Forestalia presiona a los propietarios para acelerar sus proyectos ante la amenaza judicial

Forestalia acelera para construir sus proyectos ante la amenaza judicial de paralizarlos. Propietarios de terrenos privados en el Bajo Aragón, la mayoría agricultores y ganaderos, denuncian a THE OBJECTIVE presiones de la empresa de Fernando Samper para firmar los permisos de arrendamiento de sus parcelas. Vecinos de Andorra, un municipio de la provincia de Teruel, han trasladado a la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y a Teruel Existe su preocupación por el inminente inicio de las obras de tres parques fotovoltaicos cuyos derechos de desarrollo habría comprado el fondo de inversión Bruc. Acusaciones y Fiscalía han pedido al juez que adopte medidas cautelares.

El inicio de las obras estaba previsto para mediados de abril, pero el Ayuntamiento de Andorra comunicó la semana pasada a los propietarios de los terrenos que Forestalia pretendía comenzar de forma inminente la construcción de una subestación eléctrica y la línea aérea de alta tensión que evacuará la energía de tres plantas fotovoltaicas. «Ya han empezado a trabajar en la zona los topógrafos», señala un vecino de este pequeño pueblo de Teruel con 7.200 habitantes.

Los propietarios afectados han comenzado a recibir llamadas y visitas en las últimas semanas para convencerles de que firmen los documentos con los que se comprometen a ceder sus parcelas a los proyectos de Forestalia. Una parte del proceso tan importante como la concesión de licencias medioambientales o los permisos municipales. De momento la sangre no ha llegado al río, pero uno de los vecinos dice que el chantaje va in crescendo.

Las fotovoltaicas de Forestalia

«Te piden que colabores con el sistema o, de lo contrario, verás cómo tus parcelas se quedan aisladas en medio de un mar de cristal», se queja un agricultor sobre las presiones que viene sufriendo. Otro propietario asegura a este diario que en las últimas semanas han aumentado: «Insisten más de lo habitual porque tienen miedo a que la justicia avance y que caduquen las concesiones».

El gigante energético tenía previsto iniciar a mediados de abril la construcción de las plantas fotovoltaicas de Sedeis II, Sedeis VI y Tolocha I, además de la línea de alta tensión que las conecta. Son los únicos proyectos en los que habría finalizado el proceso de expropiación, que afecta a las localidades de Andorra, Híjar, Samper de Calanda, Castelnou y Escatrón (Zaragoza), según avanzó Diario de Teruel.

Forestalia proyectó 12 parques en la zona, todos de menos de 50 megavatios, por lo que la autorización depende del Gobierno regional. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), ahora bajo sospecha, otorgó las licencias ambientales años atrás. Los afectados afirman que la empresa de Samper sigue sin llegar a un acuerdo con una docena de propietarios, pero que el Ejecutivo de Jorge Azcón (PP) dio los permisos de expropiación forzosa «pese a los registros de la compañía en diciembre» por el caso SEPI.

Los afectados reprochan las prisas del gigante energético para iniciar las obras. Sospechan que detrás de esa urgencia se encuentra su situación judicial y la intención de Bruc de no perder la parte que ya ha abonado por la compra. «Si se demostrara cualquier culpabilidad de Forestalia […] los parques de Andorra quedarían tocados y posiblemente paralizados; pero si ya estuvieran hechos, sería mucho más complejo desmontarlos […] porque pertenecerían a otra empresa que no está en la causa judicial», indica Paisajes de Teruel en una nota.

Medidas cautelares

«Quieren correr por si hay una paralización cautelar y prescriben los plazos de la red eléctrica», se queja un agricultor afectado. En su opinión, el adelanto de las obras está relacionado con la investigación de las licencias de Forestalia que sigue el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel. El magistrado Juan José Cortés investiga delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El juez ha aplazado los plazos procesales hasta el 31 de marzo para que las partes estudien la documentación ante la complejidad de la causa. Las acusaciones han solicitado la adopción de medidas cautelares. En esa línea se ha mostrado la Fiscalía, que pide paralizar las obras por los «daños» y «perjuicios medioambientales» que podrían ocasionar los proyectos de Forestalia.

En el ojo del huracán se encuentra el Clúster del Maestrazgo, por el que la empresa de Samper podría dar un pelotazo de 500 millones tras su venta al fondo de inversión danés CIP. La iniciativa incluye 20 parques eólicos con 122 aerogeneradores, 84 de ellos en la Red Natura 2000. Propios y ajenos se preguntan cómo Forestalia pudo obtener los permisos medioambientales. Un misterio que desvelaron los atestados de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil.

Los investigadores señalan a ex altos cargos del Inaga y al subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, que habrían obtenido diferentes «contraprestaciones» por acelerar las licencias en favor de Forestalia. «La cesta de Navidad estaba para todo el mundo. Hay sobornos de mucho nivel», lamenta un agricultor afectado por la expropiación forzada. Se queja de que la empresa de Samper puede ocupar su propiedad desde hace días y critica a aquellos que han vendido Teruel.

«En el mundo rural nos van a quitar hasta los apellidos. Nos quitaron el carbón, la arcilla, la [piedra] caliza y ahora el suelo agrario. Lo llaman descarbonización y no es más que el enriquecimiento a costa de otros. No estoy en contra de las renovables, estoy en contra de la especulación y de este sistema perverso», subraya un agricultor afectado. Otro colega afirma con sorna que los proyectos que intenta acelerar Forestalia en el Bajo Aragón no son necesarios porque «ya hay producción para siete millones de personas; no sé si va a venir tanta gente a vivir en Teruel».