Bélgica embarga otros 482 millones a España por los impagos de las renovables
La intervención de las cuentas de Eurocontrol busca ejecutar un laudo del Ciadi favorable a OperaFund
Parque eólico en Hami, al noroeste de China. | Hu Huhu (Xinhua News)
España sufre un nuevo varapalo por el impago de las indemnizaciones a las renovables. La justicia belga ha autorizado el embargo de otros 482,4 millones de euros para garantizar el resarcimiento a los acreedores afectados por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Esta intervención se enmarca en el procedimiento del caso OperaFund y busca ejecutar la resolución favorable que emitió en 2019 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Con esa cantidad, Bélgica ha confiscado ya a España casi 850 millones.
OperaFund obtuvo en 2019 una resolución favorable del Ciadi. El laudo se emitió conforme al Tratado de la Carta de la Energía, del que España era Estado firmante en el momento en el que eliminó las ayudas. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables en 2007. Gracias a esa fórmula se captaron 70.000 millones de capital foráneo. Seis años más tarde, en plena crisis económica y por las exigencias de control del déficit y de reducción de los costes eléctricos, Mariano Rajoy las suprimió de manera retroactiva y las empresas comenzaron a solicitar indemnizaciones.
Las compañías afectadas acudieron al Ciadi, que les ha dado la razón en 26 de los 52 procedimientos, aunque algunos siguen pendientes. El impago de estas compensaciones supone para España una deuda de 1.748 millones de euros, a los que hay que añadir otros 522 millones en concepto de intereses de demora, condenas en costas y honorarios de abogados y consultores. Ese escenario puede suponer el embargo de bienes en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica, donde los perjudicados acudieron a la justicia ordinaria para reclamar el dinero.
Primas a las renovables
El Gobierno español se niega a resarcir a las empresas de energías renovables al no reconocer los laudos emitidos por los tribunales de arbitraje. Ante esa decisión, OperaFund emprendió acciones judiciales para asegurar el pago por otras vías, recurriendo a tribunales de diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos del Estado. El monto adeudado en este caso asciende a 29,3 millones de euros, cifra a la que hay que sumar 7,5 millones en concepto de intereses de demora.
El equipo jurídico del fondo presentó una demanda en Bélgica solicitando la intervención de los pagos que el organismo europeo de navegación aérea, Eurocontrol, realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo, Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga. Los tribunales de ese país aceptaron la petición al considerar que el embargo constituye una vía legítima para garantizar la compensación de los afectados por el impago a las renovables.
Los tribunales belgas han bloqueado 482,4 millones de euros. En lugar de ser transferidos a Enaire, ese dinero quedará ahora inmovilizado a la espera de un posible recurso. La intención es dedicar ese dinero a resarcir las deudas existentes con los acreedores de las energías renovables que invirtieron en España con la promesa de una gran rentabilidad. Bélgica ya embargó 32 millones a nuestro país a través de Enaire en julio de 2024 para satisfacer una resolución del Ciadi.
Meses más tarde congeló otros 83,7 millones de euros al organismo que gestiona el tráfico aéreo y, un año más tarde, confiscó 73 millones más. El pasado septiembre, la justicia belga embargó otros 207,3 millones para abonar la indemnización que meses atrás había reclamado la compañía japonesa Eurus Energy. La filial del grupo Toyota inició un procedimiento que también se resolvió a su favor, aunque aún quedan pendientes de pago 106,2 millones. A esa cifra hay que añadir otros 9,4 millones en concepto de intereses de demora.
Crece 207.000 euros al día
La deuda generada por estos impagos continúa incrementándose, con el consiguiente coste para el erario público. La acumulación de intereses de demora está agravando el problema y generando una deuda. Los acreedores explican a THE OBJECTIVE que este hecho es «exclusivamente imputable a la decisión del actual Gobierno de no proceder al pago de las indemnizaciones, incumpliendo de este modo sus obligaciones en materia de derecho internacional y tratados internacionales». Los perjudicados incluso están dispuestos a renegociar la deuda, escenario al que se ha negado el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.
A la deuda de 1.748 millones reconocida por los tribunales internacionales hay que añadir otros 522 millones en concepto de intereses de demora, condenas en costas y honorarios de abogados y consultores. Esto suponen 207.000 euros más cada día. O bien, 8.632 euros por hora o 144 euros por minuto. España adeuda 2.220 millones a un total de 27 acreedores que resultaron perjudicados con la retirada de ayudas a las renovables de forma retroactiva.
La justicia británica fue la primera que decidió embargar activos españoles. En una resolución en abril de 2023 se abrió a confiscar la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas o una cuenta bancaria, entre otros bienes. Unos días más tarde, Australia reconoció el laudo a favor de Antin Infrastructure Services, al que España adeuda 101 millones más los intereses devengados. Luego llegó el turno de Estados Unidos, que el pasado verano reconoció la deuda a ocho inversores que exigen 692 millones de euros.