El alto cargo de Ribera detenido exigía que todas las licencias de Forestalia pasaran por él
Trabajadores de Transición Ecológica afirman que aprobaba sus proyectos «sin apenas trabas administrativas»
La exministra Teresa Ribera y el dueño de Forestalia. | Ilustración de Alejandra Svriz
Forestalia tenía alfombra roja en el Ministerio de Transición Ecológica. Fuentes del departamento explican que un alto cargo durante la etapa de Teresa Ribera, detenido este martes por amañar presuntamente permisos medioambientales, exigía que todo lo relativo a la empresa de Fernando Samper pasara por sus manos, lo que facilitaba la aprobación de sus proyectos. Una vez que Eugenio Domínguez abandonó el puesto de subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, todas las declaraciones de impacto ambiental solicitadas por esa sociedad fueron rechazadas, aseguran las mismas fuentes.
La Guardia Civil detuvo este martes a seis personas vinculadas a una trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos en la provincia de Teruel (Aragón). Entre los arrestados se encuentra Domínguez. Los investigadores consideran que habría amañado permisos a favor de Forestalia. Durante la Operación Perserte se han realizado 12 registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza. El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel investiga delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Domínguez se convirtió en subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental al final del mandato de Isabel García Tejerina (PP), pero Ribera lo mantuvo tras ser nombrada ministra en junio de 2018. El ex alto cargo detenido se jubiló en junio de 2023, pero, para evitar su salida del Ministerio, la actual comisaria europea lo contrató como asesor de nivel 30 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Los investigadores le consideran clave en la autorización de permisos a Forestalia para construir grandes proyectos energéticos, especialmente, en Teruel.
Premiado por Ribera
Trabajadores de Transición Ecológica aseguran a THE OBJECTIVE que con Domínguez en la subdirección de Calidad y Evaluación Ambiental salían adelante «todas las licencias de Forestalia sin apenas trabas administrativas». Las mismas fuentes revelan que exigía que todos los permisos relacionados con la empresa pasaran por sus manos. La situación cambió cuando dejó el cargo. Desde ese momento, todas las declaraciones de impacto ambiental solicitadas por Forestalia habrían sido rechazadas.
La actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, subrayó este mismo martes en el Senado que Domínguez dejó de trabajar en el Ministerio hace más de dos años. La dirigente socialista explicó que se había enterado de su arresto por los medios de comunicación y aclaró que no dispone de más información. Aunque expresó «máxima colaboración», no se ha iniciado ninguna investigación interna, según ha podido saber este diario.
La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Según los indicios recabados por los investigadores, Domínguez, uno de los altos cargos en el Ministerio de Transición Ecológica en la etapa de Ribera, pudo influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales, tal como adelantó este diario.
La Guardia Civil apunta a que sus actuaciones habrían beneficiado a Forestalia. Domínguez habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica por parte de la empresa aragonesa. Para mover ese dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas. Se habrían valido también de la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.
Efectos en el entorno
Los investigadores también examinan si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, entre ellos la afección a la avifauna y los quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo. Los agentes medioambientales mantienen abierta la operación y no descartan más detenciones.
Este diario ya avanzó en diciembre que la Justicia de Aragón estaba investigando presuntos delitos medioambientales en un proyecto eólico de Forestalia en Teruel. Durante la investigación, los agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil hicieron el pasado mes de julio distintas pesquisas en la comarca del Maestrazgo, donde Forestalia preveía la implantación de molinos de viento para construir el mayor parque eólico promovido en España.
Los agentes se desplazaron a distintas localidades de la comarca para requerir información a los ayuntamientos afectados por la creación de los 22 parques eólicos. También examinaron con drones las zonas en las que se instalarán los mismos. Varios particulares y asociaciones denunciaron infracciones en los informes de impacto ambiental aprobados por Transición Ecológica. El departamento liderado entonces por Ribera dio luz verde a instalar 84 aerogeneradores en espacios protegidos por la Red Natura y otros 91 en «zonas de sensibilidad máxima en uno de los sitios menos adecuados de Aragón».
Forestalia presentó el proyecto a principios de 2021 con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. En septiembre de ese año remitió la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental a Transición Ecológica, de quien dependía aprobar el proyecto. El Gobierno autorizó la declaración en diciembre, pero no la inclusión de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo abrieron la veda para interponer las denuncias. Sin embargo, la Justicia rechazó paralizar las obras de manera cautelar.