La Fiscalía pide 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA por contratar a Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA, Francisco González, en el marco de la pieza que analiza sus vínculos con el comisario José Manuel Villarejo. El Ministerio Público pide cinco años de prisión por un delito continuado de cohecho activo, además de cuatro años adicionales por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.

Esta petición llega después de que la Sala de lo Penal rechazara en su totalidad los once recursos de apelación interpuestos contra el auto que daba paso al procedimiento abreviado en la pieza separada número 9 del conocido como caso Tándem, según ha adelantado El País y confirmado EFE.

En el contexto de esta causa, el juez instructor Manuel García Castellón planteó llevar a juicio por delitos continuados de cohecho y de revelación de secretos tanto al BBVA como a su expresidente, Francisco González, junto a otras doce personas, entre directivos de la entidad y responsables policiales. La investigación apunta a la contratación del comisario José Manuel Villarejo y de su empresa, el Grupo Cenyt, para realizar encargos presuntamente ilegales entre 2004 y 2016.

Con esta decisión judicial, se confirma que tanto la entidad como González se sentarán en el banquillo, respaldando así la investigación iniciada en 2018. Entre los acusados figuran también el exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, el exconsejero delegado Ángel Cano y el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.

Ocho investigados, 11 sobreseídos

Asimismo, el magistrado propuso juzgar al exresponsable de Control Interno Eduardo Arbizu; al actual jefe de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega; al responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; al exdirector de Servicios Jurídicos para España y Portugal, José Manuel García; y al empleado de la entidad Óscar Santos.

También fueron procesados el socio de Villarejo, Rafael Redondo; el exinspector de Policía Antonio Bonilla; y un agente identificado con el número profesional 76.738. Por otro lado, el juez acordó el sobreseimiento para once investigados. Tras conocerse la resolución, fuentes jurídicas próximas a Francisco González han afirmado que «asume la decisión de la sala con tranquilidad».

De cara al juicio oral, señalan que tendrá la oportunidad de «esclarecer todas las dudas y demostrar con hechos su inocencia». Por su parte, BBVA ha subrayado que su prioridad «siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos». «BBVA siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad. A futuro, BBVA seguirá actuando con total determinación y diligencia bajo el liderazgo del Consejo de Administración, cuyos miembros no tienen conexión alguna con el caso», añade la entidad.

El fiscal Alejandro Cabaleiro sostenía en su escrito que la contratación por parte del BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, del que fuera comisario Julio Corrochano en septiembre de 2002, facilitó el contacto entre la entidad y antiguos compañeros del policía, entre ellos Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño.

«El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías», señalaba.

«Acceso indirecto a todos los registros policiales»

El Ministerio Público sostiene que esta situación permitía a Villarejo «entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuviesen acceso». «Conociendo Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, Villarejo, a través del denominado Grupo Cenyt -la empresa de Villarejo-, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal ‘anómalo e ilegal’ recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo», añadía Anticorrupción.

La Fiscalía también apunta que el propio González, «dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo». Además, para justificar la acusación contra el BBVA, el Ministerio Público defendía que el sistema interno de prevención de delitos «no puede calificarse de idóneo» porque «claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección».

Bajo el epígrafe de los mecanismos de control, la Sala coincide ahora con ese planteamiento. Rechaza el recurso presentado por BBVA y respalda la tesis de que el banco no desconocía los hechos investigados. En relación con el sistema de prevención, los magistrados consideran que no resultaba eficaz, ya que dejaba fuera de supervisión a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección, quienes, de forma indiciaria, habrían cometido los «delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA investigados».

Para la Sala, «no es irrazonable concluir, como hace el instructor, que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes eran obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas».

Asimismo, añade que todos estos indicios deberán valorarse de forma conjunta durante el juicio oral, sin que corresponda en este momento procesal determinar «cómo deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito, debiendo el análisis centrarse en la indiciaria constatación de que los que había no eran eficaces por las razones expuestas, aunque no las comparta la apelante, que la alta dirección estaba excluida del control».

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 173 años de prisión para Francisco González, insistiendo en que los hechos encajarían en un delito continuado de cohecho activo y en múltiples delitos de revelación de secretos con difusión a terceros.