Una fundación vinculada a la Iglesia deja vía libre a un pelotazo inmobiliario en Madrid

«A Dios rogando y con el mazo dando». María (nombre ficticio), mujer maltratada y en desempleo, repite sin parar la misma letanía. Tiene pesadillas y no duerme por las noches pensando cuándo tendrá que abandonar la casa en la que vive de alquiler desde hace una década. Ha tenido que comenzar a medicarse para controlar su ansiedad: «Es un sinvivir». La vivienda se encuentra en uno de los 13 bloques del centro de la capital que la Fundación de Santamarca y de San Ramón (Fusara), vinculada al Arzobispado de Madrid, ha vendido a Tapiamar. Las casi 200 familias afectadas denunciaron la operación al entender que los inmuebles se traspasaron por debajo del valor de mercado. La fundación se personó como acusación particular, pero acaba de retirarse tras llegar a un acuerdo extrajudicial con el fondo buitre.

El origen de la polémica se remonta a 2019, cuando Fusara, una fundación con fines sociales, vendió a Tapiamar 14 bloques de pisos en el centro de Madrid por 74 millones de euros. Y eso, a pesar de que el valor de mercado triplicaba esa cantidad. Uno de los principales asesores inmobiliarios del mundo, Savills, tasó la operación en 141 millones. La transacción se cerró en julio de ese año, pero los vecinos no se enteraron de que tenían nuevo casero hasta finales de septiembre «a través de un burofax». Un mes más tarde interpusieron una querella.

Una investigación interna del Arzobispado impidió la venta definitiva. Los afectados remitieron una carta al papa Francisco, que envió un emisario para conocer los detalles. Después de eso, Fusara se personó como acusación particular al entender que la venta se produjo por debajo del valor de mercado de los inmuebles. El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid emitió hace dos años un auto de transformación donde concluyó la existencia de un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares. Será la Audiencia Provincial de Madrid quien determine si se llega a juicio.

Una fundación de la Iglesia

Tapiamar, que solo efectuó un primer pago de 37 millones, y los intermediarios de la operación comenzaron a presionar a Fusara para alcanzar un pacto con el que evitar el banquillo. El acuerdo llegó el pasado 30 de julio, cuando el fondo buitre aceptó pagar 99 millones por 13 de los 14 bloques, todos excepto el de la calle del Barquillo, donde se encuentra la sede de la fundación. La venta sigue adelante, aunque los compradores pagarán un 54% más del precio inicial. Semanas más tarde, los inquilinos comenzaron a recibir notificaciones para desahuciarles de sus viviendas.

La última sorpresa llegó el pasado jueves, cuando el juzgado les comunicó que Fusara renunciaba a ejercer cualquier tipo de acción penal y civil. Los vecinos temen que esa decisión suponga dejar vía libre al «pelotazo inmobiliario». «Estamos sorprendidos. No podemos entender cómo el Arzobispado de Madrid perjudica a la fundación en un momento inmejorable para sus intereses, ya que puede ver restituidos todos los daños y perjuicios. Sería un fracaso enorme que un patrimonio inmobiliario con un claro fin social acabara en manos de un fondo buitre», lamenta Jesús Manrique, uno de los afectados.

Fusara alega que, desde la venta de los inmuebles en 2019, ha sufrido «graves perjuicios económicos», como dejar de cobrar la renta de los inquilinos con la que financiaba los centros educativos que gestiona. Ese quebranto, aseguran, les llevó a acelerar el acuerdo extrajudicial porque estaba en peligro la viabilidad de la fundación, aunque sus cuentas siempre han dado resultados positivos. La abogada de los afectados, Mónica Servil, afirma que se trata de una estrategia para levantar las medidas cautelares que recaen sobre la operación y completar la venta por 25 millones más, insuficientes para alcanzar el valor de mercado. Las estimaciones, según la letrada, oscilan en torno a los 250 millones.

«Están reincidiendo en la misma actuación delictiva», insiste Servil. La abogada explica que los vecinos están decididos a continuar con la acusación popular, pero depende de la Fiscalía que la causa siga viva: «Si no mantiene la acusación, será complicado seguir adelante por la doctrina Botín». El Tribunal Supremo estableció en 2007 que si el Ministerio Fiscal y el agraviado directo no acusan, la acusación popular no puede mantener por sí sola un procedimiento penal porque carece de legitimidad. THE OBJECTIVE ha preguntado a la Fiscalía sobre sus intenciones, pero no ha recibido respuesta.

«Con los pies por delante»

Servil subraya que los inquilinos son los mayores afectados porque les va la vida en ello. Algunos, como Aurora Alonso, de 84 años, llevan aquí desde que nacieron, ya que sus padres eran los porteros de una de las fincas. Asegura que solo le sacarán de su casa «con los pies por delante». «No pueden vender un patrimonio que no es suyo. Están liquidando la fundación y así no pueden cumplir con su labor social», recalca Clara Lapetra, otra de las afectadas.

«Con el acuerdo, vuelven a cometer los mismos delitos cinco años después. Solo que ahora dejan fuera de la causa a varias personas», denuncia Lapetra. Los bloques de viviendas fueron legados por dos mujeres adineradas para mantener a los huérfanos. «No pueden desvestir a un santo para vestir a otro», se queja Piedad Martínez, otra de las afectadas. Para evitar que existiera cualquier tipo de especulación, colocaron en el accionariado a varios católicos. El acuerdo necesita la firma de patronos laicos, como el Ayuntamiento de Madrid, que se desentendió de la venta, por lo que cualquier pacto sería «nulo».

Los vecinos llevan denunciando irregularidades desde el inicio de la operación. De hecho, el Registro de la Propiedad frenó hace cinco años la venta de los inmuebles tras encontrar anomalías en la inscripción de compra de cinco de ellos. Fusara no comunicó en el Registro de Fundaciones los cambios en su dotación patrimonial, por lo que la venta quedó en suspenso. Aún así, el Arzobispado de Madrid continuó adelante con el negocio. Incluso modificó los estatutos de forma repentina para cambiar el objeto social de la fundación.

«Especular es pecar», subraya Martínez. Este diario ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la Archidiócesis que dirige el cardenal José Cobo. Lapetra sugiere que detrás de la operación hay «una trama corrupta que opera en connivencia con la Iglesia para expoliarla». De hecho, el Arzobispado de Madrid ya intentó vender a la Universidad de Nebrija la parroquia de San Jorge, ubicada cerca del estadio Santiago Bernabéu, uno de los mejores enclaves de la capital. La institución académica anuló la compra en noviembre de 2023 para evitar el banquillo. La decisión hizo emerger una lluvia de comisiones y señaló a Chávarri Abogados, el bufete que actuó como mediador en las ventas.