La creciente resistencia de los microbios a los antibióticos es una amenaza real para el ser humano y para los animales que, sin embargo, no está teniendo respuesta por parte de unos gobiernos y una comunidad científica que parecen estar subestimando sus consecuencias.
En el informe PISA 2015 sobre competencias financieras, presentado hoy, España vuelve a encontrarse por debajo de la media (489), con una puntuación de 469. Este resultado supone 15 puntos menos que en la pasada edición, donde se tenía en cuenta a 13 países y no a 10, como en la presente ocasión, lo que ha provocado que la media global también descienda en 11 puntos.
El Ministerio de Defensa de España, tal y como adelantó la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a las familias en su reunión del 10 de enero de 2017, ha reconocido la responsabilidad patrimonial de la Administración en la tragedia aérea del Yakovlev Yak-42 del 26 de mayo de 2003 en Trabzon, Turquía, en la que murieron 62 militares españoles, 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. En aquel momento la cartera de Defensa la ostentaba Federico Trillo, que ya dimitió el 12 de enero de su puesto de embajador español en Londres. La decisión la anunció en una comparencia sin preguntas, sin pedir perdón y sin hacer una sola mención a las víctimas del accidente.
La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha precipitado en todo el mundo «una cacería de brujas» contra los periodistas, según el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
China volvió a ejecutar en 2016 a más condenados muerte que el resto de países juntos, en un momento en que la pena capital recula en el mundo, ha afirmado Amnistía Internacional, denunciando el «secreto de Estado» de Pekín respecto a las ejecuciones que aplica.
El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, quiere impulsar un nuevo intento diplomático para poner fin al conflicto del Sáhara occidental, a través de un referéndum en este territorio controlado por Marruecos, según un informe que ha hecho llegar al Consejo de Seguridad.
Las personas que viven cerca de árboles y espacios verdes son menos proclives a la obesidad y la dependencia a los antidepresivos, según ha revelado un nuevo informe del Instituto para la Política Ambiental Europea (IEEP, por sus siglas en inglés).
El banco ING ha declarado en su informe anual, publicado la semana pasada, que la fiscalía belga está investigando la entidad por su posible implicación en el blanqueo de capitales y prácticas corruptas que podría acabar con multas considerables.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dado a conocer este martes las líneas generales del nuevo Centro Nacional de Desaparecidos que se pondrá en marcha en los próximos meses, así como el informe estadístico sobre la situación de las personas desaparecidas en España en 2016 y otro sobre 2017, así como las nuevas medidas para coordinar las búsquedas.
La comisión de investigación de la ONU sobre los abusos cometidos en Sudán del Sur, el país más joven del mundo, ha denunciado que se está llevando a cabo un proceso de limpieza étnica, aparte de las atrocidades y vejaciones que se cometen diariamente en el país y que podrían constituir crímenes de guerra. La comisión presentará el próximo 14 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos su último informe, hecho público este lunes y redactado tras dos visitas a Sudán del Sur, en el que se denuncia «que actualmente se desarrolla en el país un proceso de limpieza étnica».
Y es cierto que no tiene muy buena fama entre el gran público este encuentro anual en el que, efectivamente, se congregan altos mandatarios, empresarios, estrategas. Pero hay otras voces que acuden a Davos. Voces que representan a ese público que no se siente representado por el presidente chino o por cualquier otro gobernante. En The Objective queremos poner el acento en esas otras personas, ONGs, grupos o entidades que acuden a Davos un poco como ‘Pepitos Grillo’ que buscan despertar conciencias en torno a problemas reales de personas como cualquiera de nosotros, o de situaciones que no nos dejan indiferentes
Según demuestran las cifras de la agencia, mientras que en Suiza un plato de judías cuesta un 0,41% del salario medio de la población, un ciudadano de Malaui tendría que invertir el 41% de sus ingresos diarios para conseguir alimentarse con el mismo plato, lo que equivaldría a gastar unos 80 euros en Suiza. El economista del PMA Arif Husain ha señalado que «el análisis intenta ilustrar las distorsiones existentes a nivel mundial a la hora de medir el poder adquisitivo de los más ricos y los más pobres en relación con el acceso a los alimentos. Es un recordatorio de que el acceso a alimentos nutritivos de forma asequible para todos debe ser un derecho».
La investigación, elaborada por Tobias Boelter, un investigador en la Universidad de California, muestra que la compañía puede acceder a los mensajes gracias a la peculiar implementación del cifrado de punto a punto. WhatsApp puede generar nuevas claves de cifrado en aquellos usuarios que se encuentran offline, pudiendo descifrar así los mensajes enviados entre dos o más usuarios. Otras alternativas como Signal, las cuales también implementan el sistema de cifrado de punto a punto, no cuentan con esta vulnerabilidad. Este sistema puede ser empleado por los diferentes gobiernos con el fin de interceptar y supervisar a los usuarios, mientras éstos creen que sus conversaciones son privadas y seguras. La compañía, en cambio, ha promocionado sus elevadas medidas de seguridad y privacidad en múltiples ocasiones, pese a la existencia de esta vulnerabilidad. Facebook ha desmentido esta información afirmando que nadie puede interceptar los mensajes enviados mediante WhatsApp, ni siquiera la propia compañía que es además propietaria de la aplicación de mensajería.
«Esta noche tuve la oportunidad de hablar con el presidente electo Donald Trump para discutir los recientes informes de los medios sobre nuestra reunión informativa del viernes pasado», informó Clapper. Los responsables de inteligencia presentaron la semana pasada a Trump, así como al presidente saliente Barack Obama, un resumen de dos páginas relacionado con un supuesto informe de los servicios de inteligencia rusos sobre Trump, del que se hicieron eco varios medios de Estados Unidos, como la CNN o The New York Times, entre otros. «Le expresé mi profunda consternación por la filtración que ha estado apareciendo en la prensa, y ambos coincidimos en que eran corrosivas y dañinas para nuestra seguridad nacional», dice la nota. Sobre la autoría, Clapper dice que «hice hincapié en que este documento no es un producto de la inteligencia de EEUU».
Un furioso Trump había calificado de «falsas» la informaciones y criticó a las agencias de inteligencia de haberlas filtrado, además de negarse a contestar a las preguntas del periodista de la CNN al que acusó de falsear las noticias para perjudicarle. Este jueves, Trump ha publicado un tuit en el que confirma que «James Clapper me llamó ayer para denunciar el falso y ficticio informe que está circulando ilegalmente. Hechos falsos, inventados. ¡Qué lástima!».
Las tensiones entre Trump y los servicios de inteligencia de EEUU tienen su origen en un informe del mes pasado en el que se acusaba al gobierno de Vladimir Putin de haber interferido en las elecciones presidenciales de noviembre para beneficiar al magnate republicano. Trump arremetió ya entonces contra los servicios de inteligencia a los que acusó de incompetentes, si resultaba cierta la información y que provocó un mayor distanciamiento en las relaciones entre la Administración Obama y el Kremlin.
Es cierto que Defensa no les ha pedido perdón. “La palabra perdón no se ha sustanciado pero sí una clara intención de la ministra en esclarecer los hecho en los cuales se produjo una muerte violenta; se ha comprometido a investigar y vamos a confiar». Por primera vez en mucho tiempo, se han sentido reconfortados ante la actitud mostrada por la ministra Cospedal, que «ha escuchado las reflexiones de los familiares y les ha transmitido personalmente su apoyo y el compromiso inquebrantable con el recuerdo y la memoria de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno, y de toda la sociedad española», ha informado el departamento en una nota.
Entre las peticiones que le han hecho está la búsqueda de documentos sobre el Yak 42 que desaparecieron tras el accidente y que ningún ministro de Defensa posterior a Federico Trillo ha sido capaz de encontrar. Cospedal se ha comprometido «a investigar pero no puede garantiza el éxito de esa búsqueda», ha informado la portavoz. «Que se plantee que en un Ministerio de Defensa no quede rastro de 43 vuelos internacionales en los que han volado militares» es algo difícil de creer para las familias de los muertos. Pero Cospedal les ha asegurado que va a «preguntar a todo el que haya tenido que ver con el Yak 42, y se pondrá a buscar esos documento que reclamamos desde hace 14 años por tierra mar y aire».
“Nos dan igual las indemnizaciones”. Lo que quieren, han recordado, es que el Gobierno admita que hubo errores, que los militares avisaron del mal estado del avión y que no se impidió que volaran. “Si Defensa asume que se podía haber evitado el accidente, para las familias es oro moral y para España es limpieza”, subrayó uno de los asistentes. “Murieron por subir a un avión ilegal», añadió la portavoz. “Fueron a dar su vida por España y ahora es el turno de que España les responda con verdad, dignidad y justicia».
Un portavoz del ejército dijo a la agencia Reuters que la acusación de Amnistía, la última de una serie de denuncias llevadas a cabo en el marco de una campaña de la organización contra los militares nigerianos en el último año, con intención de manchar la reputación de las fuerzas de seguridad». También la policía ha asegurado que no ha disparado contra ninguna persona que estuviera participando en manifestaciones.
“Asesinatos ilegales de hombres jóvenes y aterrorizar a sus familiares para que guarden silencio, parece ser la alternativa a una investigación adecuada de los crímenes. Durante las dos últimas décadas, el plan de lucha contra el crimen basado en ‘la violencia se combate con violencia’, no sólo es cortoplacista sino que además de se ha demostrado ineficaz para ir a la raíz de las causas de la violencia”.
Jamaica tiene desde hace tiempo una de las mayores tasas de criminalidad del mundo. Sólo en 2015 se produjeron 43 asesinatos por 100.000 habitantes. El 8% de ellos fueron a manos de miembros de las fuerzas del orden. Desde el año 2000 sus miembros han sido acusados de la muerte de más de 3.000 personas, la mayoría hombres jóvenes residentes en zonas marginales. A pesar de la demostrada participación de la policía en esos crímenes, según Amnistía Internacional, sólo un puñado de ellos han sido condenados por asesinato desde entonces.
Miles de personas se han visto obligadas a establecerse en campamentos de refugiados en Grecia, Irak, la isla de Nauru o la frontera entre Siria y Jordania, mientras que buena parte de los refugiados sufren un hostigamiento cada vez mayor por parte de los gobiernos en países como Kenia y Pakistán. En su comunicado de prensa, la organización declara que el informe tiene como fin ofrecer una solución práctica y equitativa a la crisis, basada en un sistema que emplea criterios objetivos y pertinentes para establecer la cuota justa que cada Estado debería aceptar para ofrecer cada año un hogar al 10% de la población refugiada mundial. Salil Shettys, Secretario General de Amnistía Internacional ha declarado que “sólo 10 de los 193 países del mundo albergan a más de la mitad de las personas refugiadas. Unos pocos países se ven obligados a hacer mucho más de lo que les corresponde, sencillamente, por su proximidad a zonas de crisis. Esta situación es intrínsecamente insostenible y aboca a un sufrimiento y miseria intolerables a los millones de personas que huyen de la guerra y la persecución en países como Siria, Sudán del Sur, Afganistán e Irak (…) Es hora de que los líderes entablen un debate serio y constructivo sobre el modo en que nuestra sociedad ayudará a las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la guerra y la persecución. Deben aclarar por qué el mundo rescata bancos, desarrolla nuevas tecnologías y participa en guerras, pero es incapaz de ofrecer un hogar seguro a 21 millones de personas refugiadas, que representan sólo el 0,3 % de la población mundial.”
Los resultados del informe confirman los hechos denunciados, entre otros, en el informe de Amnistía Internacional, donde se afirmaba que el Ejército nigeriano fue el responsable de la matanza de cerca de 350 musulmanes chiíes durante tres días de enfrentamientos en la ciudad norteña de Zaria. Netsanet Belay, perteneciente a dicha organización relataba que «sólo ahora está saliendo a la luz el verdadero horror de lo sucedido durante esos dos días en Zaria. Los cadáveres cubrían las calles y quedaban apilados fuera de la morgue. Algunos fueron quemados vivos». El informe judicial confirma los hechos ocurridos en Diciembre de 2015, mencionando que «el ejército de Nigeria utilizó fuerza excesiva. Por consiguiente, la Comisión recomienda que se tomen medidas de inmediato para identificar a los miembros del Ejército nigeriano que participó en los asesinatos para que puedan ser juzgados». Nigeria, el país más poblado de África, tiene cerca de 180 millones de personas, incluyendo varios miles de chiíes cuyo movimiento se inspira en la revolución islámica de Irán. La mayoría de las decenas de millones de musulmanes de Nigeria son suníes, incluyendo los yihadistas de Boko Haram que han matado a miles de bombas y tiroteos principalmente en el noreste desde 2009. Los chiíes asesinados por el Ejército en Zaria no tenía vínculos con la organización, y fueron asesinados por su supuesta pertenencia al Movimiento Islámico de Nigeria, grupo acusado de la muerte del militar Tukur Burata, aunque éstos negaron tajantemente su culpabilidad. Según apuntan los hechos, los 349 chiíes musulmanes asesinados por el Ejército nigeriano eran inocentes de cualquier delito, y hasta ahora, los culpables permanecen impunes.
El documento de la Agencia europea concluye que el equipo que participó en la investigación de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) «no garantizó la independencia» de la misma; que «el énfasis del informe de la CIAF se centró en la causa directa (un error humano) y no ofreció ninguna respuesta a cuestiones esenciales sobre el origen de las causas»; que la ausencia de preguntas tiene que ver con la composición del equipo investigador (como Renfe y Adif)». El informe añade que «el equipo investigador no cumplió con las exigencias de independencia que establece la Directiva de la Agencia de Seguridad Ferroviaria» y, por tanto, «la obligación de investigar el accidente no se ha realizado de forma correcta».
La Agencia Europea entiende que, «dada la gravedad del accidente», debería hacerse una nueva investigación independiente, para lo cual, ofrece la participación de expertos propios en la misma. El Gobierno del PP siempre ha aceptado como válido el informe de la Comisión en el que se achacó el accidente a un error humano cometido por el maquinista del tren siniestrado, a pesar de las denuncias y avisos que Adif y Renfe conocían sobre la peligrosidad de la curva en la que descarriló el Alvia en 2013 y la falta de mecanismos de seguridad. Ahora, la UE cuestiona las conclusiones oficiales españolas en este demoledor informe.
En su opinión, está claro que los conflictos sin resolver en muchos países están en el origen del alto precio pagado por periodistas que trabajan para informar al público en general sobre lo que está ocurriendo.
Afganistán ha sido el país más peligroso para realizar el trabajo periodístico con 10 reporteros muertos; le sigue Siria, con nueve periodistas asesinados. En tercer lugar, aparece México con ocho muertos, después Irak y Yemen con siete, cada uno. Cinco periodistas fueron asesinados en Guatemala, y cuatro en India, Pakistán, Turquía (donde dos reporteros sirios fueron asesinados por ISIS). Dos periodistas murieron en Filipinas, otros dos en Rusia, al igual que en El Salvador durante los seis primeros meses de 2016. Los países en los que ha perdido la vida un periodista durante este periodo de tiempo son Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Guinea, Honduras, Libia, Serbia, Estados Unidos, Somalia y Venezuela.
El PEC condena de forma absoluta estos ataques y hace un llamamiento a los gobiernos para que asuman sus obligaciones y lleven a los autores de estos crímenes ante la Justicia.