La Justicia madrileña deniega las cautelares a Airbnb, que tendrá que pagar 64 millones a Consumo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizar la sanción de 64 millones que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le impuso en diciembre de 2025 por infracciones en anuncios de alojamientos turísticos.

Así lo ha indicado este lunes en un comunicado el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, que indica que tras esta decisión la plataforma puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.

Consumo identificó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb, que fueron retirados de su plataforma en julio de 2025.

En concreto, el Ministerio aludía a prácticas comerciales desleales con personas consumidoras y usuarias al publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

También afirmaba que la plataforma publicaba anuncios de alojamientos turísticos indicando un número de licencia o registro que no se correspondía con la numeración utilizada por los registros, o bien publicaba anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo en publicidad engañosa.

Por estos dos motivos, Consumo impuso una sanción grave, cuyo importe ascendió a 63.980.311 euros, el equivalente a seis veces el beneficio «ilícito» obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas.

Las otras infracciones que se identificaron por Consumo fueron un incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento de uso turísticos que se publicitaba en esta plataforma.

También señalaba a Airbnb por obstruir o negarse a suministrar datos y facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección, ya que no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente.

Asimismo, el Ministerio consideró que también había habido un incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente.

Por estas tres infracciones, Consumo impuso a Airbnb tres nuevas multas que sumaron 75.000 euros en su conjunto.

Airbnb recurrió esta sanción a la justicia, lo que suspendió temporalmente la obligación de hacer frente al pago de la multa por un total de 64.055.311 euros.

Ahora, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechaza su solicitud de medidas cautelares, por las que pedía la suspensión del pago de la multa hasta que dictara sentencia.

«Ninguna empresa poderosa está por encima de la ley»

Bustinduy ha insistido en que ninguna empresa por grande o poderosa que sea está por encima de la ley y que la decisión del TSJM es importante y manda una señal.

«Cualquier operador económico que intente o pretenda lucrarse con la crisis que estamos viviendo (…) lo va a pagar, el Ministerio de Consumo va a hacer todo lo que esté en su mano», ha subrayado en una entrevista en TVE el ministro, que denuncia los intereses y la especulación de un «puñado de grandes operadores que se están forrando» con la crisis de vivienda.

Ha recalcado que «se puede meter mano» al problema de la vivienda y anteponer los intereses de la gente y de los inquilinos frente a aquellos grandes operadores que «se están lucrando con esta formidable crisis que acaban pagando las familias españolas».

En este sentido, ha afirmado que los pisos turísticos ilegales son una «afrenta» y una lesión directa al derecho constitucional a la vivienda.