Un juzgado investiga el rescate de Air Europa y abre diligencias contra el número dos de la SEPI
Investigan por primera vez a Bartolomé Lora por un presunto delito de prevaricación a funcionarios
Bartolomé Lora, en una imagen de archivo.
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha decidido investigar el rescate público concedido a la aerolínea Air Europa y, más concretamente, por primera vez el juzgado pone el foco en Bartolomé Lora, número dos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El magistrado ha admitido a trámite una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias y ha iniciado diligencias por un posible delito de prevaricación a funcionarios relacionado con la concesión de 475 millones de euros a la aerolínea en noviembre de 2020, según la documentación a la que ha accedido THE OBJECTIVE.
Esta resolución judicial constituye el primer paso para examinar si la ayuda aprobada por el Gobierno de Sánchez mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas cumplió realmente con los requisitos legales establecidos para su concesión. La denuncia que ahora analiza el juzgado se centra en la situación fiscal de Air Europa en el momento en que se autorizó el rescate.
De acuerdo con el escrito presentado por Manos Limpias, y tal y como adelantó este periódico, las empresas que aspiraban a recibir fondos debían cumplir una serie de condiciones esenciales. Entre ellas figuraba estar al día en el pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Este requisito no era secundario, sino una condición imprescindible para poder acceder al mecanismo de financiación pública. La normativa recogía de forma explícita que las compañías que mantuvieran deudas con Hacienda no podían optar a estas ayudas.
La denuncia sostenía que Air Europa mantenía en aquel momento compromisos pendientes con la Agencia Tributaria. De confirmarse esta circunstancia, la aerolínea habría quedado automáticamente excluida de recibir el rescate. A pesar de ello, el proceso siguió su curso y el Consejo de Ministros terminó aprobando una ayuda total de 475 millones de euros, estructurada a través de un préstamo participativo y otro ordinario.
El eje de la investigación se centra ahora en esclarecer si los responsables que participaron en la tramitación del rescate, especialmente la dirección técnica de la SEPI, adoptaron una decisión contraria a derecho con pleno conocimiento de ello. El delito de prevaricación al que alude el juez se produce cuando una autoridad o funcionario dicta una resolución arbitraria en el ejercicio de su cargo sabiendo que es injusta.
En la práctica, las diligencias deberán determinar si la posible existencia de deudas con Hacienda fue detectada y evaluada durante el procedimiento de concesión de la ayuda o si, por el contrario, se pasó por alto. Asimismo, el juzgado analizará si los criterios de elegibilidad se aplicaron correctamente o si se interpretaron de forma flexible para permitir que Air Europa accediera al fondo.
El rescate exprés
El rescate de Air Europa fue la primera operación aprobada al amparo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado en julio de 2020 con una dotación de 10.000 millones de euros para respaldar a compañías consideradas estratégicas afectadas por la pandemia de COVID-19. El Consejo de Ministros dio su autorización el 3 de noviembre de 2020 a la ayuda de 475 millones de euros, que se estructuró en un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones. La operación se justificó por el papel clave de la aerolínea en las conexiones con Latinoamérica y por el mantenimiento de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en España.
Cinco años después, en noviembre de 2025, Air Europa procedió a la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda con la SEPI, un año antes del plazo inicialmente establecido. Gracias a un acuerdo con Turkish Airlines, que invirtió 300 millones de euros a cambio de aproximadamente el 26% del capital de la compañía, la aerolínea devolvió los 475 millones más los intereses devengados. Según datos publicados por la propia SEPI, esta devolución elevó a más de 1.425 millones de euros los fondos recuperados por el FASEE hasta esa fecha, lo que representaba el 53% de los recursos distribuidos por el fondo.
La operación fue criticada en su momento por la rapidez de su tramitación —fue la más veloz de las gestionadas por el fondo— y por el fraccionamiento de la ayuda en dos préstamos, una fórmula que, según la denuncia, habría permitido eludir el control previo obligatorio de la Comisión Europea para operaciones de mayor cuantía. La investigación ahora en curso deberá determinar si se aplicaron correctamente los criterios de elegibilidad o si existieron irregularidades en el procedimiento.
La admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias se produce, además, la misma semana en que se ha iniciado el primer gran juicio contra la presunta corrupción del Gobierno en el Tribunal Supremo.