Isabel Pardo de Vera eliminó de su móvil datos clave sobre las mascarillas, según la UCO
Los agentes tuvieron que reconstruir las comunicaciones y actuaciones de los terminales incautados
Ilustración con Isabel Pardo de Vera.
Isabel Pardo de Vera tenía relación con la trama de las mascarillas. Esta es la conclusión más importante que se puede sacar del oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la Audiencia Nacional. Los agentes han concluido que parte del contenido de los dispositivos móviles intervenidos a Isabel Pardo de Vera correspondiente al periodo bajo investigación fue eliminado. En el texto se señala que el análisis forense de los dispositivos reveló la ausencia de información relevante vinculada a los hechos investigados.
Según los agentes, esta circunstancia obligó a los investigadores a reconstruir las comunicaciones y actuaciones acudiendo a los terminales y dispositivos incautados a otros investigados en la causa. La UCO subraya en el oficio que la eliminación de esos datos afecta precisamente al tiempo en concreto en el que se adjudicaron los contratos de las mascarillas bajo sospecha.
El oficio, fechado el 24 de febrero de 2026, se enmarca en las diligencias abiertas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En ese contexto, los agentes describen la participación de Pardo de Vera —entonces presidenta de ADIF— en los hechos relacionados con la adjudicación de contratos de material sanitario durante los primeros compases de la pandemia.
Relación directa entre Pardo de Vera y Koldo
La UCO no se limita a señalar la eliminación de datos. También reconstruye una secuencia cronológica de comunicaciones que sitúa a Pardo de Vera en contacto directo con Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, en fechas clave. Según el informe, el 26 de marzo de 2020 se produjo un intercambio de correos entre ADIF y la mercantil Soluciones de Gestión, empresa que resultaría adjudicataria del contrato de mascarillas. Minutos después, Koldo se puso en contacto con la entonces presidenta de ADIF, en una cadena de mensajes que, para los investigadores, evidencia que la empresa ya estaba siendo canalizada antes de que la adjudicación se hiciera pública.
Al día siguiente, 27 de marzo, se produjo un nuevo intercambio de mensajes relativos a la factura proforma y a la necesidad de formalizar el pago. En uno de ellos, Pardo de Vera trasladó que la documentación estaba firmada y que solo faltaba un trámite para proceder al ingreso. Para la Guardia Civil, estos mensajes revelan una implicación directa en la tramitación económica del contrato, más allá de una intervención meramente institucional.
El informe también incorpora una tabla comparativa de ofertas manejadas en marzo de 2020, en la que se reflejan distintos precios por unidad de mascarilla. Soluciones de Gestión ofertaba a 2,50 euros por unidad, mientras que otras empresas presentaban precios inferiores, de 2,10 e incluso 1,80 euros. Los agentes consideran relevante este extremo porque cuestiona que la adjudicación respondiera exclusivamente a criterios económicos o de urgencia.
Además, la UCO conecta esta adjudicación con el entorno de Víctor de Aldama, señalado como uno de los vértices de la trama. El oficio recuerda que Aldama mantenía una relación estrecha con Koldo García y que se han detectado pagos periódicos y movimientos patrimoniales coincidentes en el tiempo con las adjudicaciones bajo investigación. La Guardia Civil expone que el análisis patrimonial refleja un incremento significativo de operaciones en efectivo y adquisiciones de bienes tras la formalización de contratos públicos.
En paralelo, el juez autorizó en junio de 2025 la entrada y registro en domicilios vinculados a Pardo de Vera, con la incautación de nueve dispositivos electrónicos y diversa documentación. Es precisamente en el análisis de ese material donde los agentes detectaron la eliminación de contenidos correspondientes al periodo investigado. Ante esa circunstancia, el equipo investigador ha tenido que apoyarse en los mensajes conservados en los teléfonos de otros implicados para recomponer la secuencia de hechos.
El oficio no formula acusaciones formales, pero sí consolida una línea de investigación que sitúa a la expresidenta de ADIF en el epicentro de las decisiones adoptadas en torno al contrato de mascarillas. La eliminación de datos, la reconstrucción de comunicaciones cruzadas y la cronología detallada de los intercambios refuerzan la tesis de que la adjudicación estuvo precedida de contactos y gestiones internas. El informe, en definitiva, eleva el grado de implicación que hasta ahora se atribuía a Pardo de Vera y estrecha el cerco judicial en torno a la gestión de los contratos de emergencia durante la pandemia.