Un tribunal turco ha decidido este martes mantener detenidos a seis activistas defensores de los derechos humanos, entre ellos la directora de Amnistía Internacional (AI) en Turquía
Un total de 7.186.170 venezolanos han participado en la consulta popular organizada por los opositores al presidente, Nicolás Maduro, para pronunciarse sobre el cambio constitucional que promueve el Ejecutivo, según ha informado la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, que integra, junto a otros rectores universitarios, la «comisión de garantes». La jornada de este domingo estuvo marcada por nuevos actos de violencia, en los que al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas de gravedad en el sector de Catia, al oeste de Caracas, al ser disparadas por un grupo de paramilitares armados, y un joven de 26 años fue asesinado en Boconó, informa el diario El Estímulo.
La oposición venezolana lanza este domingo su mayor desafío al Gobierno de Nicolás Maduro con la convocatoria de una consulta calificada de ilegal desde el oficialismo en la que espera que el pueblo se pronuncie masivamente contra el proceso constituyente impulsado por el chavismo. Convocada por la oposición con el aval del Parlamento, que ha invocado el derecho constitucional a la desobediencia cuando el Gobierno atropella la democracia, el plebiscito tiene el respaldo de importantes actores del tejido económico, cultural y civil del país.
Decenas de miles de personas se han concentrado este sábado en las inmediaciones del puente del Bósforo, en Estambul, y en lugares de todo el país, para conmemorar el golpe de Estado fallido del 15 de julio de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Más de 7.000 funcionarios turcos han sido despedidos este viernes mediante un nuevo decreto emitido bajo el amparo del estado de emergencia impuesto en Turquía tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016, han informado medios locales.
La Policía de Turquía ha detenido este lunes a 72 trabajadores de dos universidades de Estambul por su presunta vinculación con el clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien el Gobierno acusa de organizar el intento de golpe de Estado del pasado julio, informa la agencia Efe.
Un gigantesco mitin opositor para protestar contra la encarcelación de un diputado ha congregado este domingo en Estambul a cientos de miles de personas, más de dos millones según el Partido Republicano del Pueblo (CHP).
Tan sencillo como encender tu teléfono, como enviar un WhatsApp, como postear en tu muro de Facebook. Desde que la República Centroafricana sufrió un golpe de Estado en 2013, el país vive sumido en la guerra, dividido y con los dos bandos financiándose de la misma manera: vendiendo diamantes de sangre. Ahora, un informe de la ONG Global Witness pone de manifiesto la gravedad de una crisis que ha desplazado a casi un millón de personas, algo más del 20% de la población total.
Un tribunal de Ankara ha condenado hoy a penas de cadena perpetua a 23 militares acusados de secuestrar a un alto cargo político durante el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio, en lo que es la primera sentencia en los numerosos grandes juicios por la asonada. El juzgado consideró probado que los acusados habían participado en el golpe y que habían secuestrado a Fahri Kasirga, secretario de la presidencia de Turquía, para trasladarlo a una base militar durante la noche del golpe, que terminó con 265 muertos.
El Gobierno de Turquía ha anunciado hoy la suspensión de sus funciones de 9.103 agentes de policía por supuestos vínculos con la red del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de organizar el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio. La Dirección General de Seguridad ha informado, en un comunicado colgado en su web y citado por varias agencias, de que las suspensiones se deben a los vínculos con «la Organización Terrorista de Fethullah Gülen», como definen las autoridades turcas a la red del predicador.
La policía turca ha detenido este miércoles a más de mil personas sospechosas de pertenecer al movimiento del predicador Fethullah Gülen, rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan
Miles de opositores al régimen venezolano de Nicolás Maduro han acudido este sábado a la concentración convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para exigir de nuevo la destitución de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y protestar por la inhabilitación del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski en Caracas y otra decena de ciudades.
Miles de opositores se ha congregado este jueves en la autopista Francisco Fajardo, principal arteria de Caracas, para apoyar las acciones que la Asamblea Nacional emprendió el día anterior para remover a siete magistrados del Supremo que, a su juicio, perpetraron un «golpe de Estado» en el país.
Siglos de fenomenología del golpe de Estado nos contemplan y vienen a poner una vez más en cuestión las tesis del final de la Historia o de la irreversibilidad de los procesos democráticos. Así hemos llegado al siglo XXI, hasta el extremo de que un país rico y estable como Venezuela, paradigmático en los años ochenta, está bajo la tutela ilegítima de un régimen cuyo poder ejecutivo ha echado a la papelera el poder legislativo eliminando las salvaguardas de la oposición –es decir, dos tercios de la Asamblea Nacional-.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Julio Borges, aseveró este sábado que el «golpe de Estado» que dio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al despojar al ente legislativo de sus funciones no se puede «corregir» suprimiendo una sentencia, e informó que seguirán llamando a protestas de calle.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revirtió este sábado su decisión de asumir las funciones del Parlamento de amplia mayoría opositora, anunció la corte. La medida fue derogada de oficio tras un acuerdo entre los poderes públicos -excepto el Legislativo- cuyos representantes se reunieron hasta la madrugada de este sábado convocados por el presidente Nicolás Maduro.
Luego de que una mayoría de senadores paraguayos aprobara una polémica enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial, un grupo de manifestantes ha entrado hoy al Congreso y provocaron un incendio en el primer piso.
La decisión adoptada en la noche del miércoles por el Tribunal Supremo de Venezuela anunciado su decisión de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, ha provocado una avalancha de críticas dentro y fuera del país; una medida insólita calificada por la oposición de «golpe de Estado» o «autogolpe» orquestado por el presidente Nicolás Maduro.
Los venezolanos han salido a la calle indignados por la decisión sin precedentes adoptada en la noche del miércoles por el Tribunal Supremo de asumir los poderes de la Asamblea Nacional por cometer «desacato», por considerarla un «golpe de Estado».
Te queman la casa. Te tiran el auto al mar. Te roban todo lo que tienes. Esconden los documentos. Te niegan la información del catastro, de tu situación laboral y fiscal. Y te hacen responsable de decir exactamente cuánto valía lo que te robaron, lo que te destruyeron, lo que te escondieron. Y si das un número aproximado, te acusan de no decir con exactitud cuánto fue. “Está diciendo más; es que quiere ganar plata con esto. Calcula en su beneficio”.
El comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, ha advertido este martes de que «el rumbo cada vez más autoritario» del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no sólo no ayuda a las negociaciones para su entrada como miembro del bloque, sino que «le aleja» de la Unión Europea.
La imagen de un teniente coronel de la Guardia Civil, pistola en mano, subiendo a la tribuna de oradores e interrumpiendo la votación dio la vuelta al mundo hace 36 años.
El juez, que figura entre las 41.000 personas detenidas en Turquía en las purgas emprendidas por el ejecutivo turco tras la intentona golpista, está encargado de examinar el recurso de revisión presentado por el ex ministro ruandés Augustin Ngirabatware, condenado a 30 años de cárcel por la Corte Penal Internacional (CPI) por su participación en el genocidio de 1994.
El MTPI ha recordado que Turquía está «obligado» a responder la decisión del tribunal como lo dispone la resolución 1966 del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Esto es una decisión política. Grecia está protegiendo y acogiendo a conspiradores del golpe de estado”, ha declarado Cavusoglu. “Hay un pacto de migración que firmamos, incluyendo el pacto de readmisión con Grecia, y estamos evaluando qué podemos hacer, incluyendo la cancelación de este pacto de readmisión”, ha añadido. El Ministerio de Justicia de Turquía ha pedido de nuevo la extradición, según informa la agencia estatal turca Anadolu.
El pacto con la Unión Europea, que entró en vigor en marzo del pasado año, supone que Turquía toma de vuelta a los migrantes que crucen a Grecia si estos no solicitan asilo o si su petición es denegada. No es la primera vez que Turquía amenaza con romper este pacto. Sin embargo, una portavoz de la Unión Europea ha dicho que confían en que se mantendrá este acuerdo.
Los ocho militares están acusados de jugar un importante papel en el intento de golpe de estado, así como de estar relacionados con un grupo que intentó asesinar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, ellos han defendido desde el principio que no estuvieron involucrados y que no quieren volver a Turquía porque temen por sus vidas.
Dirigentes de oposición percibieron la decisión como un endurecimiento de la línea de Maduro para iniciar un 2017 en el que promete agravarse la crisis política y económica que sufren los venezolanos. Maduro dijo que el nuevo «comando» busca «darle paz y estabilidad al país». Junto con El Aissami, integran el grupo Diosdado Cabello, número dos del chavismo y diputado; Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; y Gustavo González López, director del Servicio de Inteligencia. El pasado miércoles, en una reestructuración de su gabinete, el gobernante socialista designó vicepresidente a El Aissami, un abogado de 42 años que se define a sí mismo «radicalmente chavista».
Este lunes, la Asamblea Nacional se reúne para debatir como punto único «sobre el ejercicio constitucional del cargo de presidente de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y la necesidad de abrir una solución electoral a la crisis», según el orden del día de la sesión prevista. El nuevo presidente del Legislativo, Julio Borges, anunció el jueves que Maduro sería declarado en «abandono del cargo», al alegar que la paralización del proceso de referendo revocatorio contra el mandato del gobernante socialista, en octubre último, había roto el orden democrático.
Los 29 acusados están siendo juzgados en la mayor sala de audiencias de Turquía, en un edificio situado frente a la prisión de Silivri, a las afueras de Estambul. Las primeras audiencias, que durarán cuatro días, comenzaron con la lectura de la identidad de los comparecientes y los delitos de los que se les acusa, antes de dar paso a los argumentos de la defensa, según la agencia de noticias progubernamental Anadolu.
Los policías están acusados de haberse negado a obedecer las órdenes de defender al presidente Erdogan la noche del golpe. De ellos, 21 podrían ser condenados hasta a tres cadenas perpetuas por «tentativa de revertir el orden constitucional» y «tentativa de derrocar al gobierno o de impedirle cumplir con sus deberes». Los ocho restantes podrían ser condenados a penas de prisión de hasta 15 años por «pertenencia a una organización terrorista armada».
Policías y soldados han disparado este martes contra los activistas de la oposición, que han lanzado piedras, quemado ruedas y atacado una oficina del partido gobernante en Kinshasa, la capital del país. También se han vivido escenas de violencia en la ciudad de Lubumbashi. Las manifestaciones han sido reprimidas por una masiva presencia de seguridad, la restricción del acceso a internet y una ola de arrestos. Alrededor de 100 personas han sido detenidas durante las últimas 24 horas, según explican activistas por los derechos humanos. Añaden que otras 110 personas fueron detenidas durante los cuatro días previos al final del mandato.
En un vídeo publicado durante la noche, el líder de la oposición Etienne Tshikedi pide a los congoleños que opongan pacíficamente a un “líder ilegal, ilegítimo”, del que dijo que ha cometido traición al resistirse a dejar el Gobierno.
Reporteros Sin Fronteras «lamenta la siniestra cacería de periodistas» que ha tenido lugar durante este 2016. En 2015, la cifra fue de 101 y, sin embargo, «este descenso no es motivo de alegría, ya que se explica por el hecho de que los periodistas no tuvieron otra opción que huir de los países que se han vuelto demasiado peligrosos: Siria, Irak, Libia, Yemen, Afganistán y Burundi». Para la ONG, «este exilio masivo ha creado agujeros negros de la información en los que reina la impunidad».
Especial relevancia adquiere en el informe el aumento de profesionales encarcelados, sobre todo en Turquía, donde las cifras se han cuadriplicado desde el fallido golpe de Estado de julio. En la actualidad hay más de 100 periodistas y colaboradores de medios de comunicación en las cárceles turcas, de los cuales, «en 41 casos, la detención tiene una relación directa con su trabajo periodístico». «Los excesos autoritarios del presidente Recep Tayyip Erdogan se manifiestan en redadas en medios de comunicación, haciendo así callar a las voces críticas», denuncia RSF. Turquía, China, Irán y Egipto concentran a más de dos tercios de los periodistas encarcelados en el mundo. “La represión de los periodistas en el mundo aumenta a un ritmo frenético», afirma Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras.
Grupos insurgentes han realizado numerosos ataques en Egipto desde 2013, fecha del golpe de Estado protagonizado por el presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Abdul Fatah al-Sisi, que con la ayuda del ejército, derrocó al presidente Mohamed Morsi, primer presidente egipcio elegido en las urnas. La violencia se ha concentrado en el norte de la península del Sinaí, pero en ocasiones ha habido ataques en otras partes del país, incluida la capital, como el de este viernes.
Según la CNN Turca, la policía ha realizado una acción simultánea en 12 provincias en busca de sospechosos entre los cuales hay numerosos profesores y académicos de universidad, además de algún dirigente de un partido opositor minoritario.
Desde la fallido golpe de Estado, 36.000 personas han sido encarceladas y están pendiente de juicio, y más de 100.000 han sido expulsadas o suspendidas de empleo en la administración pública, en el ejército, en la judicatura y otras instituciones como parte de las investigaciones del gobierno de Ankara en relación con el golpe de 15 de julio, en el que más de 240 personas perdieron la vida.
«Nosotros alimentamos a 3,5 millones de refugiados en este país, ustedes no han cumplido sus promesas”, aseguró el mandatario turco en una intervención retransmitida por la cadena CNNTürk. Las promesas a las que se refiere Erdogan se enmarcan dentro del acuerdo pactado en marzo de este año, según el cual Turquía acoge a aquellos refugiados que viajaron ilegalmente hacia las costas europeas. A cambio, la Unión Europea apoyaba económicamente el cuidado de los refugiados, se comprometió a traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones y prometió liberalizar su régimen de visados para viajeros tucos, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. En su discurso, Erdogan recuerdó que la UE «necesita a Turquía» como refuerzo .
El fallido golpe de Estado ocurrido el 15 de julio supuso un punto de inflexión en las relaciones entre la UE y Turquía. Bruselas ha criticado las represalias tomadas por Erdogan en lo que parece una deriva dictatorial que se ha traducido en detenciones sistemáticas. Desde que tuvo lugar el fallido golpe el Gobierno, el mandatario turco ha llevado a cabo más de 110.000 detenciones entre jueces, profesores, policías, militares y funcionarios.
Hemos dejado claro muchas veces que tenemos en cuenta los valores europeos más que muchos países de la UE, pero no vemos un apoyo concreto de nuestros amigos de Occidente…no han cumplido ninguna de sus promesas», ha dicho el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, durante la conferencia de la Organización de Cooperación Islámica (OIC) que se celebra en Estambul.
Más de 125.000 personas, entre militares, juristas, académicos, periodistas y líderes kurdos, han sido detenidos por su presunta relación con el golpe de estado. Una medida que los grupos defensores de los derechos humanos consideran un intento de acabar con las voces disidentes y opositoras.
La Organización de Cooperación de Shanghai (SCO, por sus siglas en inglés) – también conocida como el Pacto de Shanghai – es un bloque económico y de seguridad liderado por Rusia y China, que incluye también a Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Según algunas informaciones, el presidente turco ya habría hablado de esta alianza con Vladimir Putin, líder ruso. Turquía solicitó formalmente ser miembro de la UE en 1987 y las conversaciones de adhesión no comenzaron hasta 2005, a pesar de que las aspiraciones de Ankara de formar parte del bloque se remontan a los años sesenta. Bruselas ha criticado duramente la represión del gobierno turco contra presuntos golpistas, y la purga que se ha sucedido en el país, instando a Ankara a cumplir con los criterios de derechos y libertades. Todo esto ha provocado que las relaciones y negociaciones entre Ankara y Bruselas se enfríen.
Según las declaraciones de Stoltenberg, «algunos oficiales turcos que trabajan en la OTAN han pedido asilo en los países en los que están trabajando y como siempre, los Estados miembros en el ámbito nacional evaluarán y tomarán una decisión sobre cada solicitud». Las autoridades griegas anunciaron al poco tiempo de la intentona golpista que ocho militares turcos huyeron a su país. Atenas rechazó sus solicitudes de asilo.
En unas declaraciones realizadas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Meron ha dicho que Turquía había ignorado sus peticiones para visitar al juez Aydin Sedaf Akay, desde que fue detenido el 21 de septiembre, lo que supone una violación de las independencia judicial de Akay. «La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Legales ha solicitado su liberación y el cese de todas las acusaciones legales contra él», ha explicado Meron. Se cree que esta detención es la primera en la que se viola la inmunidad de un juez de la ONU.
La Asamblea acusa a Maduro de ser culpable de ”una profunda crisis económica, social y política”. El acuerdo aprobado por la Asamblea insta a la comisión designada que investigue si hay cabida para el “abandono de cargo” presidencial y abre el procedimiento para que Maduro aclare su responsabilidad política. La resolución exige asimismo a Maduro que se presente el martes ante la Asamblea para el escrutinio legislativo. Los congresistas también hicieron un llamamiento a la Toma de Venezuela, las protestas callejeras programadas hoy para reclamar la celebración del referéndum revocatorio bloqueado por el gobierno. Mientras los diputados debatían acaloradamente, la Guardia Nacional resguardaba el Palacio Legislativo, asaltado por 300 radicales chavistas el domingo pasado. Los revolucionarios se manifestaron de nuevo en los alrededores, como había ordenado Diosdado Cabello, líder del ala militar. «No nos vamos a dejar tumbar. Si intentan algo contra Nicolás Maduro, responderemos con las mismas armas”, arengaba el Diosdado Cabello.
La embajada turca en Berlín no ha hecho ninguna declaración al respecto y aún no está claro si el Gobierno de Turquía ha pedido la extradición de estos diplomáticos a Alemania, algo que ya ha hecho en el caso de Grecia. Tras el intento de golpe de Estado, más de 32.000 personas han sido detenidas en el país y 100.000 han sido despedidos de puestos de trabajo relacionados con la seguridad a causa de su supuesta relación con la red religiosa que, según el gobierno, causó el golpe del 15 de julio.
El Parlamento de Venezuela se vio obligado a suspender momentáneamente su sesión tras la irrupción de numerosos manifestantes en el hemiciclo. El Acuerdo Para la Restitución del Orden Constitucional en Venezuela, publicado por Julio Borges, jefe de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en su cuenta de Twitter, establece los siguientes puntos: Declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el Gobierno; solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela; formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones competentes en contra de los jueces y rectoras del CNE; designar tres rectores principales y sus suplentes, nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; designar a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, e iniciar un proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia y convocar a la Asamblea Nacional a una sesión especial el martes 25 de octubre.
El 23 de septiembre, el gobierno de Maldivas ya recibió un aviso del Grupo Ministerial de Actuación de la Commonwealth, que le dio seis meses para solucionar algunos temas como la detención de líderes de la oposición, interferencias en el sistema judicial o la desautorización de instituciones democráticas. Era la tercera vez que el país era amenazado con la suspensión parcial o total de la pertenencia a la institución desde que el primer presidente elegido democráticamente, Mohamed Nasheed, fuera forzado a dejar el cargo. Este fue sustituido en 2013 por Abdulla Yameen en unas elecciones que se consideran dudosas.
El ministro de exteriores ha dicho que la Commonwealth se ha centrado en ellos para “incrementar su propia importancia y ventajas en la política internacional”. Una representante de la Iniciativa de Derechos Humanos de la Commonwealth opina que la decisión de expulsar al país del grupo fue “una manera de decir ‘ya no estáis comprometidos con la democracia ni con la ley’”.
Sin embargo, la represión ha suscitado la preocupación entre los grupos de Derechos Humanos y aliados occidentales que temen que Erdogan esté utilizando el fallido golpe de Estado como pretexto para restringir toda oposición e intensificar sus acciones contra simpatizantes kurdos. En este sentido, alrededor de 100.000 personas en el ejército, la administración pública, la policía y el poder judicial ya han sido despedidos o suspendidos, y unas 32.000 han sido detenidas por su supuesta participación en el golpe. El Consejo de Ministros de Turquía ha decido ampliar el estado de emergencia, decretado el pasado 20 de julio, otros 90 días.
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