sus pérdidas.