Israel cooperó con Sánchez para cerrar Pegasus aunque ignoró a la Audiencia Nacional

Israel mostró dos caras con el espionaje del teléfono de Pedro Sánchez. La inteligencia israelí colaboró con el Gobierno mediando con Marruecos para cerrar una crisis diplomática que comenzó en mayo de 2021, cuando el reino alauí infectó el móvil del presidente y tres de sus ministros. Sin embargo, las autoridades israelíes ignoraron los requerimientos que realizó el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama solicitando que la empresa NSO Group, fabricante del software Pegasus, informara de los hechos. El magistrado archivó la causa a finales del pasado enero «por falta de autor o autores conocidos» y reprochando a Israel que desoyera hasta cuatro comisiones rogatorias.

El Gobierno admitió públicamente el 2 de mayo de 2022 que el teléfono de Sánchez había sido infectado con Pegasus. Calama abrió una investigación judicial un día más tarde. La cosa no quedó ahí. La Abogacía del Estado amplió la denuncia el 10 de mayo, después de que los pertinentes análisis detectaran que también habían sido vulnerados los dispositivos móviles de los ministros de Defensa, Margarita Robles; del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Agricultura, Luis Planas.

El robo de información se produjo un año antes, pero el Gobierno lo ocultó. La infección del móvil de Sánchez tuvo lugar durante una visita a Ceuta en mayo de 2021, tras la llegada masiva de inmigrantes irregulares después de que Marruecos rebajara las medidas de seguridad. El espionaje con Pegasus se realizó a través de una sofisticada técnica denominada zero click que no requiere abrir ningún enlace y que actúa sin ser detectada.

La mediación de Israel

Solo 48 horas más tarde, un avión privado israelí vinculado a la compañía NSO Group aterrizó en Málaga para tratar el asunto. De esa forma comenzó una intensa ronda de contactos con la inteligencia española para conseguir contener los daños, según el testimonio recabado por THEOBJECTIVE. Sánchez reclamó a Israel sin éxito el material que Marruecos extrajo de su móvil. Los emisarios del presidente del Gobierno llegaron a volar a Tel Aviv para conocer qué datos usurparon de los 2,6 gigas que habían extraído del teléfono, aunque nunca recibió esa información.

Para cerrar la crisis, emisarios de Marruecos y España se reunieron en dos ocasiones en enero de 2022, una en Marrakech y otra en Málaga. El reino alauita se comprometió a que el material obtenido mediante la infección de los dispositivos de Sánchez y de tres ministros no sería utilizado contra sus intereses. Solo dos meses después de esos encuentros, en marzo, se produjo el giro histórico de la postura tradicional española sobre el Sáhara Occidental.

La mediación de las autoridades israelíes resultó vital para cerrar el caso cuatro meses antes de que la Abogacía del Estado denunciara. Sin embargo, nunca respondieron a los requerimientos de la Audiencia Nacional. Calama emitió cuatro comisiones rogatorias a Israel sin resultado: el 10 de mayo y el 7 de junio de 2022, el 18 de abril de 2023 y el 16 de junio de 2024. Ese escenario llevó a Calama a archivar la causa al no encontrar el autor o los autores de los hechos, tal y como establecen los artículos 779.1.1ª y 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El magistrado explica en su último auto que la solicitud de cooperación jurídica internacional «reiteradamente emitida» tenía por objeto requerir información a NSO Group y una declaración testifical a su CEO al considerar «imprescindible» determinar la identidad de las personas que participaron en el espionaje de Sánchez, que el juez considera que comenzó en octubre de 2020. Sin embargo, fuentes de inteligencia explican a este diario que se trata de «un falso positivo».

Cuatro comisiones rogatorias

En su último auto, Calama mostró su «frustración» por «la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel». El magistrado incluso acusó a las autoridades hebreas de incumplir varios convenios internacionales. Esa falta de cooperación le llevó a archivar la investigación en julio de 2023, aunque la reabrió unos meses después para incorporar la información facilitada por Francia en el procedimiento que seguía por la infección con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, diputados y miembros del gobierno francés.

El origen del caso Pegasus se remonta a abril de 2022, cuando un laboratorio de la Universidad de Toronto denunció el espionaje de 65 teléfonos de políticos, abogados y representantes de la sociedad civil vinculados al independentismo catalán. Semanas más tarde se descubrió que también habían sido espiados activistas, entre ellos defensores de los derechos humanos en el Sáhara. El Gobierno reveló en mayo que también había sido infectado el teléfono de Sánchez e interpuso una querella ante la Audiencia Nacional.