Un subordinado de Teresa Ribera cobró 5,2 millones por beneficiar a Forestalia
La «contraprestación» se realizó a través de una empresa de su esposa, según la Guardia Civil
Teresa Ribera y el ex alto cargo detenido, Eugenio Domínguez. | Ilustración de Alejandra Svriz
Forestalia pagó 5,2 millones de euros al subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental durante la etapa de Teresa Ribera. Eugenio Domínguez fue detenido el pasado martes por el supuesto amaño de permisos a favor del gigante energético aragonés. La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil revela en un atestado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que la operación se habría efectuado a través de la empresa de la mujer del ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica. Los agentes sospechan que responde a una «contraprestación» a cambio de otorgar autorizaciones ambientales a los proyectos de energía renovable de la empresa de Fernando Samper «a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales».
Los investigadores consideran que esta no sería la única mordida. El informe adelantado por Heraldo de Aragón sostiene que Domínguez también habría recibido acciones de las renovables que aprobaba. La Ucoma le imputa la cesión de participaciones de las sociedades de los parques eólicos de Forestalia. Un total de 33 repartidos entre las provincias de Zaragoza y Teruel.
Los contratos de compraventa se firmaron durante 2023, pero no se elevaron a escritura pública para mantenerlos «ocultos», lo que eludió los mecanismos de transparencia que hubieran permitido conocer las transacciones realizadas por Forestalia. El atestado señala que «por el mismo motivo no se conocen las cantidades apalabradas ni la cantidad de participaciones adquiridas». Las operaciones habrían tenido lugar el mismo año en el que se jubiló Domínguez.
Las licencias de Forestalia
El ex subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental cumplió la edad reglamentaria en junio de 2023, pero siguió unos meses más en el Ministerio. Para evitar su salida, Ribera, actual comisaria europea, le contrató como asesor hasta diciembre. Los investigadores le consideran clave en la autorización de permisos a Forestalia para construir grandes proyectos energéticos, especialmente, en Teruel.
Empleados de Transición Ecológica relatan a THE OBJECTIVE que Domínguez exigía que todas las cuestiones de la empresa de Samper pasaran por su mano. Las mismas fuentes indican que concedía «todas las licencias de Forestalia sin poner trabas administrativas». La situación cambió cuando dejó el cargo. Desde ese momento, todas las declaraciones de impacto ambiental solicitadas por el gigante energético habrían sido rechazadas.
El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel investiga delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos a favor de Forestalia y otros promotores. El juez Juan José Cortés autorizó la semana pasada una docena de registros en Madrid y Zaragoza y la detención de seis personas, Domínguez entre ellas.
El magistrado sostiene en un auto que existieron «comportamientos irregulares» en Transición Ecológica y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que también tuvo que posicionarse sobre los proyectos de las empresas de Samper. Entre ellos, el del Clúster del Maestrazgo, el más importante de los planeados en España hasta la fecha. Cortés sostiene que Forestalia habría creado un «entramado realmente complejo de empresas interpuestas para materializar las prestaciones económicas, haciéndolo de forma concertada y estable en el tiempo».
La empresa de su mujer
El Clúster del Maestrazgo obtuvo la autorización ambiental en julio de 2023. Los investigadores consideran que el subordinado de Ribera creó «un sistema de tramitación paralelo» al Ministerio de Transición Ecológica, para lo que derivó los expedientes de Forestalia a la empresa pública Tragsatec, donde podía ejercer una «supervisión directa». La Ucoma explica que, para canalizar las «contraprestaciones», Domínguez se valió de Estudio de Asesoramiento Dherco, una sociedad constituida ese mismo mes de julio de 2023 cuya administradora única es su mujer.
Los agentes destacan su «nula actividad comercial» y su objeto social, destinado al diseño y a la decoración de pisos y locales. También incluye la redacción de estudios de impacto ambiental de renovables. «Resulta técnica y lógicamente insostenible, salvo que su función real sea servir de pantalla para canalizar los pagos vinculados a Eugenio Domínguez», sostiene el atestado. Para los investigadores, la esposa del ex subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental tuvo un papel «clave» en la recepción de los fondos de Forestalia.
«(Desempeñó) un rol fundamental en la ocultación y blanqueo de capitales» al ser la administradora única de la mercantil que actuó como «pantalla para canalizar y ocultar las contraprestaciones», indica el atestado. La mujer fue una de las seis detenidas el pasado martes. Entre los arrestados también se encontraba el notario con el que se firmaron los documentos, que se habría negado a entregar los contratos privados por el que Domínguez y su esposa se hicieron con acciones de Caliope Smart Energy, del grupo de Samper.
Como apunta Heraldo de Aragón, a través de esta sociedad, la pareja se hizo con 509 participaciones de Babieca Investment Renewable en octubre de 2023. Dos meses más tarde, otra filial de Forestalia, Cemsal, hizo un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca. Cortés apunta en un auto a que ese préstamo «supone de forma directa un incremento patrimonial» de Domínguez y su mujer. El magistrado añade que eso permite deducir el pago de «contraprestaciones por los servicios realizados».
La compra de Viadós
Los investigadores sostienen que el antiguo subordinado de Ribera engrosó su patrimonio con participaciones en otras 15 sociedades de Forestalia, titular de 33 proyectos eólicos en Zaragoza y Teruel que tramitó al margen del Ministerio. «Se puede afirmar que Eugenio Domínguez ejercía sus funciones laborales redactando las declaraciones de impacto ambiental para proyectos cuyos promotores habían sido parcialmente traspasados a empresas de su propiedad», concluye la Ucoma.
Esta unidad especializada de la Guardia Civil también sospecha que Samper compró «por encima del valor de mercado» la consultora Viadós, fundada por el ex consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné y otros dos miembros de su equipo, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, a sueldo del gigante energético. La empresa fue constituida en 2015 y comenzó a trabajar para Forestalia, que la adquirió tres años más tarde. Se pactó un precio ante notario de cuatro millones en 2018, aunque finalmente se les abonó 443.531 euros más, según el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).