Begoña Gómez y la Fiscalía vuelven a pedir al juez Peinado el archivo del caso

Begoña Gómez y la Fiscalía han vuelto a pedir el archivo de la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado. La vista celebrada este Miércoles Santo ha vuelto a poner de relieve el choque frontal entre las acusaciones populares y el Ministerio Público sobre el rumbo del procedimiento. La comparecencia, que se ha prolongado durante más de dos horas, ha repetido el esquema de las anteriores: la ausencia de los investigados —entre ellos la propia Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés—, petición de archivo por parte de la Fiscalía y las defensas, y exigencia de nuevas diligencias por parte de las acusaciones, unificadas en torno a Hazte Oír.

Se trata de la tercera vista de este tipo convocada por el magistrado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instara a unificar las distintas líneas de investigación en un único procedimiento y a justificar mejor su planteamiento de que el caso pueda ser juzgado por un jurado popular.

A punto de cumplirse dos años de instrucción, el juez Peinado mantiene que existen indicios de que Gómez pudo aprovechar su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su actividad profesional mediante supuestas contraprestaciones. En concreto, sitúa el foco en la promoción y financiación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en su relación con Barrabés —adjudicatario de contratos públicos— y en el papel de su asesora, presuntamente financiado con recursos públicos.

Hazte Oír, en representación de todas las acusaciones, ha solicitado nuevas diligencias por entender que hay muchos indicios de la existencia de delito. Así, ha pedido que se reclame a Moncloa el salario completo de Cristina Álvarez, ya que la asesora no entregó los datos de lo cobrado en 2020. También ha solicitado la vida laboral de Begoña Gómez y que se requiera a la compañía Lefevre información sobre una reunión que mantuvo con Gómez y Álvarez sobre el desarrollo del software para la cátedra que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

A la salida de los juzgados, la abogada vinculada a Vox, Marta Castro, ha denunciado la «obstinación» de la Fiscalía y ha defendido que existen elementos suficientes para avanzar a la siguiente fase del procedimiento. Además, ha recordado algunas de las acusaciones a Begoña Gómez, como las supuestas «intervenciones de empresas patrocinadas con una financiación de un software valorado en más de 300.000 euros», así como los presuntos «correos y la constatación de la intervención de Cristina Álvarez, pagada por Presidencia del Gobierno, como asistencia de asuntos personales». También ha enfatizado el supuesto «incremento de Juan Carlos Barrabés y de su grupo empresarial en más de un 400% en los contratos públicos recibidos en Red.es y otras administraciones».

El magistrado deberá decidir en los próximos días si archiva la causa o permite que continúe la investigación. Sobre la mesa, una instrucción que sigue abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.