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Forcadell admite que desobedeció al Constitucional

«Cumplí mis obligaciones como presidenta del Parlament», defiende la expresidenta del Parlament

Forcadell admite que desobedeció al Constitucional

La expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell ha negado ante el Tribunal Supremo haber participado «en ninguna estrategia hacia la independencia», según ha declarado esta tarde durante su comparecencia en el juicio del procés. «Cumplí mis obligaciones como presidenta del Parlament», ha dicho. No obstante, sí ha reconocido que no atendió las advertencias del Tribunal Constitucional ni de los letrados de la cámara catalana respecto al 1-O «para no censurar el debate parlamentario».

Forcadell ha reconocido que es al Constitucional a quien corresponde interpretar la Constitución, no a ella, pero considera que, «en los últimos años», ha sufrido un proceso de politización. «Ha utilizado criterios políticos en lugar de jurídicos», ha dicho a las preguntas de la fiscal, Consuelo Madrigal. «En ningún momento ningún miembro de la Mesa [del Parlament] ha pretendido vulnerar los mandatos del Tribunal Constitucional», ha dicho.

Aunque sobre Forcadell pesa una acusación de rebelión de la Fiscalía, de hasta 17 años de prisión, su interrogatorio ante Madrigal ha estado protagonizado por su rol como máxima representante del Parlament a la hora de tramitar iniciativas que ignoraban al Constitucional (actuación más cercana a una desobediencia), más que por alusiones a la violencia, que marcan el tipo de la rebelión. Forcadell ha dicho que su prioridad era «favorecer el debate» y «no permitir que entre la censura en el Parlament». «El TC nos estaba pidiendo una cosa que es imposible. ¿Cómo puede convertirse la Mesa del Parlament en un órgano censor, que decida de lo que se puede hablar y de lo que no?», ha dicho la acusada, quien en todo momento ha limitado sus competencias a un papel de arbitraje frente a la soberanía de la cámara catalana.

Forcadell, en prisión desde marzo, ha justificado que no suspendió el polémico pleno del 6 y 7 de septiembre -que aprobó las denominadas leyes de ruptura– por respeto a la oposición, cuando precisamente los grupos no independentistas la acusan de pisotear sus derechos como diputados.

De la misma forma, la expresidenta del Parlament se ha adherido al pensamiento unánime del resto de acusados de que la declaración de independencia carece de consecuencias jurídicas pues el preámbulo de la resolución del 27-O, que aludía a la declaración unilateral de independencia, no se votó, solo se leyó.

Forcadell lleva el procés a Estrasburgo

La defensa de la expresidenta del Parlament ha presentado una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra su situación de prisión provisional, con lo que se convierte en la primera de los acusados por el «procés» que lleva su caso a Estrasburgo.

Según han informado fuentes jurídicas, la defensa de Forcadell ha presentado su demanda al TEDH, cuando el TC no ha resuelto todavía sobre su recurso contra su ingreso en prisión preventiva, pese a que la ley exige agotar la vía judicial interna para acudir a la justicia europea.

Hasta ahora, las defensas de los encausados por el procés no han podido acudir al Tribunal de Estrasburgo, dado que el Constitucional aún no ha resuelto sobre los recursos que presentaron, principalmente sobre su ingreso en prisión provisional y la suspensión de los diputados procesados.

El pasado septiembre, el Tribunal Constitucional resolvió denegar la suspensión cautelar de la medida de prisión provisional de Forcadell, pero a la espera de resolver en sentencia sobre el fondo de la cuestión. La defensa de Forcadell, sin embargo, considera que al pronunciarse cautelarmente sobre la prisión de la expresidenta del Parlament, el TC ya lo ha hecho sobre el fondo del asunto, lo que cree que abre la puerta a poder presentar demanda a Estrasburgo sin esperar a que el alto tribunal dicte sentencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo debe decidir ahora si admite la demanda presentada por Forcadell, de acuerdo con su argumento de que la vía judicial interna está agotada en el caso de su prisión provisional.

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