Dolores Delgado naufraga en su primera investigación por torturas durante el franquismo

La Fiscalía naufraga en su primera investigación por torturas durante el franquismo. El Ministerio Público va a solicitar el archivo provisional de la denuncia interpuesta por falta de autor conocido. No obstante, se abre a emprender otras acciones judiciales, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil. La víctima sufrió violencia física y psíquica en Barcelona en los estertores de la dictadura. Las pesquisas realizadas por la Fiscalía en Barcelona y la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que lidera la exministra socialista Dolores Delgado, no han podido determinar la identidad de los autores materiales, por lo que se desconoce qué agentes de la Brigada Político-Social infringieron las palizas a la denunciante y a su hermana «causándoles secuelas de tipo traumático».

La Fiscalía explica en una nota a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que han concluido la investigación de la primera denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por una víctima de torturas durante el franquismo. El portazo de los jueces a investigar lo sucedido llevó a la delegación en Barcelona, en coordinación con la unidad que lidera Delgado, a abrir diligencias penales para investigar las torturas perpetradas por miembros de la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, en la Ciudad Condal.

Tras practicarse todo tipo de diligencias para esclarecer lo ocurrido, incluidas testificales, periciales y documentales, la Fiscalía reconoce que ha sido imposible determinar los autores de lo que considera un delito de torturas perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad. La denuncia relata que agentes de la llamada Brigada Político-Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión.

El ascenso de Delgado

El Ministerio Público considera que las torturas se perpetraron en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada. Por eso atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022.

La investigación se abrió tras la denuncia interpuesta por una víctima. Según su versión, recibió malos tratos físicos y psíquicos durante su detención por la Brigada Político-Social en febrero de 1977, en el marco de represión sistemática por motivos políticos impuesto por el franquismo, que ya languidecía. El dictador Francisco Franco había muerto año y medio antes.

Las víctimas del franquismo llevan cuatro décadas reclamando sin éxito que los jueces investiguen las torturas. En septiembre de 2024, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid archivó la querella de Julio Pacheco, la primera persona que declaró por estos hechos ante un juez en España. Los agentes de la Dirección General de Seguridad le detuvieron en agosto de 1975 acusado de participar en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.

Un mes más tarde, la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el archivo de una querella presentada por dos hermanos, Maribel y Josep Ferrándiz, que habían sufrido torturas en la Jefatura de la Policía Nacional de la Via Laietana en Barcelona. Los hechos ocurrieron en 1971, cuando el franquismo daba sus últimas bocanadas. La decisión llegó tres meses después de que un juzgado de instrucción archivara la causa con el argumento de que los hechos no podían juzgarse por estar amparados por la ley de amnistía de 1977.

Cientos de querellas archivadas

No son casos aislados. Las asociaciones memorialistas hablan de cientos de querellas archivadas. El juez que cerca a Begoña Gómez también investiga un caso de torturas durante el franquismo. Juan Carlos Peinado admitió a trámite en enero del año pasado la querella que presentó Carlos Serrano, que acusa a cinco policías de crímenes contra la humanidad por las palizas que sufrió en 1975.

Serrano fue detenido en dos ocasiones, en mayo y octubre de 1975, cuando apenas tenía 17 años. En ese momento estaba afiliado a la Liga Comunista y era un destacado activista universitario. Su oposición al franquismo le hizo dar con sus huesos a la Real Casa de Correos, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y actualmente sede de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez la convirtió el pasado octubre en Lugar de Memoria a pesar de las reticencias de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que llevó el asunto hasta el Tribunal Constitucional.

El franquismo convirtió Madrid en una inmensa cárcel. Con las instalaciones de La Modelo destruidas por la guerra y los reclusos hacinados en Porlier, el régimen decidió en 1940 levantar un nuevo penal en Carabanchel, ya derruido, y dedicar una veintena de edificios diseminados por la ciudad a centros de detención y tortura. El historiador Antonio Ortiz dedicó dos años en recopilar la información y ubicar esos lugares en un mapa. Desde entonces, solo un puñado han sido señalizados.

La Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática fue creada por la Ley de Memoria Democrática. La designación de Delgado, en junio del año siguiente, fue polémico, ya que su sucesor en la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, debió ascenderla a la máxima categoría fiscal. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento al apreciar «desviación de poder». También se argumentó un posible conflicto de intereses debido a su relación con Baltasar Garzón, que dirige una fundación destinada a los Derechos Humanos.