Dos tramas cercan a Teresa Ribera por la concesión de licencias cuando era ministra
La detención de un subordinado por amañar permisos a favor de Forestalia se une a la polémica licencia de Villafuel
Teresa Ribera en unas jornadas en Teruel en noviembre de 2021. | Javier Escriche (EP)
La concesión de licencias está camino de convertirse en un dolor de cabeza para Teresa Ribera. La Justicia investiga dos permisos administrativos que se otorgaron durante su etapa como ministra. Su jefe de Gabinete entonces, Marc Pons, ha tenido que declarar en la Audiencia Nacional como testigo en el caso hidrocarburos por sus conversaciones con Koldo García para, supuestamente, acelerar la licencia de operador de hidrocarburos de Villafuel. Otro subordinado durante su paso por el Ministerio de Transición Ecológica fue detenido este martes por amañar presuntamente permisos a favor de Forestalia.
La licencia como operador de hidrocarburos que obtuvo Villafuel en septiembre de 2022 arrojó las primeras sombras sobre la etapa de Ribera al frente de Transición Ecológica. Las dudas de su gestión se han extendido este martes, cuando la Guardia Civil ha detenido a un antiguo alto cargo del Ministerio. Los investigadores consideran que Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, habría amañado permisos medioambientales a favor de proyectos de Forestalia.
Domínguez accedió a ese puesto al final del mandato de Isabel García Tejerina (PP), pero Ribera lo mantuvo tras ser nombrada ministra en junio de 2018. Se jubiló en junio de 2023, pero, para evitar su salida del Ministerio, la actual comisaria europea lo contrató como asesor de nivel 30 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, según avanzó El Mundo. Los investigadores le consideran clave en la autorización de permisos a Forestalia para construir grandes proyectos energéticos, especialmente, en la provincia de Teruel.
Un subordinado de Ribera
Empleados de Transición Ecológica aseguran a THE OBJECTIVE que con Domínguez en la subdirección de Calidad y Evaluación Ambiental salían adelante «todas las licencias de Forestalia sin apenas trabas administrativas». Las mismas fuentes revelan que el ex alto cargo exigía que todos los permisos relacionados con las empresas de Fernando Samper pasaran por sus manos.
La situación cambió cuando Domínguez, uno de los seis detenidos por la Guardia Civil este martes, dejó el cargo. Desde ese momento, todas las declaraciones de impacto ambiental solicitadas por Forestalia habrían sido rechazadas. Durante la Operación Perserte se han llevado a cabo 12 registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza. El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel investiga delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Según los indicios recabados por los investigadores, Domínguez, uno de los altos cargos en el Ministerio de Transición Ecológica en la etapa de Ribera, pudo influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales, tal como adelantó este diario.
La Guardia Civil apunta a que sus actuaciones habrían beneficiado a Forestalia. El ex alto cargo de Transición Ecológica habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica por parte de la empresa aragonesa. Para mover ese dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas. Se habrían valido también de la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación. No son las únicas licencias administrativas bajo sospecha en la etapa de Ribera como ministra.
La licencia de Villafuel
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga un presunto fraude de 231 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos de una trama que tendría como «codirectores» a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. La empresa clave, Villafuel, obtuvo la licencia de operador en septiembre de 2022. Los investigadores han constatado mensajes y encuentros para acelerar los trámites entre los interesados y los jefes de gabinete de Ribera y la entonces ministra de Turismo Reyes Maroto. Unas labores en las que habría mediado Koldo García.
El asesor ministerial de José Luis Ábalos escribió al jefe de Gabinete de Ribera, Marc Pons, el 8 de abril de 2021, dos meses después de que los socios de Aldama se reunieran con el jefe de Gabinete de Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, para abordar la licencia de Villafuel. Koldo García le envió una fotografía en la que aparecía el número de expediente y varios documentos relativos a la empresa, que había pedido convertirse en operador en enero de ese año. El actual portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento balear no respondió.
Koldo García volvió a las andadas meses más tarde, cuando pidió ver a Pons para entregarle documentación presuntamente relacionada con la licencia. «Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud», escribió el asesor de Ábalos el 8 de julio de 2021 al jefe de Gabinete de Ribera. El dirigente balear reconoció ante Pedraz el pasado 28 de enero que mantuvo «cuatro o cinco encuentros» con Koldo García, pero lo desvinculó del permiso que solicitaban los socios de Aldama.
La gestión del departamento de Ribera con Villafuel genera dudas. El Gobierno recibió una alerta de que no cumplía las condiciones fijadas apenas ocho meses después de obtener la licencia como operador de hidrocarburos. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) advirtió en mayo de 2023 por escrito al director general de Política Energética, Manuel García Hernández, de que la empresa superaba en un 882% la previsión de ventas aprobada por Transición Ecológica.
La licencia a Villafuel puso contra las cuerdas a Ribera seis días antes de celebrarse las europeas en las que concurría como cabeza de lista en la candidatura del PSOE. El 3 de junio de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió a Transición Ecológica que aportara el expediente completo de inscripción en el listado de operador al por mayor de productos petrolíferos. Un día más tarde, el subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles aportó un pendrive con 132 MB de información dividida en 11 carpetas.