Bélgica embarga 200 millones a España por el impago de las primas a las renovables
Los tribunales autorizaron a intervenir los pagos mensuales que realiza el organismo de control aéreo a Enaire
Un parque eólico de Muras, en Lugo (Galicia). | Carlos Castro (Europa Press)
La Justicia de Bélgica ya ha embargado 207,3 millones de euros a España por el impago de las primas a las renovables. Los tribunales belgas comunicaron el pasado julio una sentencia que autorizaba la intervención de los pagos mensuales que realiza el organismo europeo de control aéreo, Eurocontrol, a la empresa estatal española encargada de tramitar dicho servicio, Enaire. Una puerta que abrió RREEF, otras de las empresas damnificadas, al solicitar la confiscación de bienes mientras no se ejecutaran las indemnizaciones reconocidas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Los acreedores esperaban aflorar al menos 80 millones de euros por esta vía. Sin embargo, las compañías perjudicadas por la retirada de ayudas a las empresas de energías renovables de forma retroactiva han podido constatar en sus cuentas que la cifra bloqueada por los tribunales belgas asciende a 207,3 millones. La mayor parte de esa cantidad, 197,3 millones de euros, se corresponde con los pagos que esperaba recibir Enaire. Los diez millones restantes corresponden a obligaciones menores.
Los embargos fueron reclamados por las empresas de energías renovables para garantizar el cobro de la indemnización reconocida por el laudo que emitió el Ciadi a favor de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota. La compañía invirtió cientos de millones de euros en España para desarrollar parques eólicos y fotovoltaicos en comunidades autónomas como Galicia y Asturias.
La batalla de las renovables
Los recortes aplicados a estas inversiones motivaron un procedimiento de arbitraje internacional al amparo del Ciadi, organismo vinculado al Banco Mundial, y del Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante cuando sucedieron los hechos. El arbitraje estipuló que nuestro país debe indemnizar a Eurus con 106,2 millones por la retirada de ayudas a las energías renovables hace más de una década. Además, impuso el pago de intereses de demora que, en la actualidad, superan ya los siete millones de euros.
Los intentos de España para anular el laudo han sido desestimados sistemáticamente, pero la indemnización continúa sin abonarse. Eso motivó que las compañías damnificadas reclamaran en julio el embargo de los pagos de Eurocontrol a Enaire. Los tribunales belgas dieron la razón a las empresas de energías renovables. Lo mismo que está sucediendo en países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos, donde en las últimas semanas se han emitido cinco sentencias que ascienden a resarcimientos que superan los 480 millones de euros.
Un juzgado de apelación de Bruselas resolvió el pasado 18 de junio intervenir los pagos de Eurocontrol a la empresa pública española Enaire si nuestro país persistía en los incumplimientos. Un mes más tarde, otro tribunal autorizó a confiscar las cuentas bancarias de la organización que se encarga de recaudar las tasas por el uso del espacio comunitario. Un año antes, la Justicia belga ya había realizado dos embargos por valor de 105 millones para satisfacer una deuda con Blasket Renewable Investment.
La cifra intervenida supera ya los 200 millones. Los acreedores recuerdan al Gobierno que el actual escenario de litigiosidad y conflictividad es «perfectamente evitable». Así lo puso de manifiesto el acuerdo alcanzado para zanjar la deuda con JGC Holdings, con el que el Gobierno dio un giro a su política. España indemnizó a la empresa japonesa con 32 millones de euros. Las compañías perjudicadas anhelan llegar a pactos similares para cerrar un capítulo que dura ya más de una década y que, según su versión, ha supuesto que la inversión extranjera se haya desplomado más de un 60% en España en la primera mitad de este año.
Una deuda de 1.900 millones
El origen de estos pleitos se remonta a 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías afectadas acudieron al Ciadi, que les ha dado la razón en 26 de los 52 procedimientos, aunque algunos siguen pendientes.
La deuda reconocida por el Ciadi alcanza ya los 1.900 millones de euros, cantidad que incluye las indemnizaciones, intereses de demora y gastos de representación procesal. El Gobierno se niega en rotundo a resarcir a las empresas de energías renovables. La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva a las renovables.
Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el paraguas del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Europa, con España a la cabeza, ya ha anunciado que abandonará el acuerdo. Ese escenario llevó a las renovables hasta los tribunales ordinarios. Varios países ya han abierto la puerta a embargar activos españoles. El primero que autorizó la confiscación de estos activos fue Reino Unido. Entre los bienes que se podrían confiscar se encuentra la sede del Instituto Cervantes, el centro educativo Vicente Cañada Blanch, el edificio de la embajada de Cataluña en Londres o una cuenta bancaria.