Díez cobró 370.000 euros de dos entes SEPI mientras facturaba a una estructura «paralela»

Leire Díez cobró 369.788 euros de dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La exmilitante socialista trabajó entre octubre de 2018 y febrero del año pasado para la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y Correos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que, entretanto, formó parte de una estructura «paralela» a la SEPI para favorecer contratos y rescates. Los investigadores creen que ella, el expresidente de la empresa pública Vicente Fernández y el dueño de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, participaron en al menos cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros. Esas tareas les habrían reportado más de 750.000 euros en concepto de comisiones.

Díez trabajó para Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 como responsable de Comunicación. Durante esos 39 meses, la exmilitante socialista cobró 107.830 euros de la empresa pública en la que SEPI posee el 60% del capital. La mayor parte de ese dinero, 106.204 euros, lo obtuvo en concepto de salario. Además, percibió otros 1.626 euros «en dietas percibidas por viajes realizados», informa la empresa pública a través del Portal de Transparencia.

El desembarco de Díez en Enusa se produjo en la época en que la presidía José Vicente Berlanga, amigo de José Luis Ábalos. El propio exministro reconoció semanas atrás en una entrevista con OKDiario que fue él quién se la recomendó al presidente del ente público que gestiona el uranio para que fuese directora de Comunicación.

Díez en Correos

La exmilitante socialista dio el salto de Enusa a Correos, empresa participada en su totalidad por la SEPI. En los 27 meses en los que trabajó para el servicio postal se embolsó 261.958 euros, la mayor parte de ese dinero en concepto de salario: 231.000 euros. A esa cantidad hay que añadir 6.632 euros por dietas, asignaciones y gastos de viajes y otros 24.407 euros por indemnización.

Correos diseñó unos requisitos ad hoc para contratar a Díez. La denominada fontanera del PSOE superó el 17 de noviembre de 2021 un proceso para un puesto que inicialmente estaba dirigido al personal de la empresa pública. Se presentaron cinco empleados, pero ninguno cumplía los requisitos, por lo que el servicio postal buscó fuera a la persona encargada de «intermediar e impulsar las relaciones con las Administraciones locales y autonómicas». Para el puesto se pedía una titulación universitaria en periodismo y cierta experiencia en comunicación institucional. Condiciones que casualmente cumplía ella.

«Una vez realizado el proceso de selección interno, al no haberse presentado ningún candidato interno que cumpliera los requisitos exigidos, se procedió a la búsqueda del perfil externo», señala la documentación facilitada por Correos. En la búsqueda de perfiles externos, la dirección de Recursos Humanos valoró la candidatura de Díez, licenciada en Ciencias Sociales y de la Información en 1996 por la Universidad del País Vasco. La exmilitante socialista ingresó en el servicio postal mientras lo dirigía Juan Manuel Serrano, amigo personal y exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez.

Díez permaneció en el servicio postal desde noviembre de 2021 hasta febrero del año pasado. A los pocos meses de llegar, en febrero de 2022, la nombraron subdirectora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro, un cargo directivo de nueva creación. Las fuentes consultadas señalan que el puesto se ideó a propósito para ella por virtud de su cercanía al PSOE y su relación con Serrano. El cambio llevó aparejado una importante mejora salarial.

Causas contra la ‘fontanera’ del PSOE

Un año más tarde cambió su nomenclatura y Díez se convirtió en subdirectora de Filatelia, cargo que ocupó hasta el 28 de febrero del año pasado, solo dos meses después de que el Gobierno cesara a Serrano como presidente de Correos, donde dejó un agujero de más de mil millones de euros. Le sustituyó en el cargo Pedro Saura, que «desconfiaba» de las personas de la órbita de su predecesor, explican empleados de la empresa pública.

La exmilitante socialista está siendo investigada en un juzgado de la madrileña Plaza de Castilla por tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la Justicia por supuestos sobornos para conseguir información sensible de miembros de la UCO y fiscales de Anticorrupción. Esta no es la única causa abierta contra Díez.

La UCO realizó hace dos semanas una veintena de registros en diversas provincias españolas, incluidas las sedes de varias empresas públicas participadas por la SEPI, entre las que se encontraban Enusa y Correos. Los agentes detuvieron a Díez, a Vicente Fernández y a Joseba Antxon Alonso, a los que la Audiencia Nacional dejó en libertad tras imponerle medidas cautelares. Los tres están siendo investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Las pesquisas se mantienen bajo secreto.

Los investigadores sostienen que los arrestados formaban parte del grupo Hirurok («los tres», en vasco). Todos ellos habrían formado una estructura «paralela» a la SEPI entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La UCO sospecha que mediaron en cinco operaciones que alcanzarían los 133 millones de euros y que en esa tarea se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos». Como contraprestación, habrían recibido al menos 750.000 euros que canalizaron a través de Mediaciones Martínez para hacer inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca).