Cerca de cumplir ya un año de prisión por difamación, Luis Pineda, presidente de la asociación de usuarios de banca Ausbanc, tendrá que tuitear 30 veces el fallo de su sentencia condenatoria desde la prisión de Estremera, en Madrid, donde está recluido, entre otros delitos, por haber difamado al portavoz de la plataforma FACUA – Consumidores en Acción. La sentencia también le obliga a indemnizar con 4.000 euros al difamado y a borrar de su cuenta de la red social los 57 tuits por los que fue condenado.
Las autopsias a las víctimas del ataque ocurrido el martes en la ciudad siria de Idlib, realizadas en Turquía, confirman el uso de armas químicas por el régimen de Bashar Al Assad, ha informado este jueves el ministro de Justicia turco, según la agencia estatal Anadolu
El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, el principal promotor del juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff, ha sido condenado a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, informan varias agencias. La sentencia ha sido dictada por el juez de primera instancia Sergio Moro, a cargo de la investigación del caso Lava Jato que destapó el entramado de sobornos centrado en la estatal Petrobras.
La justicia francesa ha condenado este martes al terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, conocido con los alias de «Carlos» y «El Chacal», a cadena perpetua por un atentado en París cometido en septiembre de 1974 en el que murieron dos personas y otras 34 resultaron heridas.
Las denuncias por violencia de género, las condenas a maltratadores y la adopción de medidas de protección a las víctimas – tanto mujeres como hijos – aumentaron en 2016 en España respecto al año anterior, según se desprende del informe estadístico hecho público este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
La justicia egipcia ha absuelto este jueves al expresidente Hosni Mubarak por la represión de las masivas protestas en 2011 y la muerte de manifestantes en ellas. Estas protestas acabaron con su gobierno después de tres décadas en el poder. Mubarak fue sentenciado a cadena perpetua en 2012 pero un tribunal de apelación ordenó un nuevo juicio, en el que dos años después los cargos fueron retirados.
«He hecho las paces con Dios. Espero que encontréis la paz», declaró poco antes de fallecer, según informaron las autoridades penitenciarias tejanas. Sus abogados pidieron en el último momento un aplazamiento a la Corte Suprema, pero la máxima instancia jurídica de Estados Unidos lo rechazó la noche del jueves.
Edwards fue condenado junto a su primo Kirk Edwards por el asesinato en 2002 de dos empleados de una sucursal de la cadena de comida Subway en la ciudad de Dallas. Ambos huyeron, además, con los 3.000 dólares de la caja. Edwards había sido despedido del local unas semanas antes y un testigo le vio deshacerse del arma del crimen en una papelera cercana. Aunque las investigaciones confirmaron su participación en el doble homicidio, no quedó claro el papel que tuvo en el atraco. Sus abogados, a través de un perito, demostraron que él no disparó. A diferencia de su primo, el joven no tenía antecedentes. Kirk Edwards aceptó una condena de 25 años de cárcel después de llegar a un pacto con la fiscalía.
Terry Edwards, por su parte, fue condenado a la pena capital tras un juicio en el que fue mal defendido, según sus abogados, que denunciaron que los potenciales miembros del jurado pertenecientes a minorías fueron apartados del proceso sistemáticamente. Al final, el jurado que le condenó estaba formado por 12 ciudadanos blancos. El diario Dallas Morning News pidió el miércoles en un editorial la suspensión de la ejecución porque el caso tenía demasiadas dudas no resueltas.
El 22 de julio de 2011, disfrazado de policía, Breivik mató a 69 jóvenes, en su mayoría adolescentes, de las juventudes socialistas, que se encontraban en la isla de Utoya. Antes de la matanza en la isla, que duró una hora, Breivik había matado a ocho personas haciendo estallar un coche bomba cerca de la sede del gobierno noruego en Oslo. En agosto de 2012, el autor del ataque más sangriento en Noruega desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fue condenado a 21 años de prisión que podría ser ampliada indefinidamente.
En la cárcel, Breivik se encuentra en una celda con televisión, videojuegos y aparatos de musculación. Si embargo, en abril de 2016, el Estado noruego fue condenado por trato «inhumano» y «degradante», al haberle mantenido en situación de aislamiento prolongado y separado de los otros presos, violando el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Este régimen de encarcelamiento «vulnera mentalmente» al detenido, dijo su abogado, Øystein Storrvik, que exige que su cliente pueda ver a otros presos. «Estoy gravemente afectado por el aislamiento, y la radicalización es quizá la secuela más grave de mi aislamiento», ha insistido Breivik. Sus declaraciones contrastan con el retrato hecho en la víspera por el fiscal del Estado, Fredrik Sejersted, quien aseguró que el preso está «en una forma física y psicológica extraordinaria». Breivik se ha negado a expresar remordimiento por la matanza cometida en 2011.
«El presidente de la República ha estimado que el lugar de la señora Sauvage no es estar en prisión, sino junto a su familia», se añade en el comunicado. Jacqueline Sauvage, nacida en 1947, mató a su marido en 2012 de tres disparos de escopeta por la espalda tras haber sufrido durante 47 años sus malos tratos, en particular abusos sexuales, de los cuales también fueron víctimas sus cuatro hijos. La mujer disparó al marido al día siguiente del suicidio de su hijo varón.
Sus tres hijas, que no han dejado de apoyarla, declararon contra su padre, explicando que las había violado y golpeado también a ellas, al igual que su madre.
Sauvage había sido declarada culpable en primera instancia y en apelación. Su caso conmocionó a la sociedad y se recogieron casi 436.000 firmas pidiendo la liberación.
Ahmed Hamed, que se declaró no culpable del delito de terrorismo, no pudo evitar romper a llorar cuando escuchó la sentencia, la más dura de un tribunal húngaro en relación con las crisis de refugiados. Hamed formaba parte de un grupo de emigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera el 16 de septiembre y actuó como portavoz usando un altavoz antes de que cientos de personas forzaran la valla y la policía de la frontera tratara de frenar a la multitud con cañones de agua y gases lacrimógenos.
Nacido en Siria, Hamed había vivido en Chipre durante décadas y tenía permiso de residencia de la UE, pero se reunió con sus familiares para ayudarles a cruzar a través de la ruta de los Balcanes.
En torno a la mitad del millón de migrantes que entraron en la UE el pasado año a través de Hungría, provocaron el caos en las fronteras y a lo largo de las rutas migratorias. Hamed se convirtió en una figura líder de las miles de personas congregadas en la frontera serbia, dijo el tribunal. Otros emigrantes han sido condenados en docenas de casos previos al de Hamed, pero muy pocos han recibido penas de cárcel y sólo uno queda en prisión relacionado con los disturbios en la estación fronteriza de Roszke del pasado año.
El estudio ha revelado que el número de mujeres retenidas en 3.200 cárceles municipales y de condados, aquellas destinadas a castigar los delitos menores, o que están en espera de juicio o de sentencia, ha aumentado significativamente: en torno a 110.000 en 2014, mientras que 1979 había menos de 8.000. En total, entre hombres y mujeres, la población encarcelada en Estados Unidos ha crecido de 157.000 en 1970 a 745.000 en 2014. Una de las razones que está detrás de este aumento de mujeres en cárceles es la marginalidad social. Parece que la realidad supera a la ficción e imita la célebre serie de Jenji Kohan ‘Orange is the new black’.
El 15 de junio de 2012, cerca de un centenar de policías armados desalojaron de forma violente a un nutrido grupo de campesinos que habían ocupado un terreno de 2.000 hectáreas, conocido como Marina Cué. La presencia policial acabó en una tragedia que desencadenó una polémica política que le estalló en la cara al entonces presidente Lugo. El mandatario, muy criticado por no impedir «la matanza de Curuguaty», acabó dejando el cargo.
Ante el cúmulo de irregularidades y las numerosas preguntas sin resolver sobre lo que realmente ocurrió aquel aciago día, el proceso judicial sufrió varias suspensiones, hasta ahora cuando, finalmente, se ha dictado sentencia. Varias ONGs han denunciado también irregularidades en la investigación.
En el origen del conflicto está una política de Estado de la época del Gobierno de Nicanor Duarte, que entregó la propiedad por decreto al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Entonces, un grupo de familias campesinas sin tierra se instaló en estos terrenos a la espera de que el Indert le entregara esa propiedad, de acuerdo con la reforma agraria. El dueño de la propiedad denunció los hechos y después de años de litgio, el caso acabó en la conocida matanza de Curuguaty.
