La fotografía cambiará. Si la firma del pacto original el 26 de septiembre en la caribeña ciudad de Cartagena contó con la presencia de 2.500 invitados, a la firma de esta segunda versión sólo acudirán expresidentes colombianos, legisladores, magistrados, víctimas del conflicto armado y representantes de organizaciones sociales. La renogociación del texto ha puesto de manifiesto la fractura evidente entre dos sectores de la élite política y una sociedad que oscila entre el perdón y el castigo. El nuevo texto sigue manteniendo el modelo de justicia transicional que permitirá penas alternativas para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad, pero precisa las reglas y las áreas de restricción de libertad para los condenados. Además, las FARC se comprometen a entregar un listado de sus bienes de antemano y un reporte detallado sobre su participación en el narcotráfico. Sin embargo, se mantiene uno de los puntos más criticados por los partidarios del ‘no’, las garantías para que los exguerrilleros depongan las armas y puedan hacer política. La decisión de refrendar el acuerdo en el Congreso, tomada por las FARC y el gobierno, fue rechazada por quienes se oponen al pacto, liderados por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Para el derechista Centro Democrático, partido de Uribe, se dio un «golpe a la democracia al negar» la refrendación popular del nuevo acuerdo.
Según el acuerdo, tras la firma las FARC deberán comenzar a agruparse en los próximos días en las zonas donde dejarán progresivamente sus armas durante los próximos seis meses, bajo supervisión de la ONU. Sin embargo, la paz no estará completa mientras siga activo el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con el que el gobierno intenta iniciar una mesa formal de diálogo desde hace meses.
