El dueño de Sortis reconoce que Aldama le pidió ayuda: «España está en situación crítica»

Israel Pilar ha reconocido que Víctor de Aldama le llamó durante la pandemia para pedirle ayuda. «Me dice que España está en situación crítica, que no había material, no solo mascarillas, respiradores, equipos de protección, y me pide mover mis contactos a ver si puedo conseguir algo de material porque a ellos les resultaba inútil», ha explicado el dueño de Sortis durante la cuarta jornada del juicio de las mascarillas por las que José Luis Ábalos y Koldo García se enfrentan hasta a 30 años de prisión. Pilar, investigado en dos causas en la Audiencia Nacional, también ha explicado que el empresario Manuel Sallés le habló de un mensaje que envió al exministro «para incendiar el convento». En el texto le aseguraba que Villafuel no iba a ser operadora, aunque le compraran una casa en Cádiz.

Como desveló THE OBJECTIVE, Pilar ayudó a la trama Koldo a comprar la compra de mascarillas que ahora se enjuicia en el Tribunal Supremo . Los investigadores consideran que este empresario actuó como «enlace» entre Soluciones de Gestión y Aldama para llevar a cabo la adquisición de los cubrebocas. A pesar de las preguntas del fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha regateado su participación en la compra del material sanitario, afirmando que todo lo hice a petición de un cliente. Ha insistido en que Aldama, que se enfrenta a siete años de prisión, le pidió contactos.

Meses después de esas gestiones, el dueño de la consultora tecnológica Sortis logró que Correos le concediera a dedo un contrato de al menos dos millones y, posteriormente, otro por valor de 168.000 euros. La empresa pública estaba entonces presidida por Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de Gabinete del PSOE de Pedro Sánchez.

Los contratos de Correos

Los investigadores del caso Koldo consideran que Pilar desempeñó un papel fundamental en la adquisición de mascarillas que realizó Soluciones de Gestión en China durante la pandemia. Sus gestiones a través de las empresas de Aldama sirvieron para las adquisiciones, aunque el testigo se ha desvinculado de cualquier relación con estas. Los investigadores llegaron a intervenir una conversación del empresario Juan Carlos Cueto en la que se sostenía que el dueño de Sortis habría recibido «dinero b» por su participación.

«El hecho de que el pago hubiera podido ser efectivo conecta con la línea de investigación mantenida a este respecto en cuanto al cobro de comisiones vinculadas a los contratos investigados», aseguran los investigadores en el sumario de la causa de las mascarillas. La citación que realizó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) a Aldama de 2023 para preguntarle soliviantó a los miembros de la trama, que mostraron un importante nerviosismo sobre lo que pudiera declarar el comisionista.

Cueto aconsejó preparar las intervenciones ante los inspectores de la Agencia Tributaria para evitar caer en contradicciones. Una colaboradora de Aldama le explica que ha redactado dos cartas que debían firmar José Vidas Esmoris y Ortiz con el fin de justificar los servicios prestados por las empresas de Aldama, pero que el segundo no había firmado y había declarado no conocerle.

A lo largo de la conversación intervenida se observa el interés de Cueto en que se presenten ambas misivas ante la ONIF porque «es importante para Aldama y para ellos. Piedad, la secretaria de Aldama y la persona en la que este delegó el tema de la inspección, comenta a Cueto que «que Isra no le toque las pelotas porque tiene fotos de él con el súper jefe». Además, revela que «hasta en el WhatsApp de Víctor hay fotos de Israel Pilar que no se pueden enseñar… con el ministro».

El mensaje de Sallés

Pilar ha sido cuestionado por un mensaje muy crítico contra Ábalos que envió un empresario a la trama, Manuel Sallés, justo antes de un viaje a Guinea. Un mensaje que llegó al móvil del exministro también en forma de captura de pantalla. Decía lo siguiente: «Desde que os he conocido, os he advertido en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y, por suerte, me habéis hecho caso: Villafuel no va a ser operadora por mucho que esponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento. Es difícil de creer, pero me gusta conseguir mis proyectos por solvencia y no por humo».

Correos otorgó al menos dos contratos a Pilar, aunque en la sesión de este lunes no le han preguntado sobre el tema, que se instruye en la Audiencia Nacional. El primero, por 1,8 millones de euros y a dedo, a principios de 2021. Su formalización se canalizó a través de Sortis Telecomunicaciones. La sociedad, vinculada a Sortis Networks, está ubicada en el paraíso fiscal de Panamá y fue creada por Pilar Ortiz junto a varios colaboradores del expresidente caribeño Martín Torrijos, que fue investigado por la Fiscalía de su país por la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos a varios gobiernos latinoamericanos.

El contrato que Correos adjudicó en 2021 a la empresa de Pilar Ortiz generó una gran controversia. Comisiones Obreras denunció que Serrano se gastara dos millones de euros en dos años en una consultora con lazos en un paraíso fiscal cuando el propio Sánchez se había comprometido a no tener ningún tipo de relación con países offshore. El amigo del presidente del Gobierno encargó a Israel Pilar un servicio de consultoría para «el análisis, diseño e implantación» de su estrategia en materia de telecomunicaciones con el objetivo de modernizar la compañía estatal.

El segundo contrato, mediante una licitación pública, data de diciembre de 2023, días antes de que Serrano fuese destituido de su cargo y reemplazado por Pedro Saura, que fue secretario de Estado de Transportes con Ábalos. En esta ocasión se encargó a Sortis «definir y evaluar la seguridad de la infraestructura de Internet de las Cosas (IoT) y la infraestructura de las Tecnologías Operativas (OT)» de la empresa postal. El periodo de la adjudicación se extiende durante 18 meses y tiene un valor de 168.000 euros.