Condenan a una teniente coronel por enchufar en su hospital a la profesora de inglés de su hijo

El Juzgado Togado Militar Central número uno ha condenado a la teniente coronel médico Ruth Obregón a once meses de prisión por dos delitos contra el patrimonio en el ámbito militar y extralimitación en el ejercicio del mando durante su etapa como jefa de Recursos Humanos dentro del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, según revelan fuentes militares jurídicas a THE OBJECTIVE. También se le ha impuesto una multa de 60.000 euros por contratar durante seis años como celadora en el centro hospitalario a la profesora de inglés de su hijo.

Obregón estuvo hasta principios de 2020 de jefa de personal en el Gómez Ulla y fue destituida dos semanas antes de la crisis de la primera ola de coronavirus. La Fiscalía pedía dos años y ocho meses de cárcel contra ella y una condena pecuniaria de 104.013,43 euros. La teniente coronel, que en la actualidad se encuentra en la reserva, ha recurrido el fallo ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, por lo que la sentencia aún no es firme. Este diario se puso en contacto con la militar para recabar su opinión, pero declinó hacer comentarios.

El escrito de acusación se presentó en noviembre de 2023. En el texto, al que tuvo acceso este diario, se enumeraban los «hechos susceptibles de reproche e imputables» a esta oficial para el posterior juicio, que se celebró a finales del año pasado tras varios retrasos debido a la parálisis de la Justicia militar por culpa de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se arrastraba ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP.

La fiscal del caso señaló entonces que la militar «realizó toda una serie de conductas extramuros de los cauces legales permitidos aprovechándose del destino que ocupaba» en el Gómez Ulla. En primer lugar, relató la mencionada contratación como celadora desde 2014 a 2020 de G.A.Z., la profesora de inglés de su hijo, mediante contratos que se fueron concatenando hasta que la sustituta de Obregón, la teniente coronel Eva Gálvez, la localizó un día «toda vez que había oído hablar de ella, pero nunca la había visto en el hospital». A raíz de esta indagación, G.A.Z. remitió de inmediato un correo electrónico al Gómez Ulla en el que renunció al puesto de trabajo ese mismo día, alegando para ello «motivos personales».

La coronel auditor del Tribunal Militar Central subrayó que esta profesora «estuvo en nómina como celadora» desde el 1 de julio de 2014 hasta el 29 de febrero de 2020, «pese a no ocupar puesto alguno en el hospital; ni poseer claves para acceder a los sistemas ni correo corporativo; ni tener una jornada laboral; ni acudir al hospital» durante esos seis años.

G.A.Z. recibió, por tanto, un sueldo sin pisar el Gómez Ulla con el agravante de percibir «de forma indebida, todos los meses, además del salario, el complemento de noches». Por ello, la fiscal exigió que se reclamase a la procesada lo abonado por el hospital a esta persona en concepto de responsabilidad civil y que procediese a la «restitución al Estado» de esos más de 100.000 euros. La defensa de Obregón replicó que las partes no habían tenido acceso a las nóminas durante la instrucción pese a las reiteradas peticiones en este sentido, aunque la propia fiscal indicó en su escrito que se requiriese al hospital dicha lista antes de la primera audiencia.

Hubo una segunda contratación «irregular» en el escrito de acusación, la de la hermana de la encausada, quien pasó «de personal estatutario temporal» a indefinida en poco más de un año «en virtud de distintos nombramientos». Se trata de la doctora Patricia Obregón, que empezó también en 2014 con un primer contrato de seis meses «arguyéndose necesidades urgentes del servicio en relación al screening prenatal, técnicas inmunológicas de rastreo y diagnóstico preventivo de tumores». Si bien tenía la titulación requerida, la fiscal militar cuestionó la forma en la que luego consiguió una plaza indefinida en el Gómez Ulla un año después.

Primero hubo una convocatoria de la misma, que «se publicitó mediante un papel» colgado durante seis días en el pasillo de Recursos Humanos con las exigencias para ocupar de forma temporal el puesto en la unidad de alto nivel de aislamiento (NBQ). Solo hubo dos candidatas, la hermana de la jefa de Personal y «una enfermera que no cumplía ninguno de los requisitos exigidos». Una vez conseguida la plaza al no tener rival, Ruth Obregón firmó en noviembre de 2015 un escrito dirigido a un superior, el subdirector general de Personal Civil, en el que «unilateralmente» modificó las condiciones del contrato de su familiar directo para que quedase «de forma indefinida en el Hospital Central de la Defensa».

La fiscal incidió en las «irregularidades detectadas en el régimen de nombramientos del personal estatutario temporal», en la que la acusada hizo uso «de criterios muy personalizados y alejándose de las disposiciones reguladoras de este tipo de materia» en su condición de jefa de Personal. Tras ello, entró de lleno en «la ausencia frecuente de su puesto de trabajo», así como en el «incumplimiento» del horario estipulado «muchos de los días en que sí que acudía al hospital».

La responsable de Recursos Humanos del Gómez Ulla se amparó de inicio «en una flexibilidad horaria» y después, al comprobar que no era cierto, «en una reducción de jornada por hijo sin disminución de reducciones». Cuando el entonces director del centro hospitalario, el general Miguel Fernández Tapia-Ruano, le requirió la autorización por escrito de ello, la oficial respondió que «en realidad no la tenía, pues nunca la había solicitado, pero que había llegado a acuerdos verbales con anteriores directores del hospital», aunque todos ellos negaron tal extremo en sus interrogatorios durante la fase de instrucción y luego durante el juicio.

La defensa de la teniente coronel incorporó una copia de una resolución de noviembre de 2016, «sin número de referencia», que estaba firmada por el predecesor de Fernández Tapia-Ruano, el general Fernando Jordán, y en la que supuestamente se concedía a Obregón la reducción de la jornada laboral «al menos un 50% y con retribución íntegra por un hijo con enfermedad grave hasta que el menor cumpla los 18 años».

Posible falsificación de la firma

Sin embargo, el Gómez Ulla no tiene en sus archivos «acuerdo alguno» a favor de la acusada, «ni solicitud de la petición de la concesión de reducción», puntualizó la coronel auditor en su auto de acusación. En el área de Relaciones Laborales tampoco apareció «ningún expediente ni solicitud» que acredite esa resolución de Jordán, por lo que sugirió que se trataba de un documento en el que se falsificó la firma del director del hospital.

Las citadas fuentes subrayan que apenas hay precedentes de una condena penal a un oficial de la Sanidad militar. La última data de 2009, cuando la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión al general médico Vicente Navarro y a 18 meses al capitán médico Miguel Sáez —junto al comandante José Ramírez— por las identificaciones erróneas de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42. El primero falleció antes de entrar en prisión y los otros dos oficiales fueron indultados en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.