Leire Díez pide levantar el secreto de la causa sobre comisiones en contratos públicos

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha pedido levantar el secreto en la causa donde el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la investiga por el presunto cobro de mordidas a través de la mediación en la adjudicación de contratos públicos.

La letrada de Díez se queja además del bloqueo de las cuentas de la exmilitante, de sus familiares y de terceros, que le impiden, sostiene el escrito, «atender sus gastos más elementales, como pudiera ser el de alimentación, como garantizar el pago de los consumos y suministros de la vivienda en la que residen».

Así lo señala un recurso de reforma, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso EFE, contra el auto que el pasado 9 de enero acordó prorrogar el secreto del sumario de un procedimiento en el que también están investigados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar Antxon Alonso, a quien investigadores policiales consideran socio de Santos Cerdán.

Según se investiga, Díez, Fernández y Alonso conformarían un grupo autodenominado Hirurok (‘nosotros tres’, en euskera) que se habría dedicado a orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros», para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública para obtener «el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones».

Denuncia vulneración en el derecho de defensa

El recurso de reforma presentado por Díez ante la sala de instancia de la Audiencia Nacional sostiene que el auto que decreta la prórroga del secreto de sumario no está suficientemente motivado y no permite comprobar si esta medida es necesaria y proporcional.

La letrada de Díez considera que la continuidad del secreto de sumario vulnera el derecho de defensa de su representada y alude además a las medidas cautelares que pesan sobre ella, haciendo hincapié en el bloqueo de las cuentas que afecta a familiares y terceros con los que la exmilitante no estaría vinculada, según esta parte.

También denuncia la falta de información sobre la causa, pidiendo que si no se levanta el secreto se garantice al menos el acceso a los elementos mínimos y esenciales de las actuaciones necesarios para ejercer el derecho de defensa y para impugnar medidas que afecten a la situación personal de la exmilitante, reservándose futuras acciones legales por vulneración de derechos fundamentales.

El escrito apunta además a que la investigación se remonta a hechos de 2021 a 2023 por lo que no ve la necesidad de adoptar las «gravosas» medidas tomadas para evitar la desaparición de información, sobre todo teniendo en cuenta que la exmilitante dio a la Unidad Central Operativa (UCO) acceso a sus documentos, correos, dispositivos, claves y contraseñas y que «jamás ha dejado de comparecer cuando ha sido llamada».

También se pone en duda la proporcionalidad de las medidas adoptadas con el argumento de que la cantidad económica que se le imputa haber recibido a Leire Díez son «21.500 euros provenientes de haber vendido un vehículo a la sociedad Martinez Medina S.L» por dicho importe en 2021.

Sin embargo, según consta en una diligencia de información que contiene los elementos esenciales de las actuaciones, en las cinco operativas analizadas las mordidas para los tres sumarían al menos 750.614 euros, unos fondos que se canalizaban supuestamente a través de la mercantil Mediaciones Martínez «mediante contratación y facturación mendaz».

Los tres investigados fueron detenidos por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y que posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.