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Tribunales

La Justicia avala que Consumo instara a Airbnb a retirar alojamientos turísticos sin licencia

Tras recibir las resoluciones y después del primer aval del TSJM, la multinacional retiró estos 65.000 anuncios en julio

La Justicia avala que Consumo instara a Airbnb a retirar alojamientos turísticos sin licencia

El logo de Airbnb. | Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado por segunda vez la exigencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que Airbnb retirara de su plataforma 34.728 alojamientos turísticos sin licencia a finales de 2024, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Este segundo auto del TSJM deniega el recurso de Airbnb, que pedía retirar las medidas cautelares, tras la petición de Consumo, ejecutada ya por la plataforma en mayo, de eliminar miles de anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente, ni tampoco su naturaleza jurídica.

En total, el Ministerio instó a Airbnb a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones: una primera de 5.800 anuncios ya avalada por el TSJM en el primer auto de mayo, la segunda de 34.728 anuncios que acaba de ser avalada en este segundo auto, y una tercera resolución con los anuncios restantes, no recurrida por Airbnb.

Tras recibir las resoluciones de Consumo y después del primer aval de la justicia, la multinacional retiró estos 65.000 anuncios en julio. Consumo argumentó en mayo que los anuncios no incluyen el número de licencia, obligatorio en varias normativas autonómicas; tampoco indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, «fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor», y en esos anuncios se incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.

En el comunicado, el Ministerio ha recordado que la Dirección General de Consumo mantiene abiertos expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, así como expedientes sancionadores a inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.

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