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Tribunales

Julio Iglesias inicia los trámites para querellarse contra 'eldiario.es' por injurias y calumnias

La defensa sostiene que se produjo una «grave lesión de los derechos fundamentales al honor y a la intimidad»

Julio Iglesias inicia los trámites para querellarse contra ‘eldiario.es’ por injurias y calumnias

Julio Iglesias, en una imagen de 2012. | EP

Julio Iglesias ha iniciado los trámites para querellarse contra eldiario.es por publicar el testimonio de dos antiguas empleadas que le acusaban de agresión sexual. La defensa del cantante ha presentado una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por los delitos de «injurias con publicidad y calumnias», según el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. «El medio admite haber construido la denuncia que posteriormente difundió con un profundo desprecio hacia la verdad», afirma la demanda de Iglesias registrada este lunes.

La acción legal se dirige contra Ignacio Escolar (director de eldiario.es), Juan Luis Sánchez (subdirector), Ana Requena Aguilar (redactora jefa de Género), María Ramírez (subdirectora) y Elena Cabrera (redactora jefa de Cultura), además de contra la empresa El Diario de Prensa Digital S.L.

El escrito de 33 páginas sostiene que los periodistas implicados habrían intervenido en «la elaboración de un montaje periodístico que supuso una grave lesión de los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la imagen y a la presunción de inocencia». La defensa sostiene que el periódico elaboró un «montaje periodístico que supuso una grave lesión de los derechos fundamentales» del cantante.

La defensa sostiene que el periódico elaboró un «montaje periodístico que supuso una grave lesión de los derechos fundamentales» del cantante.

El texto considera que esta acción fue «concertada por una pluralidad de personas, algunas ajenas a la profesión de periodista, para crear y difundir a través de un medio de comunicación, noticias y opiniones gravemente difamantes, injuriosas y calumniosas».

El origen del conflicto se remonta a la información publicada el 13 de enero de 2026 por eldiario.es, con la que iniciaba un serial sobre supuestas agresiones sexuales cometidas por Iglesias. El escrito judicial describe esa publicación como el punto de partida de una campaña en la que «se publicaron, a sabiendas de que no se había comprobado su veracidad».

Actrices profesionales

Uno de los aspectos que más se enfatizan es la utilización de actrices profesionales en los vídeos que acompañaban las informaciones. El propio medio reconoció que «para evitar que se las pueda reconocer, la voz que se escucha en ellos no es la suya», así como que «se decidió doblar sus voces con las de otras mujeres con timbres que no se parecieran a los de ellas». La demanda considera esta práctica como «un caso sin precedentes en el periodismo español» que «choca frontalmente con la ética de dicha profesión».

El escrito también cuestiona la creación dentro del diario de un espacio titulado «Investigación Julio Iglesias». A su juicio, su configuración «impide un correcto conocimiento de los hechos desde un prisma de objetividad», ya que prioriza las noticias acusatorias frente a aquellas que informan del archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía, donde «ni siquiera se le atribuyó la condición de sospechoso».

4.400 publicaciones en tres días

El documento judicial también destaca la enorme dimensión del perjuicio reputacional sufrido por Julio Iglesias. Cabeceras internacionales como The Guardian, Le Monde, The New York Times, Der Spiegel, Clarín, The Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Times, Reuters o BBC difundieron la información, generando más de 4.400 publicaciones en todo el mundo en apenas tres días.

La demanda concluye solicitando que los demandados reconozcan «el comportamiento ilícito y el daño producido», procedan a rectificar públicamente las informaciones, cesen de inmediato en esa conducta y eliminen todos los contenidos difundidos.

Por último, la defensa del artista, encabezada por el penalista José Antonio Choclán, reclama también una indemnización solidaria que abarque tanto los daños patrimoniales como los morales, así como «la cesión al perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos».

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