Las víctimas de Angrois irán al Constitucional para pedir la nulidad de la causa judicial
Consideran que el proceso ha estado «politizado» y que se han vulnerado derechos fundamentales
Concentración de las víctimas de Angrois en Madrid el pasado 26 de enero. | Fernando Sánchez (EP)
«Sin justicia y verdad, las tragedias se repiten». Ese fue el lema que utilizaron las víctimas del accidente ferroviario de Angrois, que costó la vida a 80 personas, durante la protesta simultánea (una en Madrid, otra en La Coruña) que protagonizaron el pasado lunes contra la absolución del director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento en el que se produjo el siniestro, Andrés Cortabitarte. Consideran que el proceso judicial ha estado «politizado» y estudian acudir al Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad de la causa alegando vulneración de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva.
Las víctimas se concentraron al mismo tiempo ante la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Audiencia de La Coruña, que unos días antes había mermado su capacidad de resiliencia. El órgano provincial falló los recursos pendientes el pasado 23 de enero, en pleno debate sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde han muerto 46 personas. La resolución fue desalentadora para quienes llevan más de una década «buscando justicia».
La Audiencia de La Coruña confirmó la pena de prisión de dos años y seis meses impuesta al maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois aquel fatídico 24 de julio de 2013. Lo consideran autor de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave. Sin embargo, las magistradas absolvieron a Cortabitarte, que había sido condenado a la misma pena por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela en julio de 2024 como responsable de la seguridad en la circulación de ADIF.
La absolución de ADIF
Las magistradas estimaron los recursos interpuestos por la Fiscalía, ADIF, su aseguradora (AGCS) y el propio Cortabitarte. En cambio, el tribunal confirmó la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, por lo que la aseguradora QBE deberá hacer frente a las indemnizaciones en las cuantías fijadas en la sentencia, que ascienden (las que están especificadas) a más de 22 millones de euros, de los cuales alrededor de 12 millones corresponden a familiares de los fallecidos y 10 a las personas que sufrieron lesiones. Pero el dinero no calma el dolor.
La Plataforma Víctimas del Alvia 4155, el tren siniestrado en Angrois, está decidida a seguir dando la batalla. Una vez que el proceso ha concluido su trayecto en los tribunales, la intención es interponer un recurso de amparo ante el Constitucional. Se trata de un mecanismo para proteger los derechos fundamentales que establece los artículos 14 al 29 y 30.2 de la Constitución. Pero para eso, era necesario agotar la vía judicial y demostrar especial trascendencia constitucional. Ahora cuenta con un plazo de 20 días para presentar la demanda.
«El poder Ejecutivo metió mano en el Judicial imponiendo los peritos judiciales. La absolución (de Cortabitarte) de la Audiencia de La Coruña no tiene en cuenta a los peritos independientes, César Mariñas y Christopher Carr (exjefe de Seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, ERA por sus siglas en inglés). Los demás eran peritos de parte o de la Xunta de Galicia», denuncia Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 4155.
Domínguez lamenta que los tribunales «no han tocado hechos probados» ni hicieran un análisis de riesgo «cuando Europa decía que era necesario». En su opinión, se trata de una vulneración de derechos fundamentales flagrante que ya está estudiando el abogado Manuel Alonso Ferrezuelo. El propio Carr cargó en el juicio del accidente de Angrois contra ADIF por no haber analizado los riesgos de cambiar los sistemas de la línea en la que descarriló el tren porque eso impidió percibirlos y mitigarlos.
Los sistemas de protección
El proyecto inicial de la línea Orense-Santiago incluía, en el tramo del accidente, la peligrosa curva de Angrois, una protección con el sistema de control de velocidad Ertms. Carr señaló en la vista que esa protección «sería una buena forma de mitigar este riesgo», ya que «esta medida lo habría reducido por completo» porque se habría activado «si por cualquier motivo el conductor no reaccionase». Habría actuado como «protección adicional» al maquinista, que se despistó al atender una llamada y no redujo la velocidad.
La ERA puso en entredicho los informes del accidente que se realizaron en España por su falta de independencia. Se encargó de elaborarlo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), adscrita al Ministerio de Transportes pero con autonomía para analizar los siniestros con el fin de mejorar la seguridad, no para buscar responsables. La agencia europea concluyó que el organismo se había centrado en la responsabilidad del maquinista y obviado «elementos clave», y que había elaborado el estudio con «un equipo que incluía personal de organizaciones directamente implicadas» en el siniestro de Angrois, por lo que pidió repetirlo, sin éxito.
«El Estado descarrila y premia a quien lo protege», protestaron las víctimas el pasado lunes. Consideran que después de más de 12 años, siguen «sin justicia y sin una investigación independiente como exige Europa, debido a unas instituciones politizadas que anteponen sus intereses espurios a la vida y seguridad de las personas». En un comunicado, subrayan que las personas e instituciones «verdaderamente independientes» les han dado la razón y lamentan que los tribunales no hayan considerado la responsabilidad de quien concibió «una línea de alta velocidad sin los sistemas de protección».