EEUU emite un quinto fallo por las renovables y eleva a 480 millones los embargos a España
El Tribunal de Distrito de Columbia obliga a indemnizar a Cube Infraestructure con 40,2 millones de euros
Aerogeneradores. | Arturo Rosas (Zuma Press)
España vuelve a sufrir un varapalo de la justicia de Estados Unidos. El Tribunal de Distrito de Columbia ha confirmado la validez del laudo arbitral que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a favor de Cube Infrastructure. El fallo reconoce una indemnización de 40,2 millones de euros a favor de la compañía con sede en Luxemburgo por la retirada de ayudas a las energías renovables de forma retroactiva. Es la quinta resolución que emiten los tribunales estadounidenses en los últimos meses, elevando a 480 millones la cantidad que adeuda nuestro país. De no hacerlo, podría sufrir embargos de bienes por esa cantidad.
El Tribunal de Distrito de Columbia aceptó el pasado 14 de agosto, en una resolución a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la «totalidad» del fallo que emitió el Ciadi a favor de Cube Infraestructure. La juez Loren L. Alikhan señala que se trata de una «sentencia definitiva» y ordena que se dé el caso por concluido. La decisión reafirma que los tribunales del país norteamericano reconocen las resoluciones del organismo vinculado al Banco Mundial por las renovables como una sentencia propia y admiten la posibilidad de ejecutar embargos en caso de que el Gobierno continúe sin atender las indemnizaciones impuestas.
La deuda reconocida por el Ciadi alcanza ya los 1.900 millones de euros, aunque en Estados Unidos solo se han revisado cinco casos que suman 480 millones. El último, el de Cube Infraestructure. La compañía impulsó tres plantas fotovoltaicas y distintas instalaciones hidroeléctricas en España. Tras el recorte retroactivo de las primas renovables, inició un arbitraje ante el organismo vinculado al Banco Mundial en el primer semestre de 2015. El fallo favorable a la compañía se emitió cuatro años más tarde, pero desde entonces España se ha negado a cumplir con el dictamen.
Deuda por las renovables
El Ciadi impuso un pago de 33,7 millones de euros, tres millones en concepto de intereses de demora y otros 3,5 millones derivados de distintas condenas en costas ligadas al proceso. En total, la deuda con Cube Infraestructura se eleva a 40,2 millones. La sentencia se suma a la oleada de resoluciones emitidas recientemente, que han puesto a nuestro país en la picota. Son los casos Watkins, Infrastructure Services (Antin), RREEF o Infrared. El Tribunal de Distrito de Columbia reconoce con ellos una deuda de 480 millones.
La justicia estadounidense consolida así un patrón claro de jurisprudencia, rechazando sistemáticamente los argumentos de España. Los jueces avalan la ejecución de las condenas arbitrales derivadas de los recortes retroactivos a las energías renovables. Se da la circunstancia de que estas cinco sentencias afectan a empresas de la UE, de modo que decae el argumento del Gobierno de que este tipo de laudos no serían ejecutables en suelo norteamericano.
Hace unas semanas, este diario avanzó un nuevo fallo por el llamado caso Watkins. La juez Beryl A. Howell denegaba archivar la resolución que emitió en 2014 el Ciadi, tal y como solicitaba el Gobierno, al que insta a abonar 79,5 millones a Blasket Renewable Investments. La sanción impuesta por el impago de las ayudas a las renovables es de 77 millones, a los que hay que añadir otros 2,5 millones por intereses de demora, costes de arbitrajes y honorarios de abogados. Cifras que aumentarán si no se alcanza un acuerdo a corto plazo.
El origen de estos pleitos se remonta a 2007, cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías afectadas acudieron al Ciadi, que les ha dado la razón en 26 de los 52 procedimientos, aunque algunos siguen pendientes.
Giro en la estrategia
El Gobierno se niega a resarcir a las empresas de energías renovables. La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva a las renovables. Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el paraguas del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Europa, con España a la cabeza, ya ha anunciado que abandonará el acuerdo.
Ese escenario llevó a las renovables hasta los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos ya han abierto la puerta a embargar activos españoles. Una dirección que tomó recientemente Australia, que reclama que nuestro país abone 469 millones por un pleito. El primero que autorizó la confiscación de estos activos fue Reino Unido. El Gobierno dio un giro a su estrategia el pasado junio, cuando abonó por primera vez una indemnización por la retirada de ayudas a las renovables. La agraciada fue JGC Holdings, que recibió 32 millones de euros.