La Fiscalía pide prisión incondicional para Forcadell y otros tres miembros de la Mesa del Parlament

La Fiscalía ha pedido este jueves prisión incondicional para la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y para los miembros de la Mesa del hemiciclo Anna Simó, Lluís Corominas y Lluís Guinó. Para Ramona Barrufet, miembro de la Mesa, pide prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros y para Joan Josep Nuet pide libertad condicional, informan varios medios. La Fiscalía ha tomado esa decisión después de que los seis declararan esta mañana en el Tribunal Supremo ante el juez Pablo Llarena.

Durante su comparecencia, Forcadell ha asegurado que la declaración unilateral de independencia de Cataluña tenía «carácter simbólico», informa Efe. Además, ha acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según la misma fuente. Tanto Forcadell como los miembros de la Mesa de la Cámara juzgados han declarado por delitos de rebelión, sedición y malversación, al amparar la declaración de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre. Su comparecencia se produce después de que este miércoles el Tribunal Constitucional (TC) anulara la declaración de independencia y denunciara por desobediencia a sus sentencias a Forcadell y a los miembros de la Mesa que permitieron aprobar las leyes secesionistas. Apenas unos días antes la Audiencia Nacional tomó la decisión de enviar a prisión a nueve exconsellers acusados de rebelión, de los que uno de ellos, Santi Vila, ya se encuentra en libertad tras pagar la fianza correspondiente.

La comparecencia de los seis investigados ante el magistrado Pablo Llarena ha comenzado a las 09:30 horas, después de un aplazamiento de una semana, solicitado por los diputados catalanes con el fin de tener tiempo para preparar sus defensas. El delito de rebelión, el más grave por el que se investiga a los parlamentarios tras la denuncia de la Fiscalía, conlleva hasta treinta años de cárcel, según la Justicia española.

La Fiscalía les acusa de persistir «en su conducta de radical oposición a la Constitución» y de desoír las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara para admitir a trámite las leyes «siendo plenamente conscientes de su palmaria y evidente inconstitucionalidad». Y cree que el «fin último de todos sus actos» era la declaración secesionista y que éstos finalmente «permitieron culminar todo el proceso para proclamar la independencia de Cataluña».

Además de las medidas cautelares que pueda decidir este jueves el juez Llarena, hay una segunda cuestión que debe dilucidarse en este proceso, aunque no sea de manera inmediata, la posibilidad de que el Tribunal Supremo reclame para sí parte o todo este caso del secesionismo catalán, lo que podría afectar a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los políticos catalanes.

A su llegada al Tribunal Supremo han sido recibidos con gritos de «no estáis solos» y otros de «Viva España y «al trullo», por parte de la multitud que se ha concentrado ante la entrada del Tribunal. Se ha vivido un momento de tensión con un pequeño grupo de personas que ha lanzado proclamas por la unidad de España y ha desplegado banderas de España. Finalmente ha sido escoltado fuera de la zona por la Policía Nacional, informa EFE.

Más de un centenar de diputados, senadores, dirigentes y militantes de base de ERC, la CUP y el PDeCAT han aguardado a las puertas del Tribunal Supremo la llegada de Carme Forcadell y los otros cinco miembros de la Mesa. El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha asegurado a la prensa desde la puerta del Supremo que están allí «apoyando a toda la mesa, especialmente a Nuet», y que denuncian que «esto no puede tener una solución penal».

Forcadell, como presidenta del Parlamento catalán, permitió el pasado día 27 de octubre que la Cámara regional aprobara una declaración unilateral de independencia, pese a las advertencias de los letrados acerca de su ilegalidad. También consintió con anterioridad la aprobación de otras leyes para poner en marcha la secesión, como la ley de referéndum, con la que el Gobierno catalán convocó la consulta independentista del 1 de octubre, o la llamada ley de transitoriedad, que pretendía convertir a Cataluña en una república.

Por su parte, Amnistía Internacional subrayó este miércoles que no se puede denominar como «presos de conciencia» ni como «presos políticos» ni a los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ni tampoco a los exconsellers que se encuentran también en prisión.