La víctima del DAO pide explicaciones a Interior por favorecer al comisario que la presionó
Marlaska le recoloca en la Policía Científica pese a que la querella afirma que le ofreció un destino a cambio de su silencio

Marlaska habla con el exDAO en unos premios en octubre de 2018. | Ricardo Rubio (EP)
«Estupefacta». Así se ha quedado la agente que acusa de violación al exDAO José Ángel González Jiménez tras conocer el nuevo puesto del que fuese asesor de su presunto agresor. El Ministerio del Interior ha recolocado en la Comisaría General a Óscar San Juan, citado en la querella por sus presuntas coacciones a la víctima. El comisario fue cesado como asesor un día después de que dimitiera de su puesto el número dos de la Policía Nacional. El abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, señala que ha pedido una explicación al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, con el que había abierto una vía de comunicación permanente.
Fuentes policiales explican a THE OBJECTIVE que San Juan, como comisario en activo, debe estar asignado a un puesto. Como avanzó OKDiario, el antiguo asesor del exDAO asumirá la jefatura de la Brigada de Coordinación Operativa de la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica de la Comisaría General de Policía Científica. En la práctica, será el número tres de la sección. Se trata de un cargo discreto, pero clave, ya que supervisará las investigaciones y sus pertinentes informes.
El abogado de la inspectora ya ha mostrado su malestar al departamento de Marlaska. «Mi clienta quiere una explicación, pero la duda sigue siendo si se trata de un puesto de libre designación o si consigue el puesto gracias a una baremación. Hemos advertido al ministro porque se trata de una persona que tenía mucho poder, era el brazo ejecutor [de las decisiones del exDAO]». A pesar de que el nombre de San Juan aparece en la querella, no se está investigando al comisario.
Un puesto para silenciarla
Aun así, los sindicatos policiales han censurado que la Dirección General no le haya abierto un expediente disciplinario al mando tras la decisión que tomó el ministro de cesarlo por su supuesta implicación en los hechos. Según explican fuentes policiales, el reglamento estipula que, ante la más mínima sospecha, el cuerpo debe abrir una información previa y suspender de empleo y sueldo al agente como medida cautelar, mientras investiga hasta dónde alcanzar su implicación en los hechos.
La inspectora revela que desde que sufrió la presunta violación, en abril del año pasado, hasta que interpuso la querella en julio, sufrió coacciones de forma directa por el querellado e indirecta por otros mandos para que no denunciara. Entre ellos, San Juan, que le habría contactado en cinco ocasiones y le ofreció un puesto para evitar que trascendiera lo sucedido. El exDAO también habría maniobrado para mandarla a un destino dorado en el extranjero. Sus presiones habrían concluido cuando la inspectora pidió la baja laboral en julio.
El exDAO tendrá que declarar el próximo 17 de marzo ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, David Maman. Está imputado por cuatro delitos que suman 24 años de prisión: agresión sexual con penetración a una subordinada, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Todos ellos con el agravante de abuso de autoridad.
«Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión», insiste la querella.
Coacciones del exDAO
La presunta violación se remonta al 23 de abril del año pasado. La víctima, de guardia ese día, relata en la querella que recibió la orden de acudir con un vehículo camuflado a un restaurante en el que se encontraba el exDAO. Este le habría ordenado que le trasladara a su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior, donde se habría producido una agresión sexual con penetración.
Una de las pruebas que ha aportado es un audio de más de 40 minutos en el que la inspectora se niega hasta en tres ocasiones a mantener relaciones sexuales con González Fernández, con el que había mantenido una relación en el pasado. La presunta víctima asegura que el exDAO utilizó «recursos materiales y humanos del Cuerpo para mantener contacto y control». Una empresa en la que habría tirado de San Juan. Las presiones concluyeron cuando la inspectora pidió la baja laboral en julio.
La agente comunicó a la entonces subdirectora Gema Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, aunque no le especificó el motivo. Las fuentes consultadas aseguran que la actual DAO en funciones la recibió tras conocerse la noticia de su querella y que todo este tiempo se ha mostrado muy empática. De hecho, la llama cada día para interesarse por ella e incluso se ha implicado en la organización de su escolta. Sin embargo, la decisión de recolocar a San Juan ha caído como un jarro de agua fría.
Este diario relató el sábado en exclusiva que la Policía incumplió su propio protocolo y paralizó el proceso interno que debía haber puesto en marcha después de que la inspectora cogiese la baja laboral tres meses tras la presunta violación. Fuentes policiales afirman que la presunta víctima debía haber sido entrevistada por un equipo especializado de psicólogos en un plazo máximo de cinco semanas para hacerle una valoración, algo que nunca ocurrió.

