El juez del 'caso Forestalia' planea derivar la investigación a la Audiencia Nacional
Cortés ha citado a las partes este viernes para decidir si paraliza las obras del Clúster del Maestrazgo
El propietario de Forestalia, Fernando Samper. | Iustración de Alejandra Svriz
El caso Forestalia puede hacer las maletas a la Audiencia Nacional. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE señalan que el juez que instruye la causa, Juan José Cortés, baraja derivar la investigación a este órgano nacional al considerarle competente por su relevancia social, impacto económico y afectar a varias provincias. De momento, el magistrado ha citado a las partes este viernes para decidir en una vistilla si paraliza las obras de unos de los parques eólicos sobre los que indaga, el Clúster del Maestrazgo, el mayor proyectado hasta la fecha en nuestro país. La Guardia Civil y la Fiscalía han pedido detener de manera cautelar la construcción, que el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) tenía previsto comenzar este mismo mes.
El titular del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel abrió diligencias en junio de 2024, tras haber archivado la causa de otros «proyectos cuestionados», los parques eólicos Las Cuencas y Las Cerradas. Cortés recibió múltiples denuncias de ecologistas, vecinos, dirigentes políticos y formaciones como Teruel Existe que ponían en entredicho las adjudicaciones de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para parques eólicos y fotovoltaicos, la mayoría de ellos promovidos por Forestalia.
Las dudas sobre irregularidades administrativas se extienden sobre diferentes proyectos, tanto de competencia autonómica como estatal (los que superan los 50 megavatios). Entre todos ellos destaca el Clúster del Maestrazgo. Pero no solo. El halo de sospecha también incluye a otros parques como Matarraña, Sputnik, Canteras, Stev, Muniesa, Alfambra y Orrios. Cortés investiga delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Licencias de Forestalia
Las fuentes jurídicas señalan que el magistrado considera que la investigación compete a la Audiencia Nacional, por lo que podría derivar la causa en las próximas semanas. Se trata de un tribunal especial competente para delitos de gran impacto social, económico o terrorista con alcance nacional o, al menos, que concierna a varias provincias, como es el caso de muchos de los proyectos de energías renovables señalados. La Fiscalía ha remitido un informe a Cortés donde se muestra favorable a la inhibición de su juzgado.
El juez que instruye el caso Forestalia ha citado este viernes a las partes personadas en la causa para decidir si paraliza las obras del Clúster del Maestrazgo, como han solicitado reiteradamente los denunciantes. La Guardia Civil también se mostró a favor de esta decisión después de que viera la luz el atestado de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) que revela una presunta trama de corrupción para favorecer los intereses de la empresa de Fernando Samper con unas licencias que podrían acarrearle beneficios de cientos de millones de euros.
El fiscal solicita que se adopten medidas cautelares por los «daños» y «perjuicios medioambientales» que se podrían ocasionar. En el caso del Clúster del Maestrazgo, Forestalia podría llegar a dar un pelotazo de 500 millones tras su venta a CIP. El proyecto, que se extiende por las provincias de Teruel y Castellón, fue ideado a principios de 2021 con una inversión de 800 millones. La iniciativa incluye 20 parques eólicos con un total de 122 aerogeneradores de más de 200 metros de altura. De ellos, 84 se sitúan en la Red Natura 2000 y varias decenas en una Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima.
El informe ambiental desfavorable que emitió la Comunidad Valenciana obligó a Transición Ecológica a un hecho insólito: elevar el proyecto al Consejo de Ministros, que lo aprobó en julio de 2024. La causa tiene su origen en la posible manipulación de las DIA a favor de Forestalia, a la que se le llegó a aprobar autorizaciones en lugares protegidos que se negaron a otros promotores, como Green Capital. Y eso que decenas de sus aerogeneradores compartían ubicación. Cortes autorizó el pasado 3 de febrero una docena de registros en Madrid y Zaragoza y la detención de seis personas.
Contraprestaciones millonarias
Entre los arrestados se encontraban Samper; los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, a quienes la Guardia Civil considera sus testaferros; el notario Javier de Lucas y Cadenas, acusado de guardar en una caja fuerte «actas de depósito» de operaciones de compraventa de participaciones mediante contratos privados; Monserrat Heredero; y su marido, Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera.
Domínguez habría recibido 5,2 millones de euros de Forestalia como «contraprestación» a cambio de otorgar autorizaciones ambientales «a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales». Lo hizo a través de Estudio de Asesoramiento Dherco, una sociedad de su mujer constituida en julio de 2023. Un mes después de que se jubilara, aunque para evitar su salida, Teresa Ribera, actual comisaria europea, le contrató como asesor hasta diciembre. Teruel Existe ha pedido el cese o la dimisión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el que colaboró hasta diciembre de ese año.