La Audiencia Nacional investiga la detención en Mauritania de un abogado español de la CPI
El juez Manuel García Castellón investiga como un posible delito de secuestro con finalidad terrorista la detención
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La fiscal del CPI ha solicitado que se abra la investigación en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.
Los magistrados exponen motivos económicos y explican que «una investigación requeriría inevitablemente de una significante cantidad de recursos»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su discurso ante la Asamblea General de la ONU este martes para decir que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene “legitimidad ni autoridad” y ha afirmado que viola “todos los principios de justicia”.
El presidente filipino Rodrigo Duterte ha anunciado este miércoles que va retirar a su país del tratado de la Corte Penal Internacional (CPI), que está investigando su campaña contra las drogas. «Yo declaro que los filipinos retiran su ratificación del Estatuto de Roma con efecto inmediato», ha dicho el presidente en un comunicado.
España obtuvo en 2017 su mínimo histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), que elabora Transparencia Internacional desde 2009.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto unos exámenes preliminares por las alegaciones de detenciones y excesiva fuerza estatal en las protestas en Venezuela, que dejaron más de 150 muertes entre abril y julio de 2017.
Además de los países que ya no forman parte de ella, Rusia ha eliminado su firma de los estatutos y Filipinas y Kenia se están planteando abiertamente dejar la CPI. A esto se suma que algunos miembros clave, como Reino Unido, han limitado los fondos destinados a su causa. Sin embargo, la amenaza más inmediata es la posibilidad de que Burundi, Sudáfrica y Gambia se retiren de esta corte. Todos ellos han emitido quejas alegando que las acusaciones de la CPI se centran excesivamente en el continente africano. Se están realizando esfuerzos para que Gambia dé marcha atrás en el proceso.
“Es una regresión para el continente que haya algunos estados africanos decidiendo retirarse de la CPI”, ha declarado Bensouda. El tribunal personifica los esfuerzos internacionales para procesar a aquellos que son responsables de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero en 2017 se encontrarán con serios obstáculos que afectarán a su credibilidad, según fuentes internas.
El presidente ruso Vladimir Putin firmó este miércoles una orden para que Rusia deja de formar parte de la CPI, y Duterte ha tardado apenas 24 horas para decir que está considerando hacer lo mismo. “Son inútiles los que están en el tribunal penal internacional. Ellos lo han echado (a Rusia). Puede que yo haga lo mismo. ¿Por qué? Sólo los pequeños como nosotros somos maltratados”, ha declarado el dirigente filipino. Sobre la decisión de Rusia, comentó: “¿Cuál podría haber sido la razón?. Quizá protegerse de lo que están haciendo en Siria, los incesantes bombardeos y las muertes de civiles”. Rusia está siendo objeto de una fuerte presión por parte de la comunidad internacional por sus ataque en Siria, en medio de denuncias de defensores de los derechos humanos de estar bombardeando objetivos civiles, una acusación que Rusia ha negado.
Antes que Rusia, en la última semana de octubre, Sudáfrica, Gambia y Burundi decidieron poner fin a su participación en la Corte Penal Internacional. Filipinas es miembro de la Corte Penal Internacional desde 2011. El pasado mes, un fiscal de la CPI dijo que el tribunal de La Haya podría tener jurisdicción para perseguir a los autores de los más de 2.400 asesinatos cometidos en el país asiático en el marco de la lucha contra las drogas promovido por el propio Duterte.
La cancillería rusa ha destacado que «en 14 años de funcionamiento, la CPI ha dictado sólo cuatro sentencias y ha gastado más de 1.000 millones de dólares». Putin ha ordenado aceptar «la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con el Ministerio de Exteriores, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción (…) para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La decisión de Rusia de no participar del Estatuto de la CPI, o en otras palabras, de revocar la firma de este documento, implica consecuencias jurídicas previstas por la Convención de Viena sobre los tratados internacionales de 1969». El documento establece que la medida ha entrado en vigor desde el momento de su firma, lo que significa que Rusia ha dejado ya de estar bajo la jurisdicción de La Haya que le impedía materializar su actual política exterior de expansionismo o aplicar decisiones arbitrarias dentro del país. La última semana de octubre, Sudáfrica, Gambia y Burundi también decidieron poner fin a su participación en la Corte Penal Internacional, una toma de decisiones en cadena que alertó sobre la posibilidad, ahora corroborada, de que otros países, se unieran a la retirada, poniendo así en peligro la plena eficacia de este organismo para la justicia internacional.
Esta decisión se ha producido tras la polémica creada el año pasado por la entrada a Sudáfrica del presidente sudanés Omar al Bashir, que no fue arrestado a pesar de la orden de arresto emitida por la CPI. Para justificarse, el país alegó que el político gozaba de inmunidad por su posición de jefe de Estado.
El proceso para el abandono de la corte se inició el pasado miércoles con un documento firmado por Maite Nkoana-Mashabane, ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, y puede durar hasta un año desde el día en que el secretario general de las Naciones Unidas lo reciba oficialmente. La organización Human Rights Watch ha mostrado su preocupación ante este hecho pues afirma que “la proposición de abandono de la Corte Penal Internacional muestra una alarmante indiferencia hacia la justicia por parte de un país visto como un líder global en responsabilidad sobre las víctimas de los crímenes más graves”.
Según Luc Walleyn, el abogado que defiende a los que un día fueron niños soldado captados por Lubanga, las víctimas están empezando a «cansarse de esta batalla». Según recoge la agencia AFP, Walleyn se refiere a esta deuda moral aún por resolver ante el Tribunal de la Haya con las siguientes palabras: «Existen ciertos daños que no pueden ser calculados. ¿Cómo se calcula una juventud perdida?, ¿qué precio tiene?, ¿un millón, medio millón de euros, cinco mil, mil euros?». Transferido a la CPI en 2006, Lubanga fue declarado culpable seis años después de secuestrar a niños de tan sólo 11 años para unirse a la lucha de la Unión de Patriotas Congoleños, responsable de perpetrar matanzas civiles en Ituri que acabaron con las vidas de más de 800 personas. El largo proceso de tratar de identificar a las víctimas que fueron obligadas a participar en las acciones violentas ha dado lugar a un trauma aún mayor, ya que los ex niños soldados se han visto forzados a repetir «una y otra vez lo que les pasó», ha declarado el abogado. Los expertos coinciden en que para muchos el aislamiento social y la estigmatización es parte cotidiana de los menores, muchos han contemplado el suicidio y las niñas que volvieron embarazadas fueron rechazadas en sus comunidades. Algunas estimaciones señalan que hasta 3.000 niños fueron reclutados como soldador para la milicia de Lubanga en el momento de los crímenes.
Esa asunción de culpabilidad le ha servido como atenuante, según la sentencia leída este martes por el juez Raúl Cano Pangalangan, al término de la cual el propio Ahmad al Faqi al Mahdi lamentó el daño ocasionado «a mi comunidad en Tombuctú y a mi país». Además, el tribunal ha tenido en cuenta que el yihadista había actuado obedeciendo órdenes del grupo terrorista Ansar al Din, de destruir monumentos considerados Patrimonio de la Humanidad, para causar el mayor daño posible a la comunidad internacional.
El motivo no es otro que el castigo por el dopaje de Estado que se practica en el país, denunciado en el informe McLaren. Un nivel «alucinante de corrupción» montado por Rusia para ocultar casos de dopaje de sus deportistas entre 2011 y 2015, según informó la agencia antidopaje de Estados Unidos. La implacable decisión del CPI supone un contrapunto respecto a la postura del Comité Olímpico Internacional –COI–, que dejó en manos de las Federaciones la decisión de permitir participar en los Juegos Olímpicos a los deportistas rusos.
La violencia, al menos en algunas áreas de la antigua colonia británica, fue el resultado de planificación y organización en la que tomaron parte políticos y hombres de negocios
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