Un capo de hidrocarburos monta un bar junto a la Audiencia Nacional para espiar a jueces
El empresario diseñó su estrategia tras enterarse de que la UDEF investigaba a sus socios por un presunto fraude
La Audiencia Nacional y, al lado y señalado con un círculo amarillo, el restaurante Raiz. | TO
Se trata de un caso sin precedentes porque atenta contra una estructura clave de la seguridad del Estado. Así lo definen fuentes de la investigación a THE OBJECTIVE. José Ángel Prieto Holgado, un empresario relevante en el sector de los hidrocarburos, se entera en el verano de 2025 de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está investigando a sus socios más directos. El temor a que la causa, que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, bajo las diligencias previas 58/2025 por un presunto fraude de IVA superior a los 300 millones de euros, termine salpicándole directamente, le lleva a activar una maniobra audaz: montar un restaurante justo al lado de la sede judicial para infiltrarse en el entorno de magistrados y fiscales.
Fuentes próximas a la investigación aseguran que Prieto consiguió su objetivo: «Se metió hasta en la cocina», relatan, en alusión literal y figurada a la proximidad física y la relación cotidiana que logró establecer con quienes podrían decidir sobre su futuro judicial. Aunque actualmente no figura como imputado en la macrocausa, varias declaraciones de investigados le han colocado en el foco durante sus declaraciones en sede judicial. Su nombre, a través de testaferros, aparece vinculado a la importación de crudo desde países como Sudán e Irak, y a movimientos financieros que conectan con sociedades de la trama principal.
El ‘chivatazo’ que dio origen al bar
Los hechos se remontan al verano de 2025. Agentes de la UDEF solicitan las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel Gran Meliá Fénix, en Madrid, para documentar reuniones de empresarios del sector de los hidrocarburos, entre ellos Ignacio Purcell Mena —condenado en Argentina y vinculado históricamente al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, según informaciones del diario Clarín— y su socio Juan Pablo Sánchez Gasque. Pero la jefa de seguridad del hotel avisa a los investigados de que están bajo vigilancia. El chivatazo llega rápidamente a Prieto, quien había sido clave en la estructura operativa de la red, montada con la ayuda de Leonard Ndoni como puente de contacto.
Prieto, al conocer el alcance de la investigación, reacciona con nerviosismo extremo. Fuentes policiales relatan que, en paralelo a la causa principal, decide tomar medidas preventivas drásticas. Aprovecha un local comercial situado literalmente al lado de la Audiencia Nacional, en la calle de Génova número 20, que llevaba dos años paralizado por problemas administrativos y de obra de unos empresarios que pretendían abrir un bar. Prieto decide reactivar el proyecto y lo convierte en el restaurante Raíz, inaugurado en septiembre de 2025 en la misma manzana que la sede judicial. Detrás opera la sociedad La Finca de Prieto SL —un nombre que, según las fuentes consultadas, hace honor directo al apellido del verdadero controlador—, aunque formalmente figura como socio y administrador único Carlos Castillo Medina, presunto testaferro.
Castillo no es un desconocido para la Policía ni para la lucha contra el blanqueo de capitales: acumula 17 antecedentes judiciales por delitos que van desde extorsión, lesiones y amenazas reiteradas hasta tráfico de drogas, atentado contra la autoridad, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y narcotráfico. El perfil de Castillo Medina encaja con la figura de testaferro profesional: alguien que, mediante una fachada legal, permite a un verdadero operador controlar sociedades sin figurar en los registros oficiales. Los informes policiales destacan varios indicadores de ocultación patrimonial en sus empresas: capitales sociales desproporcionados, repetición de apoderados y administradores, identidades duplicadas, coincidencias de domicilios y fechas de constitución, concentración de sectores de alto riesgo y vínculos internacionales.
Castillo Medina aparece también ligado a otras operadoras de hidrocarburos, como Smart Invest Solutions SL, implicada en un fraude de IVA de 74 millones de euros y cuya licencia fue revocada por la CNMV. Los apoderados de estas estructuras se conectan, a través de sociedades patrimoniales, con un consejero de una empresa dedicada a la importación de crudo desde Sudán e Irak. Movimientos bancarios de hasta 750.048 euros entre facturas controladas por Prieto y sociedades de Castillo, como Broetrader SL —donde este figura como socio y administrador único—, refuerzan la sospecha de que Prieto evita aparecer directamente como titular para blindarse ante cualquier pesquisa.
La ‘operación Pamplinas Stars’
Un mes después de la apertura del restaurante situado debajo de la Audiencia Nacional para ganarse la confianza de magistrados y fiscales, estalla en noviembre de 2025 la operación Pamplinas Stars. La Agencia Tributaria, en coordinación con la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, desmantela una de las mayores tramas de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos detectadas en España. La estructura, articulada en torno a sociedades como Plamanvisa SL y Atlantic Oil Star SL, defraudó más de 300 millones de euros solo en 2024 mediante el clásico carrusel de IVA: simulaban operaciones inexistentes dentro de depósitos fiscales, repercutían el impuesto a clientes pero no lo ingresaban en Hacienda, solicitaban aplazamientos o simplemente desaparecían dejando a las sociedades inactivas. El entramado incluía 38 sociedades pantalla, testaferros en niveles inferiores y desvíos de fondos al exterior, en parte a través de sociedades holandesas y británicas.
La macrooperación se saldó con 18 registros en siete provincias (Madrid, Zaragoza, Córdoba, Málaga, Asturias, Huesca y Pontevedra) y la detención de cinco personas clave, entre ellas Juan Pablo Sánchez Gasque. Este, al ser detenido el 28 de noviembre de 2025, utilizó su derecho a una llamada para alertar a Ignacio Purcell Mena en lugar de a su abogado. Purcell huyó inicialmente a Dubái, vaciando ‘wallets’ de criptomonedas, pero posteriormente fue localizado y detenido en Santo Tomé y Príncipe (África), donde se encuentra pendiente de extradición tras un comunicado de colaboración a través de la embajada.
Espionaje en el corazón del sistema judicial
El auto de prisión provisional de Sánchez Gasque, dictado por el juez José Luis Calama, describe una organización criminal liderada por él y Purcell, con estratificación clara: líderes que dirigen y se benefician directamente del fraude, colaboradores que gestionan fondos y estructuras internacionales (como el holandés Robertus Smit), testaferros en sociedades operativas y un tercer nivel de administradores formales. Prieto, aunque no imputado aún, aparece en múltiples reuniones en el Hotel Fénix con los cabecillas y terceros extranjeros, y como administrador de sociedades sucesoras como YS Holding SRL.
Fuentes de la investigación insisten en la gravedad del movimiento de Prieto: montar un restaurante bajo la Audiencia Nacional no es solo un negocio hostelero, sino un intento de control y espionaje en el corazón del sistema judicial. «Es un atentado contra la independencia judicial y contra la seguridad del Estado», subrayan. Mientras la causa avanza en secreto de sumario, con piezas separadas —incluida una por tráfico de armas—, el caso revela cómo el pánico ante una investigación fiscal puede derivar en estrategias que rozan lo impensable. Prieto, por ahora, sigue sin figurar formalmente como investigado, pero las declaraciones acumuladas y los movimientos bancarios que le conectan con testaferros como Castillo Medina hacen prever que su nombre será citado pronto ante el juez.