La auditoría de Puente no detectó los fallos en el fichaje de Jésica que ahora admite Tragsa

La auditoría forense encargada por Tragsa para analizar el expediente relativo a Jésica Rodríguez concluye con un diagnóstico demoledor: la contratación por Tragsatec y el seguimiento de esta trabajadora estuvieron plagados de deficiencias en cada una de las fases del proceso, desde la selección inicial hasta la gestión de su actividad laboral cotidiana. La joven, que mantenía por aquel entonces una relación con el ministro José Luis Ábalos, llegó a reconocer en el Tribunal Supremo que no había hecho «nada» durante su paso por la empresa pública. El informe, que abarca proyectos desarrollados entre 2017 y 2024, pone sobre la mesa una cadena de fallos que, según los investigadores, recalca la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de supervisión y control interno de la empresa. Esas conclusiones contrastan con las de la auditoría interna encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que no halló irregularidad alguna en este proceso.

El primer gran foco de irregularidades se sitúa en la propia contratación. Según el informe, el cliente externo (ADIF) remitió un total de 102 currículums para cubrir distintos puestos en los dos proyectos analizados. Una cifra que los auditores interpretan como un indicio de discrecionalidad excesiva, capaz de comprometer los «principios básicos de libre concurrencia y objetividad «que deben regir cualquier proceso de selección en una empresa pública».

En el caso concreto de Jésica Rodríguez, los investigadores verificaron que todo el personal finalmente incorporado había sido previamente propuesto por el cliente, y que procedía de una empresa pública anterior en la que ya prestaba servicios para ese mismo cliente. Un patrón que, a juicio de la auditoría, refuerza las dudas sobre la imparcialidad del proceso.

A ello se suma un incumplimiento procedimental de especial gravedad: no consta que se realizara la preceptiva entrevista técnica para uno de los perfiles seleccionados, en vulneración directa de las instrucciones internas de la Dirección de Recursos Humanos.

Registros de jornada manipulados

El segundo gran bloque de conclusiones afecta al control de la actividad laboral. El informe detectó incidencias reiteradas en el registro horario de la trabajadora, que realmente no trabajó, a lo largo de toda la vigencia del contrato. Los sistemas internos de control llegaron a alertar de estas anomalías, pero no consta que los responsables de la unidad adoptaran medidas correctivas, ni efectivas ni en tiempo oportuno.

Especialmente llamativo resulta el análisis de los partes horarios del período comprendido entre marzo y septiembre de 2021. Todos ellos aparecen firmados o modificados por los dos responsables del proyecto. La auditoría detectó además que en septiembre de 2021, mes en que se extinguió el contrato de la trabajadora el día 1, no se registró ningún acceso de esta al sistema de gestión de partes. La conclusión de los investigadores es clara: ese parte horario habría sido elaborado directamente por uno de los responsables, sin intervención de la propia interesada.

El tercer eje del informe apunta a los fallos en la comunicación interna. Las irregularidades detectadas en los fichajes no fueron escaladas a instancias superiores de la organización. La información quedó retenida en el nivel de gerencia, impidiendo que llegara a la Presidencia y bloqueando así la posibilidad de tomar decisiones estratégicas a tiempo.

Para agravar la situación, la revisión documental realizada por Tragsa no encontró rastro del supuesto correo electrónico en el que se habría ordenado detener las exigencias y requerimientos sobre el control horario de la trabajadora. La ausencia de ese documento hace imposible verificar quién dio esa instrucción y con qué alcance, dejando en el aire una de las decisiones más sensibles de todo el expediente.

El informe concluye que Tragsa debe reforzar con urgencia sus procesos de selección, endurecer los controles sobre la gestión del personal y garantizar canales de comunicación interna que permitan detectar y corregir irregularidades antes de que escalen. Una radiografía que, más allá del caso individual, retrata debilidades estructurales en el funcionamiento de la empresa pública.

Puente no vio irregularidades

El pasado 28 de noviembre, Puente acudió a la Comisión de Investigación en el Senado sobre el caso Koldo para dar cuenta de las tareas que encargó internamente en el Ministerio, con el objetivo de detectar si se había producido algún tipo de fallo en la contratación de Jésica. Su conclusión fue contundente: el fichaje de la joven se produjo según «los procedimientos habituales». Algo que ahora desmonta por completo el informe de Tragsa.

«Sí he preguntado en relación con esos contratos, y han seguido los procedimientos de contratación habituales», insistió. «Es decir, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar en la existencia de ninguna ilegalidad. Si yo la hubiera detectado, no tenga ninguna duda de que habría procedido a formular la denuncia correspondiente. He preguntado, en base, fundamentalmente, a informaciones periodísticas, ‘oye, qué ha pasado’. Igual que el tema de los viajes, ‘alguien ha pagado algún viaje aquí’. Me han dicho que no hay ningún pago, no hay constancia de ningún pago, de ningún viaje, de ninguna persona, que no haya sido personal del Ministerio».