Imputados, testigos… Guía para no perderse en el primer juicio al Gobierno de Sánchez
Los datos esenciales para comprender qué se juzga en el llamado ‘caso mascarillas’
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en una foto de archivo.
Arranca en el Tribunal Supremo el llamado caso mascarillas, una parte separada del caso Ábalos que tan solo se centra en los dos contratos por valor de 36 millones de euros en material sanitario que la trama logró del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Es, en esencia, el primer juicio a las altas esferas del Gobierno de Pedro Sánchez y al hombre que dirigió el PSOE en los años en los que el presidente llegó a Moncloa. Un proceso de enorme calado político. Estas son las claves para no perderse en el juicio: acusados, delitos, años de cárcel, testigos y polémicas que han rodeado al caso en su fase de investigación.
Los acusados
Sólo tres: el exministro José Luis Ábalos; su asesor y hombre de máxima confianza, Koldo García; y el empresario con el que habrían realizado negocios, Víctor de Aldama. Este último señaló que esos contratos de mascarillas por 36 millones de euros reportaron ganancias de unos seis millones, de los que fueron partícipes los dos primeros acusados.
Delitos y penas
En la presunta manipulación y elección a dedo de la empresa suministradora de mascarillas, llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., Ábalos habría incurrido en al menos siete delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada y prevaricación. En total, 24 años de prisión. Para su colaborador, Koldo García, las penas se quedan en 19 años y medio. Para Aldama, las acusaciones solicitan siete años de prisión tras habérsele aplicado el atenuante de confesión y colaboración.
Los hechos
En los primeros días de la pandemia, el exministro y su asesor habrían beneficiado a esta empresa -Soluciones de Gestión- con dos contratos de mascarillas por valor de 36 millones de euros: 12 para Puertos del Estado y 24 para ADIF. Las empresas dependientes de Transportes no tuvieron en cuenta que el suministrador no tenía experiencia con material sanitario, ni se dedicaba a ello. La empresa, además, vendió otros 17 millones de euros a otras tres administraciones: el Ministerio del Interior, y los Gobiernos de Canarias y de Baleares.
Las ‘mordidas’
A cambio de las presuntas gestiones para lograr los contratos, la trama habría pagado presuntamente cantidades de alrededor de 10.000 euros al mes a Koldo y a Ábalos, al que además facilitaron una vivienda en alquiler con opción a compra en el Paseo de la Castellana. Además, la trama habría financiado presuntamente una vivienda que el exministro compartió con su entonces pareja, Jésica Rodríguez.
Los testigos
A lo largo de todo el mes de abril, hasta el próximo día 28, se celebrarán un total de 23 sesiones que se distribuirán en jornadas de mañana y tarde. En total, entre peritos y testigos hay 80 personas citadas. La primera en ser llamada ante el Supremo es precisamente Jésica Rodríguez. Entre los más destacados: la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en calidad de expresidenta de Baleares, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias. También está prevista la declaración del actual director general de la Policía, Francisco Pardo, o de la expresidenta de ADIF en el momento de la compra de mascarillas, Isabel Pardo de Vera.
Fechas clave
La cronología sitúa el origen del caso en marzo y abril de 2020, cuando la urgencia sanitaria permitió activar procedimientos excepcionales de contratación. En ese contexto se adjudicaron contratos millonarios a empresas sin experiencia previa en el sector. Cuatro años después, en febrero de 2024, la investigación estalló con las primeras detenciones impulsadas por la Guardia Civil. La causa fue escalando hasta llegar al Tribunal Supremo en octubre de ese mismo año debido a la condición de aforado del exministro José Luis Ábalos. Tras meses de instrucción, en noviembre de 2025 el juez decretó prisión provisional para los principales implicados, y en este mes de abril de 2026 arranca finalmente el juicio.
Indicios
Entre los indicios más relevantes que maneja la investigación destacan varios elementos que apuntan a una posible predeterminación de los contratos. Según los informes, algunas empresas fueron contactadas antes incluso de que se formalizara la necesidad administrativa, lo que sugiere información privilegiada. Además, se habrían descartado ofertas más ventajosas sin una justificación clara y se produjeron ampliaciones exprés de contratos en cuestión de minutos, decisiones difíciles de encajar en un procedimiento ordinario.
Versiones enfrentadas
La tesis de la Fiscalía dibuja una red perfectamente articulada para desviar fondos públicos aprovechando la excepcionalidad de la pandemia. Las defensas, por el contrario, niegan la existencia de cualquier estructura criminal y sostienen que las adjudicaciones se realizaron conforme a la legalidad vigente en un momento de máxima urgencia. También cuestionan la credibilidad de Aldama, al que acusan de construir un relato interesado para obtener beneficios penales.