La Audiencia archiva por segunda vez el 'caso Pegasus' por la falta de colaboración de Israel

El caso Pegasus vuelve al cajón. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado por segunda vez la causa en la que investigaba el espionaje contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Interior y Agricultura. El objetivo era determinar quién infectó sus teléfonos móviles con el software de origen israelí y ha mostrado su «frustración» porque no se hayan ejecutado las comisiones rogatorias. El magistrado considera que Israel «impide investigar la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna».

Calama archivó la investigación en julio de 2023, pero la reabrió unos meses después para incorporar la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia en el procedimiento que se seguía en aquel país por la infección con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas, diputados y miembros del gobierno francés.

En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Calama explica que de las investigaciones realizadas por sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos y que podrían enmarcarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Intrusiones en el móvil de Sánchez

Puente destaca la frustración de la investigación derivada de la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel, emitidas, ampliadas y recordadas en distintos momentos en los últimos años. En su opinión, este hecho impide investigar «sobre la atribución de autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible, a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos».

A través de esa solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida, el juez pretendía requerir información a la mercantil NSO Group, propietaria de Pegasus, así como tomar declaración como testigo al CEO de la compañía. Puente asegura que ese hecho le impide avanzar en la investigación al no poder practicarse nuevas diligencias.

«Ello conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación», insiste el magistrado.

Los indicios recabados a lo largo de la investigación se registraron cinco intrusiones en los dispositivos de Sánchez entre octubre de 2020 y diciembre del año siguiente. El primero de los procesos que se detectaron como dañinos se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021, durante la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta que llevó al presidente del Gobierno a visitar la ciudad autónoma acompañado del ministro de Defensa, Fernando Grande-Marlaska, otra de las víctimas.

La querella del Gobierno

La segunda se detectó el 31 de mayo y la información «exfiltrada» fue de 130 megabytes. Tuvo lugar cuando Sánchez se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares (Madrid) con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En cuanto al móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el juez señalaba que presentaba indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el de Marlaska lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año. El ministro de Agricultura, Luis Planas, habría sufrido una intrusión en sus dispositivos el 25 de junio de 2021.

El origen del caso Pegasus se remonta a abril de 2022, cuando un laboratorio de la Universidad de Toronto denunció el espionaje de al menos 65 teléfonos pertenecientes a figuras políticas catalanas, sus familiares, abogados y representantes de la sociedad civil vinculadas al independentismo catalán. Semanas más tarde, se descubrió que también habían sido espiados activistas, entre ellos defensores de los derechos humanos en el Sáhara. El Gobierno reveló en mayo de 2022 que habían intervenido los teléfonos de Sánchez y de tres ministros e interpuso una querella ante la Audiencia Nacional.