Australia embargará 469 millones en activos españoles por la deuda de las renovables

La justicia australiana embargará activos españoles por la deuda de las renovables. La Corte Federal de Australia ha dictado este viernes una sentencia histórica en cuatro procedimientos de ejecución de laudos arbitrales. Reclama a nuestro país que indemnice a las empresas damnificadas con 469 millones de euros, tal y como resolvió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. En caso contrario, da luz verde a requisar bienes por el valor de la deuda reconocida, al que hay que sumar intereses de demora y costas judiciales. El montante total supera ya los 1.900 millones.

En una resolución de 105 páginas a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juez Angus Morkel Stewart rechaza los argumentos de inmunidad soberana que esgrimió España para esquivar la indemnización. El magistrado da la razón a los demandantes en consonancia con los fallos que ya emitió el Ciadi, por lo que España tendrá que abonar 469 millones de euros a cuatro empresas para compensar la retirada retroactiva de ayudas a las energías renovables. La sentencia también critica la estrategia procesal de la Abogacía del Estado, que califica de «poco útil y gravosa».

La indemnización más importante corresponde a NextEra, que recibirá 290,6 millones de euros, tal y como falló el Ciadi hace una década. La empresa estadounidense exigió una reparación de más de 500 millones. Stewart mantiene la reparación de 77 millones que el tribunal de arbitraje vinculado al Banco Mundial reconoció a favor de Watkins, los 59,6 millones para RREEF y los 41,8 con los que debe compensar a 9REN. El juez australiano también da un tirón de oreja a la Comisión Europea al desestimar su intervención a favor de España al considerarla irrelevante y repetitiva.

La batalla de las renovables

El origen de estos pleitos se remonta a 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías afectadas acudieron al tribunal vinculado al Banco Mundial, que les ha dado la razón en 26 de los 52 procedimientos, aunque algunos siguen pendientes.

El Gobierno se niega a resarcir a las empresas de energías renovables. La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva a las renovables. Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el paraguas del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Europa, con España a la cabeza, ya ha anunciado que abandonará el acuerdo.

Ese escenario motivó que las renovables acudieran a tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos y Australia ya han abierto la puerta a embargar activos españoles. «La decisión del tribunal australiano lanza un mensaje claro: España no puede escudarse en la inmunidad para eludir sus obligaciones. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional y los jueces lo están confirmando», explica un portavoz de las empresas afectadas.

Los damnificados esperan que la tendencia comience a cambiar y poder negociar la liquidación de las compensaciones reconocidas por el Ciadi. El Gobierno dio un giro a su estrategia en junio, cuando abonó por primera vez una indemnización por la retirada de ayudas a las renovables. La agraciada fue JGC Holdings, que recibió 32 millones de euros. Un tribunal del distrito de Columbia, en Estados Unidos, reconoció a finales del año pasado la deuda que ya resolvió a favor de la compañía el tribunal de arbitraje en noviembre de 2021.

Fichaje de expertos

Una situación muy distinta a la que padecen la mayoría de empresas afectadas que, ante la ausencia de respuesta del Gobierno, pusieron la cuestión en manos de tribunales ordinarios de países donde España tiene patrimonio. El primero que autorizó la confiscación de estos activos fue Reino Unido. Entre los bienes embargados de manera cautelar se encuentra la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina de promoción económica de la Generalitat, el Instituto Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias y el cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.

España sigue poniendo toda la carne en el asador para evitar el pago de las indemnizaciones a las renovables reconocidas por el Ciadi. El Gobierno acaba de contratar a un reconocido abogado alemán especializado en arbitrajes para eludir la compensación de 30 millones que debe abonar a Canepa Green Energy, inversores de la española Azora. La Abogacía del Estado ya tiró de este experto en otras ocasiones. Entre otras cosas, asesoró al Ministerio de Justicia en su pugna contra la belga Sapec y la danesa European Solar Farms, que reclamaban 70 millones.

Como ha avanzado El Confidencial, Steffen Hindelang realizará dos informes a cambio de 46.827 euros para que la Abogacía del Estado convenza al tribunal de que no tiene jurisdicción por tratarse de una empresa europea que litiga contra un país comunitario, por lo que pagar el laudo que emitió el Ciadi incumpliría las normas de la UE en materia de ayudas estatales. El reputado árbitro dispondrá de dos años y medios para presentar sus conclusiones.