La LPH lo aclara: la comunidad no puede prohibir que los niños jueguen, pero sí limitar el horario y el uso de balones

El ruido que suelen hacer los niños al jugar es algo que por normal general causa bastante revuelo entre los vecinos de una comunidad, ya que mientras unos quieren descansar otros no quieren privar a sus hijos de pasarlo bien. Este tipo de cuestiones normalmente generan mucha incertidumbre, y mucha gente se pregunta: ¿puede la comunidad prohibir por completo que los niños usen las zonas comunes? La ley otorga una respuesta muy clara: no, pero si que se pueden establecer una serie de límites y normas obligatorias para todos. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) intenta buscar soluciones justas para los inquilinos, con el objetivo de mejorar la convivencia entre vecinos. Por eso ante este tipo de cuestiones es justa: los niños pueden jugar pero hay que respetar el descanso del resto.

¿Pueden los niños jugar en zonas comunes?

La respuesta sencilla es que si. Según el artículo 394 del Código Civil, todos los propietarios tienen derecho a usar las zonas comunes. Por lo tanto los niños tienen derecho a usarlas y a jugar en ellas; siempre y cuando no realicen actividades que impidan el disfrute de esa misma zona a los demás. «Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho», establece.

Por lo tanto, «prohibir» a los niños utilizar las zonas comunes puede verse como algo discriminatorio, siempre que los niños no estén haciendo nada malo. Pero, ¿qué pasa cuando estos molestan de verdad?

Los límites de jugar en la comunidad

La Ley de Propiedad Horizontal siempre trata de establecer algún límite en esta clase de situaciones, con el objetivo de poner orden al asunto. Aunque el Código Civil establece que no se puede prohibir el acceso a áreas comunes a los niños, hay que tener en cuenta que la ley también vela por la paz del edificio: «Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades (…) que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas». ¿Qué quiere decir esto exactamente? Que a pesar de que la comunidad no puede prohibir el acceso a los niños, sí que puede establecer una serie de límites si lo cree necesario.

¿Qué se puede limitar exactamente?

Para que una decisión como esta pueda llevarse a cabo no vale con que un vecino quiera, sino que han de ser varios los que estén de acuerdo con establecer ciertos límites. Por eso, es necesario que la idea se proponga en la junta de la comunidad y se someta a votación. Esto es posible, porque el artículo 6 de la LPH permite a los propietarios de una comunidad crear normas que puedan mejorar la convivencia del edificio: «Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por la Ley y los estatutos, el conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior que obligarán también a todo titular».

Teniendo esto en cuenta, una comunidad podría establecer lo siguiente:

• Horarios fijos: Establecer periodos de silencio en el que los niños no puedan hacer ruido (por ejemplo, durante la siesta o a partir de las 21:00h).
• Limitar juegos específicos: Prohibir el uso de balones, patines o bicicletas en zonas concretas si estos dañan el mobiliario o ponen en riesgo a otros vecinos.
• Zonas de uso: establecer en qué zonas los niños pueden jugar y en cuáles no.

Si alguna de esas decisiones se vota y sale adelante, será obligatoria para todos los inquilinos del piso.

¿Qué pasa si no se siguen las normas?

Si un propietario ignora las normas, el Presidente de la Comunidad podrá pedirle que cese la actividad de manera inmediata. Si a pesar de la advertencia el vecino sigue actuando por su cuenta, los vecinos podrán ponerse de acuerdo para denunciar y llevar el caso a los tribunales, donde el propietario podría tener que enfrentarse a multas altas.